País

Costa Rica gana arbitraje internacional interpuesto por dueño de Ibérico

Empresario pretendía una indemnización por cierre temporal de planta procesadora de más de $100 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló a favor de Costa Rica y con ello dio al traste con la intención del empresario Alejandro Díaz Gaspar, representante legal de la empresa Ibérico, de cobrar al Estado $101 millones.

La información trascendió mediante un comunicado en que autoridades de los ministerios de Comercio Exterior (Comex), Salud, Agricultura y Ganadería (MAG) y Ambiente y Energía (Minae) celebraron el resultado en que se rechazó la totalidad de los reclamos hechos por el empresario.

El caso se remonta a 2016 cuando las autoridades cerraron por cinco días una planta procesadora de pollo de la empresa en Grecia de Alajuela, cuando el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) procedieron tras recibir “numerosas denuncias por malos olores y un funcionamiento deficiente de su sistema de tratamiento de aguas residuales”.

Vecinos de Grecia molestos con mal olor que produce planta avícola

El reclamo del empresario Díaz Gaspar ante el CIADI se amparó en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Costa Rica y el Reino de España, bajo el cual alegó que se dieron “supuestas actuaciones arbitrarias”.

Sin embargo, el tribunal arbitral rechazó de forma unánime la demanda en todos sus extremos y determinó que aunque hubo “algunas inconsistencias en la actuación del Estado costarricense”, pero el empresario en efecto tuvo acceso efectivo a la justicia y con ello pudo continuar la operación de su planta, “lo cual significa que el país no incumplió sus obligaciones adquiridas en el acuerdo de inversión aplicable”.

También se estableció que no se dio ninguna discriminación basada en la nacionalidad del empresario ni se comprobó que la quiebra de la empresa haya sido un resultado directo del cierre temporal de la planta.

El Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, destacó que esta decisión es importante desde el punto de vista de atraer de inversión al país.

“En la competencia feroz que afrontamos a la hora de atraer inversión y empleo para nuestros ciudadanos, Costa Rica se diferencia por ser un país respetuoso del Estado de Derecho, de seguir el debido proceso y respetar los derechos de todos, incluyendo los inversionistas. Este resultado también confirma que los tratados que negociamos y nuestro trabajo para resguardar la seguridad jurídica de las inversiones, son de mutuo beneficio para los inversionistas y para el país y sus habitantes”, dijo el funcionario.

El equipo que tuvo a cargo la defensa de este caso estuvo liderado por el Comex e integró a personas funcionarias del Ministerio de Salud, del Minae -específicamente Setena-, del MAG, en particular de Senasa y de la Municipalidad de Grecia, así como peritos en los campos del derecho administrativo y finanzas, y la firma legal internacional Squire Patton Boggs.

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