Al margen de las discusiones sobre la necesidad de mantener la prohibición a la minería industrial metálica en el país, la realidad es que en la última década Costa Rica ha exportado más de $280 millones de oro bajo diferentes presentaciones, sin que el Estado perciba un centavo.
Gerardo Bolaños, director General de Aduanas, confirmó a UNIVERSIDAD a través del departamento de prensa del Ministerio de Hacienda, que las exportaciones de ese metal no pagan impuestos, un detalle fundamental que ha sido obviado en la discusión que en la Asamblea Legislativa legisladores y legisladoras de diversas bancadas, principalmente Liberación Nacional (PLN), han planteado respecto de la necesidad de reabrir el país a la peligrosa actividad de la minería industrial, a propósito del caso de la explotación ilegal desarrollada en Crucitas de San Carlos.
Se ha dicho que la acción de grupos organizados para extraer oro en ese sitio ha robado yacimientos del metal por un costo que se ha situado entre $60 millones y $190 millones según diversas estimaciones, y en muchos casos se ha vendido la idea de que esas cifras representan lo que el país dejó de percibir por mantener la actividad prohibida.
Sin embargo y como ya ha sido ampliamente reportado por UNIVERSIDAD, las empresas que eventualmente se dediquen a esa actividad no dejarían más que el pago de un canon del 2% sobre sus utilidades. Pero la desproporción entre los riesgos de la actividad que implica el uso de cianuro y las ganancias que dejaría al erario público es aún mayor, ante la realidad de que el oro exportado no genera pago de impuestos.
Millones sin controles
Según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), accesibles en el sitio del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), la suma de oro vendido desde Costa Rica entre 2010 y agosto del 2020 asciende a $285.574.070.
Por otra parte, de acuerdo con información aportada por Bolaños, las importaciones del metal se tasan según su presentación, de manera que la joyería paga 29,35% en impuestos, el oro en bruto 19,78% y metal común enchapado en oro un 24,3%.
De acuerdo con datos que se le solicitaron, entre 2015 y 2019 por concepto de esos impuestos a las importaciones de oro el país recibió en cuatro años ¢9.478.194.989,9.
El abogado ambientalista Álvaro Sagot, al conocer los datos, expresó que el país vive un “corto circuito” respecto de la polémica sobre la conveniencia de abrirse de nuevo a la actividad, pues “se achaca que el oro de Crucitas es robado, hurtado, para sacarlo a Nicaragua, sea en bruto o procesado con mercurio”; pero “pareciera con esos datos obtenidos desde lo institucional, que no solo hemos fallado con controlar el ingreso de mercurio y migrantes, sino que el error serísimo es que nuestra institucionalidad y nuestra normativa no hacen lo necesario para generar ingresos para el Estado por el oro que sale de manera legal”.
Sagot dijo que se precisa un “análisis completo que no existe” sobre las vías legales e ilegales por las que el oro sale del país, pero recordó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) “ha señalado que existe una mafia que coordina sacar el oro aprovechando nuestras falencias normativas”.
Añadió que “los diputados en vez de buscar abrir el país a la minería deberían establecer controles más estrictos a nivel nacional, para no sentirnos tan burlados con esas cantidades de oro que han salido por nuestras fronteras en aviones y con base legal”.
CIFRAS DE EXPORTACIÓN SON “INVEROSÍMILES”
Entre el 2011 y agosto del 2020 Costa Rica exportó 3.720.196,60 kilogramos (3.720 toneladas) de oro, de la partida arancelaria 7108 (oro, incluyendo oro platinado, en bruto, semilabrado, o en polvo), según estadísticas del Ministerio de Hacienda.
Esas cifras fueron dadas a conocer esta semana por el diputado independiente Dragos Dolanescu, quien cuestionó que era imposible que esta cantidad de oro hubiera sido minada del subsuelo costarricense, de acuerdo con la información disponible sobre los yacimientos del país y sobre el oro que se está extrayendo actualmente.
El congresista considera que es preocupante que nadie haya notado que las cifras de exportaciones de oro sean inverosímiles. “Hay tres posibles explicaciones: que desde Hacienda se esté interpretando mal y que durante todos estos años se han estado registrando datos erróneos, lo cual es muy grave; que sea un lavado de dinero y que se haya estado usando Costa Rica para eso; o que sea oro extranjero”, dijo Dolanescu a UNIVERSIDAD.
Además, dijo que “el valor declarado del oro exportado es muy inferior al valor de mercado durante el periodo estudiado”.
Según las cifras de Hacienda divulgadas por el diputado, el valor declarado por la cantidad exportada de 2011 a 2020 es de $264 millones. Pero si se toma el dato exportado de 2011 a 2020, de 3.720.196,60 kilogramos, y se multiplica por el valor de la onza troy (medida estándar para la unidad de venta de oro) que es de un promedio de $1.552 por onza troy, el valor promedio de las exportaciones reportadas ante Hacienda sería de $186.000 millones.
Ya desde 2016 la Dirección de Gestión en Calidad Ambiental (Digeca) del Ministerio de Ambiente (Minae) había advertido sobre el aumento en las cifras de exportación de toneladas de oro.
“Dichas cantidades parecieran elevadas para un país como Costa Rica, donde la actividad minera que se desarrolla es de carácter artesanal”, se registra en el documento “Análisis Socioeconómico: Minería de Oro Artesanal”. Y recomendó una alianza entre Minae y Procomer para verificar las estadísticas.
El oro, ¿de Abangares?
Durante el cierre de edición, la Comisión de Guanacaste de la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto 21.229, que busca abrir vías para la mayor explotación y comercialización del oro del cantón de Abangares.
El texto permite la explotación de oro durante 18 meses a cooperativas de vecinos que solo tengan tramitada una solicitud de concesión. “Por el mismo plazo, estas cooperativas y la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares (Uncada) podrán comercializar el oro con personas físicas o jurídicas”.
También establece que durante ese plazo, las personas físicas y jurídicas y la Uncada que compren el oro “podrán exportarlo” y se les exime de requisitos del Reglamento al Código de Minería. Solo deben entregar una declaración jurada en la que conste que “el material proviene únicamente del cantón de Abangares, del área concesionada, o del área solicitada en concesión”, y las características del producto exportado, país de destino, medio de transporte y “estimación de valor comercial”.
El abogado Sagot consideró que “hacer depender todo” de una declaración jurada “es un relajo y una barbaridad”. Añadió que “es hasta ofensivo a la inteligencia, la trazabilidad debe ser demostrada con otros instrumentos y no con cuestiones tan facilonas que permiten mantener el abuso”.
También señaló que “avalar esto va en contra del convenio de Minamata que obliga al Estado a eliminar el uso del mercurio dentro de cualquier tipo de proceso de oro”.
Cabe recordar que el 20 de agosto el OIJ realizó un amplio operativo en el que entre las personas detenidas figuran algunas de Abangares, por supuesto trasiego con oro de Crucitas.
