Día Mundial del Ambiente

Costa Rica es el consumidor más voraz de plaguicidas en el mundo

Costa Rica ocupa un lugar nada privilegiado en el mundo: es el consumidor más voraz de plaguicidas químicos en la agricultura.

Costa Rica ocupa un lugar nada privilegiado en el mundo: es el consumidor más voraz de plaguicidas químicos en la agricultura.

Los datos desnudan no solo la contradicción de la imagen que proyecta el país de verde y líder en protección ambiental, sino también el descontrol en el uso de los agroquímicos, muchos de ellos asociados a riesgos de contaminación ambiental y daños a la salud.

Datos en poder del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) revelan que en el país se usan en promedio 18,2 kilogramos de plaguicidas por hectárea de cultivo agrícola.

Comparado con otros países, Costa Rica aparece en el primer lugar mundial, seguido por China, con 17 kilos, explicó Fernando Ramírez, ingeniero agrónomo e investigador del IRET.

La cantidad es muy superior a la de otros países como Estados Unidos, donde se usan alrededor de 2,5 kilos por hectárea.

En los últimos años, se registró una lenta disminución en el consumo de plaguicidas en el país, en comparación con cifras del 2010, cuando el World Resources Institute, organización vinculada con el Banco Mundial y con sede en Washington, lanzó un informe sobre el primerísimo lugar de Costa Rica en el consumo de pesticidas.

Ese año, la aplicación de plaguicidas fue de 23 kilos por hectárea de cultivo, cantidad que bajó a 20 en el 2011, se mantuvo en el 2012 y llegó a 18,2 en el 2013, según los cálculos basados en datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como del censo agrícola y el Servicio Fitosanitario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

La estimación de la FAO −de uso por hectárea agrícola− no incluye los pastos, donde el empleo de plaguicidas es muy bajo: alrededor de medio kilo por hectárea, detalló Ramírez.

Si se pregunta al Servicio Fitosanitario, dirán que el uso de plaguicidas anda en alrededor de 9 kilos por hectárea, porque están incluyendo el área de pastos, que según el censo agrícola ocupa un millón y resto de hectáreas, aclaró.

En el 2013, la importación de plaguicidas en Costa Rica alcanzó 12,4 millones de kilos y 9,1 millones se usaron en el país; para este dato se consideró únicamente el ingrediente activo (compuesto químico que ejerce la acción plaguicida) y no productos reformulados. El dato se refiere exclusivamente a pesticidas, no a otros agroquímicos como fertilizantes, sobre los cuales no hay un registro oficial completo.

Los pesticidas constituyen una fuente potencial de contaminación ambiental, porque esos plaguicidas hay que desembarcarlos, transportarlos a los distribuidores y a las industrias que los reformulan, los empacan y, en parte, los reexportan. Se calcula que el país reexporta alrededor de un 30% de lo que importa.

Si se considera solo en ingrediente activo, serían como 180 toneladas las que hay que trasladar por día, para lo cual se necesitan seis furgones, aseguró Ramírez.

Además del intenso uso de plaguicidas, en los estudios de campo se ha evidenciado el empleo de plaguicidas que no están autorizados, criticó el investigador del IRET.

El Servicio Fitosanitario registra un plaguicida para uso en un cultivo “x”, pero se usa en un cultivo “y”; el MAG lo sabe, pero no tiene control, agregó.

Un ejemplo es el cultivo del culantro, para el cual solo está inscrito el plaguicida sulfato de cobre pentagratado, pero se usan 10 o 15 plaguicidas en ese cultivo. Otro caso es el plaguicida Bellis, que está registrado para cuatro cultivos, incluido el tomate y melón, pero se usa en prácticamente todos los cultivos.

Situación distinta se da en la agricultura para la exportación, como el banano, en el que no se permite usar plaguicidas que no estén autorizados.

TÓXICOS

Los plaguicidas y otras sustancias tóxicas de origen sintético utilizados en labores agrícolas se han asociado a múltiples problemas de salud, como cáncer, esterilidad, deformaciones en fetos, alergias, intoxicaciones agudas y hasta la muerte. También han sido causantes de contaminación de cuencas y mantos acuíferos.

Tal es el caso de las comunidades de El Milano y El Cairo de Siquirres, Limón, que en el 2007 fueron informadas de la contaminación de sus acueductos con residuos de agroquímicos como el herbicida bromacil, uno de los más utilizados en las plantaciones de piña que se extienden en la zona.

Desde entonces no han logrado que la situación se corrija o que se les construya el prometido nuevo acueducto; el agua que utilizan les llega en camiones cisterna del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

El bromacil ha sido prohibido en varios países, como Alemania, Suecia, Eslovenia y Belice, debido a las consecuencias sobre la salud y el ambiente que puede provocar la presencia de este agroquímico en el agua.

“A partir del año 2001 han venido ocurriendo incidentes de contaminación química, dados por el uso excesivo de plaguicidas en actividades agrícolas tipo monocultivo, como es el caso de la piña”, resultado de una expansión agrícola y urbana que no ha respetado las márgenes de protección de las fuentes de captación de agua para consumo humano, señalaba en el 2010 el XVI Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reveló que durante el 2010 fueron atendidas 146 personas por envenenamiento accidental por exposición a plaguicidas, de las cuales 12 murieron.
Medios de prensa también reportaron casos ese año, como la intoxicación de 28 mujeres en una finca productora de algodón, en Bagaces, Guanacaste, y la masiva intoxicación con plaguicidas que afectó a 65 trabajadores de una empresa productora de algodón transgénico −en San Agustín de Chomes, Puntarenas−, entre otros incidentes de ese tipo que se han estado repitiendo.

Víctimas del nemagón

En el país, más de 30.000 trabajadores de las transnacionales bananeras Standard Fruit Company, Chiquita y Dole han vivido un drama por los daños en su salud, ocasionados por la aplicación del plaguicida nemagón en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, sin saber que el DBCP −componente activo del producto− era un potencial cancerígeno.

Pese a una ley aprobada en el 2001 para indemnizarlos, aún hoy muchos de ellos siguen presentando demandas no resueltas, relativas al abordaje sanitario que no han tenido y el cumplimiento de las indemnizaciones por parte de las compañías y del Estado.

Esterilidad, cáncer, abortos, malformaciones genéticas y enfermedades de la piel han sido parte de las secuelas que padecen ellos y sus familiares, por causa de su trabajo con el Nemagón.

El Instituto Nacional de Seguros recibió desde el 2001 cerca de 37.000 demandas de los extrabajadores y sus parientes, y desembolsó ¢14.000 millones para indemnizar a 13.900 de las víctimas.

Treinta años después, los reclamos están lejos de concluir y ocasionalmente decenas de damnificados del nemagón acuden a las puertas de la Asamblea Legislativa para presionar por la aprobación del proyecto de ley N°18802 “Determinación de beneficios sociales y económicos para la población afectada por el DBCP”.

 

 

(Créditos: Foto: Katya Alvarado)


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