Rodney Piedra, director del Parque Nacional Marino Las Baulas (PNMLB) desde 1997, mueve su silla hacia un archivero en la estación de guardaparques y regresa con una pequeña pila de carpetas. Cada una contiene el expediente de una finca comprada por el Estado en esta área de conservación.
Han aumentado en los últimos años, dice Piedra, pero todavía son insuficientes. De hecho, aún hay entre 250 y 300 hectáreas de propiedad privadas dentro de los linderos.
“Es un Parque que ha costado mucho consolidar”, explica el funcionario.
El caso del PNMLB –que conserva las playas Grande, Ventana y Langosta en la costa pacífica para la protección de tortugas baula– se replica en todo el país: de los 28 Parques Nacionales (PN) y las 8 Reservas Biológicas (RB) solo 10 están completamente en manos del Sinac (vea cuadro adjunto).
Según una estimación realizada en 2015 por el Departamento Información y Regularización Territoritorial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Estado debe cerca de ¢962.000 millones a particulares, por 48.898 hectáreas de propiedad privada dentro de los PN y las RB (cerca de 7% de las tierras del Sinac).
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Vera Montero, Coordinadora de Patrimonio Natural del Estado del Sinac” icon_quote=”no”]
A como vamos, si fuera todo lo que tuviéramos que pagar, estamos hablando que son varias generaciones que verían la consolidación de los Parques”.
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Este monto equivale a 3,4% del Producto Interno Bruto del 2015, según los datos oficiales del Banco Central.
“Es uno de los problemas más serios y más difíciles de resolver”, apunta el director del Sinac, Julio Jurado, aunque señala que es necesario “precisar” mejor la cifra.
La mayoría de ese monto corresponde al pago de propiedad privada dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, donde el Sinac estima que debe pagar ¢859.000 millones por 305 hectáreas (aunque el Plan de Manejo del Parque señala que solo hay 242,38 hectáreas por comprar).
Este monto –tanto el nacional como el correspondiente al PNMLB– debe analizarse con algo de reserva.
Por ejemplo, el valor que el Sinac utilizó para hacer la estimación en Las Baulas es de ¢281.515 por metro cuadrado (unos $515) y varios funcionarios del propio Sistema consultados para este reportaje consideran que podría estar sobreestimado.
Por otro lado, en el Parque Nacional Chirripó se valoró en ¢5 cada metro cuadrado. Allí faltan 518 hectáreas por comprar.
Estas imprecisiones administrativas en la valoración de tierras las había advertido, hace seis años, la Contraloría General de la República (CGR) en su informe DFOE-PGAA-IF-3-2010. (https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2010/SIGYD_D_2010002768.pdf)
Allí, el órgano contralor señaló “debilidades de tipo técnico en los avalúos administrativos, presentándose diferencias de hasta un 500% en los precios de avalúos realizados a un mismo terreno o terrenos con condiciones similares entre dos períodos relativamente cortos”.
El propio Jurado reconoce que “el problema en Costa Rica es que no hay criterios uniformes para valorar los bienes inmuebles; muchas veces se manejan cifras muy distintas según quien haga el peritazgo. Pueden haber precios muy inflados”.
De todas maneras, el monto es astronómico. Utilizando el valor más optimista en Las Baulas –unos $80 por metro cuadrado, que según Piedra fue el monto que pagó una organización no gubernamental que compró un terreno y lo donó al Estado–, la deuda del Sinac alcanza ¢224.000 millones.
¿Ponemos ese monto en contexto? Es más de cuatro veces el presupuesto de todo el sector ambiente para el 2015, casi siete veces el presupuesto anual del Sinac o 224 veces el monto que el Estado destina cada año para pagar esta deuda.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Lenín Corrales, biólogo y coordinador del capítulo ambiental del Estado de la Nación.” icon_quote=”no”]
“Hay que plantear que el país tiene que hacer un alto en el camino y discutir el tema. No debería tratarse como se ha hecho todos estos años, donde solo aceptamos que debemos plata y se engrosa la deuda”.
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“El Sinac destina 1.000 millones al año para estos pagos, es muy poquito para la deuda”, apunta Jurado.
El director es uno de los funcionarios que considera abultada la estimación inicial y asegura que como parte del esfuerzo para precisar la cifra reforzó el Departamento Información y Regularización Territoritorial (DIRT). Con esto espera afinar la información, pero confiesa que su presupuesto no puede afrontar la deuda por sí misma.
“Ese es el esfuerzo que estamos tratando de hacer, pero siempre va a quedar una cifra bastante alta y es un tema que supera al Sinac. Debe ser enfrentado por el Estado costarricense en su conjunto”, dice Jurado.
Sin recursos adicionales, ni siquiera los nietos de nuestros nietos verán las áreas de conservación en manos del Estado.
Los planes de pago
“Es un problema muy viejo que se viene arrastrando hace muchos años y producto de haber creado áreas silvestres protegidas sin tomar en cuenta que una vez que se crean, donde hay propiedad privada hay que indemnizar y pagar”, explica Jurado.
Para intentar ordenar este caos presupuestario, el Sinac intenta organizar una priorización de cuáles áreas de conservación deberían pagarse antes (de nuevo, todo con los ¢1.000 millones anuales).
Para este listado, se toman en cuenta elementos como la antigüedad de la deuda y el valor del terreno en términos de conservación y servicios ecosistémicos.
Sin embargo, los planes no siempre funcionan, pues existen fallos judiciales que el Estado debe honrar de manera prioritaria.
Uno de esos casos fue el largo arbitraje internacional entablado contra Costa Rica por dos ciudadanos alemanes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por una propiedad ubicada en playa Grande, dentro del los linderos de Las Baulas. (http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita1055.pdf)
En 2012, esta instancia internacional ordenó al Estado pagar $3,1 millones por una franja de 7.500 metros cuadrados que expropió, lo que representa cerca de $413 por metro cuadrado (los extranjeros habían solicitado un pago total de $5,19 millones, que el Ciadi consideró excesivo).
“Cuando se dan esos casos, las prioridades de pago del Sinac se trastocan. Usted puede hacer la prioridad por antigüedad o por valor de conservación, pero cuando hay una resolución internacional tiene que pagar eso”, explica Jurado.
(Si alguien tiene curiosidad, con estos valores por metro cuadrado la deuda nacional alcanza otra vez los ¢804.000 millones, más que el costo del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón).
Lo mismo ocurre con fallos judiciales locales, particularmente en Las Baulas. Cuando la CGR realizó su estudio en 2010, encontró 64 casos en proceso de expropiación y ordenó detener las compras.
Desde entonces, el Área de Conservación Tempisque, donde se ubica el PNMLB, preparó un documento de priorización de compra de terrenos siguiendo las indicaciones de la Contraloría.
Este documento determina seis niveles de urgencia para el pago de terrenos y prioriza compras en las zonas donde desovan la mayor cantidad de baulas y en donde no existen casas ni hoteles. Estos se ubican en el sector sur de Playa Grande.
De todas las propiedades que hay dentro de los linderos del Parque, 32 cuentan con casas y dos tienen hoteles. Estos son la última prioridad de compra en esta área de conservación, porque estos terrenos tienen el valor más elevado.
Sin embargo, 24 de los terrenos en proceso habían avanzado a vía judicial y no fueron congelados. De resolverse, estos casos trastocarían también el orden de compra de los terrenos dentro de este Parque Nacional.
Pero también hay otro foco de urgencia: hasta que el Estado no compre estos terrenos, su influencia –tanto en Las Baulas como en el resto del país– es limitada. ¿Por qué? Porque así está estipulado en la Ley Orgánica del Ambiente.
En su artículo 37, esta ley indica que las propiedades privadas “quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente”.
Así, si bien estas tierras están sujetas a algunos lineamientos generales por estar dentro de las áreas protegidas, el impacto del Sinac es relativamente limitado.
“Quisiera un marco legal que me permita trabajar con la gente y un mecanismo para expropiar lo que sea técnicamente importante para la conservación”, explica Marín, para quien la consolidación del parque es prioritaria pero reconoce que no es realista en el clima político actual.
Las opciones
Ante una deuda que alcanza los cientos de miles de millones de colones, el presupuesto ordinario y la partida que anualmente el Sinac destina al pago de tierras se queda corto. Por eso, en la última década han aflorado una serie de propuestas para superar la encrucijada.
Una alternativa que valoró el exministro de Ambiente Jorge Rodríguez en 2009 fue cambiarle la categoría al Parque Nacional Marino Las Baulas.
Por ley, el Estado debe “consolidar” todos los Parques Nacionales y las Reservas Biológicas, los dos niveles más rigurosos de conservación. Esto significa que, a diferencia de otras figuras, la totalidad de las tierras debe estar en manos del Sinac.
El proyecto pretendía reducir el área de protección de 125 a 50 metros en las playas Grande y Ventanas, para así evitar el pago de lotes por concepto de expropiaciones. Finalmente el proyecto no prosperó y fue archivado en 2013.
Esta opción no es considerada viable por las autoridades del Sinac. “El Estado tiene que garantizar que no haya una afectación al patrimonio natural. ¿Cómo se puede garantizar? Consolidando el parque. Esa es la única manera”, expuso Piedra, director de Las Baulas.
Otra opción era buscar ingresos frescos. En 2011 el exdiputado José María Villalta presentó un proyecto de ley (18.251) para nutrir de nuevos recursos al Sistema.
La propuesta del congresista era asignarle al Sinac parte de los ingresos por el impuesto por cada boleto de avión comprado en el exterior (cerca de $15 por persona) y que actualmente recibe íntegramente el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
“Pretendemos dotar de una vez por todas a los parques nacionales de Costa Rica de una fuente de financiamiento segura y estable que garantice la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, su consolidación como Patrimonio de la Nación”, apunta el texto base del proyecto.
Villalta se amparó en que el ICT tenía superávit para plantear que el 50% de los ingresos fueran al Sinac. El proyecto avanzó en la corriente legislativa y actualmente espera un texto sustitutivo en la Comisión de Ambiente.
De prosperar, el Sinac recibiría unos ¢4.500 millones extra para el pago de tierras, que si bien engrosaría su presupuesto todavía quedaría corto para hacer frente a las deudas.
“Hay que plantear que el país tiene que hacer un alto en el camino y discutir el tema. No debería tratarse como se ha hecho todos estos años, donde solo aceptamos que debemos plata y se engrosa la deuda”, explica Lenín Corrales, biólogo y coordinador del capítulo ambiental del Estado de la Nación.
Estas deudas que tiene el Sinac en el tema de tierras no existen en el vacío, sino que se enmarcan dentro de una complicada gestión financiera de las áreas de conservación, que urge más personal, equipo e infraestructura.
“Solo administrar las áreas silvestres protegidas es administrar 26% del país y tenemos 1.100 funcionarios. De esos hay como 350 guardaparques. Son muy pocos funcionarios para muchas responsabilidades”, explica el director Jurado.
De los ¢34.000 millones que presupuestó el Sinac para gastar en el 2016, solo ¢22.000 millones vinieron de transferencias del gobierno Central y otros ¢1.600 de ingresos tributarios. El resto tuvo que financiarlo el Sistema por el ingreso de visitantes en sus áreas de conservación y la venta de servicios. (http://www.sinac.go.cr/documentacion/Transparencia/Presupuesto%20Institucional%202016/PRESUPUESTO%202016%20(30%20SET%202015)%20FINAL.pdf).
Por eso, los caminos hacia la consolidación de los Parques Nacionales y las Reservas Biológicas deberán pasar en gran medida por la creatividad financiera de las autoridades.
Rodney Piedra, sentado en una estación de guardaparques que hace meses no tiene aire acondicionado, sostiene en su regazo la pila de expedientes de territorios que ha comprado el Sinac en el Parque Nacional Marino las Baulas.
El funcionario sueña con una estructura de captación de recursos, como hacen las organizaciones no gubernamentales que dedican personal y tiempo a la búsqueda de fondos. Eso le gustaría, confiesa, con la mano puesta sobre las carpetas en su regazo.
“Ojalá en unos años, esto sea una torre el doble de grande”. Por el momento, si los pagos continúan al ritmo actual de 1.000 millones al año y la estimación del Sinac es correcta, el país tardará otros 962 años en honrar su deuda por los parques nacionales.
