País Estudio sobre el país

Costa Rica es un país caro y con baja productividad, afirma OCDE

Una “competencia débil tiende a traducirse en precios relativamente altos de bienes para los consumidores y de insumos para las empresas”, afirma la organización.

Una canasta básica de bienes y servicios cuesta significativamente más en Costa Rica que en los países vecinos.

Por eso, la primera investigación sobre nuestro país, titulada “Estudio Económico sobre Costa Rica 2020”, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde su ingreso oficial esa a entidad, cataloga a nuestro país como uno “caro” en comparación con los otros integrantes que la componen, incluidos China, Chile y México.

La causa de esto, según dice el estudio, que se dio a conocer la semana pasada durante una conferencia de prensa virtual, es que, para las empresas privadas consultadas, el aumento en los costos es la principal barrera para sus operaciones, particularmente en la agricultura y la manufactura.

Esto, a su vez, se atribuye a una serie de obstáculos que impiden una mayor competencia en los mercados, con lo cual las empresas ganan poder de mercado y obtienen precios altos en desmedro, principalmente, de las PYME, “que claramente se quedan rezagadas en términos de productividad”.

Entre los obstáculos que propician los altos costos se incluye también el exceso de regulaciones que enfrentan las nuevas empresas para participar en el mercado y dinamizar la competencia.

Según el documento, si se compara a Costa Rica con Chile, Colombia, México y Turquía “una cantidad relativamente pequeña de empresas grandes domina la economía”, aunque si se la compara con los casos de Nueva Zelanda, Finlandia, Austria y República Checa, la situación de nuestro país es similar a la de estos (ver el gráfico).

Debido a esa falta de competencia “los márgenes de ganancia son más altos en Costa Rica que en la mayoría de los países de la OCDE”.

“Estas características son típicas de las economías donde la competencia no es suficientemente fuerte como para crear un entorno en el que el efecto disciplinario de los participantes nuevos impulse a los participantes ya establecidos a ser más eficientes, permitiendo que los recursos fluyan a su nivel de uso más productivo”, dice el documento.

El economista de la OCDE, Alberto González, quien participó en la conferencia, afirmó que “hay sectores en Costa Rica que todavía están exentos de las reglas de la competencia, como el arroz y los servicios profesionales. Tomar medidas para incrementar la competencia favorecerá a la gente de menores recursos, pues Costa Rica es un país relativamente caro, no hay incentivos para incrementar la productividad y en algunos sectores se están extrayendo rentas a través de precios altos”.

Por su parte, Álvaro Pereira, representante de la entidad, afirmó que tienen “evidencia científica de que la carga regulatoria en Costa Rica es muy alta en comparación con los países de OCDE, pues los costes de establecer una empresa con demasiado onerosos y hay un exceso de burocracia”.

Ante esto, la ministra de Planificación y coordinadora del Equipo Económico, Pilar Garrido, quien también estuvo presente en la conferencia, respondió que el Gobierno viene trabajando para eliminar esos obstáculos y permitir una mayor competencia.

Mencionó la flexibilización de las jornadas laborales, la reforma del Instituto Nacional de Aprendizaje y la educación dual “para conectar mejor con los mercados laborales y para hacer la educación más responsiva al mercado laboral. Además, trabajamos para ampliar los mecanismos de cuidados tripartitos para garantizar la incorporación de las mujeres en los mercados laborales”.

El estudio afirma que “la competencia ha sido débil en sectores clave de la economía costarricense, como la banca, la producción de alimentos, la electricidad o el transporte, lo cual contribuye a una productividad baja, salarios bajos y precios más altos para los consumidores”.

“Las medidas con respecto a los márgenes de comercialización ayudan a evaluar en qué medida las empresas pueden fijar el precio de los productos por encima de sus costos. Los márgenes altos pueden indicar una competencia débil en una industria o sector”, explica.

Sectores como el transporte, la manufactura, la alimentación y el alojamiento se encuentran entre aquellos cuyos márgenes de comercialización son más altos que en los demás países de la organización.

Sin embargo, en el caso de la electricidad, el gráfico publicado por la OCDE no concuerda con ese patrón, pues, con todo y la existencia del monopolio estatal, este modelo nacional de manejo de la producción, comercialización y distribución de la energía eléctrica aparece con márgenes de comercialización incluso más bajos que el promedio de la OCDE.

Otros sectores de Costa Rica cuyos márgenes de comercialización son más bajos que el promedio de la OCDE, son, además de la electricidad, la administración y defensa pública, la educación, las finanzas y la agricultura (ver el gráfico).

A pesar de esto, el país sí registró precios más altos en la electricidad en comparación con los de El Salvador, Panamá, Guatemala y Honduras y similares a los de Nicaragua.

El estudio expone los ejemplos opuestos de las telecomunicaciones y el arroz con el fin de mostrar los efectos de ampliar o no la competencia para lograr una baja de los precios al consumo y para mejorar la productividad.

Según cifras de la Superintendencia de Telecomunicaciones, tras la derogación del monopolio estatal, en el 2011, “cuatro compañías privadas, además del exmonopolista estatal, operan en el mercado de la telefonía móvil y más de diez compañías están activas en cada uno de los mercados de telefonía fija y acceso a Internet”.

“Este aumento drástico en la competencia resultó en una gran expansión de los servicios de telecomunicaciones y en precios más bajos. Hoy en día Costa Rica es uno de los líderes de la región en términos de penetración móvil, lo que crea un enorme potencial para la inclusión financiera. Los cálculos de la OCDE realizados para este Estudio muestran que los hogares de bajos ingresos se beneficiaron particularmente de los precios más bajos”, dice.

Y añade que “la reforma también tuvo un efecto positivo en el empleo, que creció en el sector de las telecomunicaciones cuatro veces más que en toda la economía. La apertura también tiene un efecto positivo al favorecer un mayor grado de digitalización entre los hogares más vulnerables”.

En contraste, el mercado costarricense del arroz “está en el otro lado del espectro. Es al mismo tiempo un artículo básico de la canasta alimentaria de la población en condición de pobreza y el producto más protegido en Costa Rica. El 70% de la población consume arroz todos los días”, afirma.

A pesar de esto —añade— “el precio mínimo de referencia se basa en un análisis de costos de producción nacional realizado por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz). Estas políticas han llevado los precios muy por encima de los internacionales, creando rentas que benefician a un pequeño grupo de grandes productores. El mercado del arroz está altamente concentrado, con 19 grandes agricultores que representan más de la mitad del arroz producido en Costa Rica”.

“Los grandes productores también se benefician de las cuotas de importación libres de aranceles, asignadas proporcionalmente a su capacidad de procesamiento. Por lo tanto, pueden comprar arroz a precios del mercado internacional y vender el arroz procesado en el país con una alta ganancia. Algunas estimaciones sugieren que las regulaciones actuales en el mercado del arroz implican una transferencia de los consumidores a los productores, lo que para los hogares más pobres representa el 8% de sus ingresos”, afirma.

El estudio concluye que “el entorno regulatorio actual en el mercado del arroz es regresivo y contribuye a una mayor pobreza y desigualdad de ingresos. El aumento de la competencia, para que los precios nacionales se acerquen a los precios internacionales, beneficiaría particularmente a las personas en los deciles de ingresos más bajos”.

Lo anterior es constantemente negado por Conarroz, agrupación que afirma que su esquema “protege a nuestros productores nacionales, fomentando que se siga cultivando nuestra tierra y que el Gobierno apruebe las importaciones necesarias”.

Además, en su sitio virtual afirma que el arroz es “el único producto del país que trasfiere (sic) los precios internacionales al consumidor”.

El estudio de la OCDE recomienda que “fortalecer la competencia puede contribuir a mejorar el nivel de vida y el bienestar, al aumentar la productividad y la calidad de los productos y bajar sus precios. Reforzar la competencia también puede permitir que el crecimiento sea más inclusivo al reducir las desigualdades en términos de ingresos y riqueza. Ante la ausencia de competencia, el poder del mercado impulsa los precios por encima de los costos. Estos precios más altos aumentan el gasto de consumo de todos y redistribuyen el dinero adicional que se gasta entre los propietarios de negocios y los propietarios de activos financieros, que se concentran en la parte superior de la distribución de los ingresos”.

“Esto aumenta los ingresos de los deciles superiores y reduce el poder de consumo y el ahorro para el resto de la población. A largo plazo, esto ayuda a los deciles superiores a acumular riqueza y aumentar sus ingresos, mientras que a la vez es más difícil que los deciles inferiores acumulen ahorros”, finaliza.


Preguntas y respuestas sobre otras recomendaciones del estudio

Evasión fiscal, aporte patronal a la CCSS y “ganadores” en la pandemia

En la presentación del estudio de la OCDE también estuvieron presentes el ministro de Hacienda, Elián Villegas; el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, y la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez.

Durante la conferencia, UNIVERSIDAD consultó a la ministra Garrido sobre la recomendación de la OCDE de disminuir la contribución de las empresas al financiamiento de la seguridad social con el fin de facilitar una mayor formalización de los negocios.

La ministra respondió que existe una mesa de trabajo en la que participan Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y varios ministerios “para generar de manera conjunta mayores posibilidades para la formalización, lo cual pasa por cambiar hacia nuevas modalidades de aseguramiento, como hacer una valoración nueva por horas laboradas, sin poner en riesgo a la Caja”.

Añadió que las medidas en estudio buscan alcanzar dos objetivos, que son “impulsar la formalidad y dar un mayor oxígeno al financiamiento de la CCSS”.

Puso como ejemplo que busca diseñar “una nueva base imponible que no sea sobre planillas, sino de otro tipo, en consenso con la CCSS”.

Al ministro Villegas le consultamos sobre las acciones que está tomando el Ministerio de Hacienda para reducir la evasión fiscal, pues es otra de las recomendaciones de la OCDE.

“La herramienta idónea es el proyecto de Hacienda Digital que está en la Asamblea Legislativa”, dijo, y añadió que buscarán agilizar su trámite.

“Esa la principal herramienta contra la evasión. Este proyecto busca cambiar los sistemas, modernizarlos para darle un seguimiento mucho más acucioso a los contribuyentes, al ingreso de mercancías, a los pagos que se realizan, porque los sistemas actuales no tienen todas las funcionalidades”, explicó.

Agregó que para financiar el nuevo sistema se ha solicitado a la Asamblea Legislativa aprobar un préstamo por $150 millones con el Banco Mundial.

El ministro agregó que otra herramienta que han implementado para combatir la evasión de impuestos “es la factura digital, que nos provee de información importante para la recaudación de algunos impuestos”.

UNIVERSIDAD también preguntó al ministro Villegas si el Gobierno está considerando proponer alguna iniciativa para que las empresas comerciales que se están beneficiando con mayores ingresos en tiempos de pandemia (como las dedicadas a la venta de alimentos, medicamentos y productos de limpieza, según el último reporte del IMAE, del BCCR) contribuyan con un aporte especial para financiar los gastos en que incurre el Estado para hacer frente a la crisis.

Villegas respondió que tales empresas “aportarán más por el régimen común de renta, a menos que la Asamblea Legislativa presente alguna propuesta”. “Pero hoy tendrán que hacerlo por el régimen del Impuesto de Renta, porque es el régimen que tenemos actualmente en el país”, añadió.


 

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