Los homicidios se están convirtiendo en una epidemia en Costa Rica que está creciendo sin freno, alcanzando los mayores niveles en la historia del país. Expertos en la materia advierten que el país está en una condición crítica y que se deben realizar acciones concretas para enfrentar una situación, sin evadir responsabilidades.
Durante el 2022, el país ratificó una tendencia que se mantiene al alza en los asesinatos, pero que alcanzó los mayores niveles de la historia, tanto en la cantidad de homicidios registrados (654, según estadísticas del OIJ), como en la tasa de homicidios, que llegó a 12,6 por cada 100 mil habitantes (ver gráfico).
Con ello se coronó una década siniestra, en la que a pesar de que la población del país aumentó alrededor de un 10%, la cantidad de homicidios se incrementó en un 60% (ver gráfico).
Por si fuera poco, Costa Rica alcanzó un liderazgo inusitado en la región que reporta más homicidios en el mundo. Durante la década del 2012 al 2022, fue el país que encabezó el crecimiento en la tasa de homicidios en el continente americano, con un 48%, por encima de Estados Unidos con 38%, Haití con 34%, Jamaica con 25% y México con 23,8%.
Esto debe contextualizarse con el panorama de varios países como Honduras, El Salvador y Guatemala, que se encontraban en niveles mucho mayores (tasas del 83 al 39,9 por 100 mil) pero que lograron descensos. Con todo, hay que encender alarmas: no es un listón honroso ser el país que muestra el mayor crecimiento de homicidios, en la región más violenta del mundo. América tiene una tasa de homicidios promedio de 17,2; superior a África (13), Europa (3), Oceanía (2,8) y Asia (2,3).
El presidente Rodrigo Chaves ha tratado de sacudirse de responsabilidad en esta tendencia, pidiendo que a su gobierno lo juzguen a partir del 2023 y no de cuando asumió el poder en mayo del 2022. La realidad es que durante su gestión también se registran indicios de que este fenómeno se acelera: en los cuatro primeros meses del 2022, el promedio mensual de homicidios fue de 51. A partir de mayo, subió a 56,2 por mes (ver gráfico).
Y la tormenta parece acrecentarse en el 2023, en lugar de amainar. Según los datos del OIJ, en los primeros 16 días de enero se registraron 41 homicidios: un promedio de 2,56 por día. Si no se hace algo para frenar esta siniestra dinámica, enero finalizaría con 79 víctimas fatales —nuevo récord mensual—, y el país rozaría el millar de homicidios al finalizar diciembre.
Tiempo de actuar
Aunque se trata de una epidemia que se está incubando desde hace tiempo, expertos en la materia advierten que el país se encuentra en una condición crítica y que se requiere asumir responsabilidades y no tratar de evadirlas.
El exfiscal Francisco Dall´ Anese advirtió que la política criminal debe separarse entre la preventiva, para tratar de evitar o reducir los crímenes, y la represiva, en la que se incluya la persecución penal de los delitos, pero que se debe diferenciar con claridad las responsabilidades: la seguridad, como prevención, para reducir en lo posible los delitos, y lo penal.
“Hay que decir las cosas claras: el Poder Ejecutivo debe asumir su rol, no decir que cifras vienen de otros gobiernos, o tratar de culpar al Poder Judicial. Las cosas llegan a los tribunales cuando la seguridad fracasa. No veo una política preventiva que podamos palpar, y me preocupa ver al ministro de Seguridad (Jorge Torres) decir que lo que pasa es que los jueces sueltan sospechosos”, dijo Dall´Anese.
Por su parte, el exministro de Seguridad José María Tijerino tuvo también una visión crítica, pero en otra parte del sistema. “Desde hace décadas, no tenemos un sistema de justicia penal, el colapso del proceso que vemos desde hace años preocupa a muchos de los que estuvimos en esa rama. No es posible que los casos duren años”, comentó.
En lo que ambos coinciden es en que la situación alcanza niveles de enfermedad crítica, y requiere de acciones concretas. Tijerino comentó que desde el año pasado, a instancias de Walter Antillón, se reúne con expertos en la materia, para tratar de conformar un grupo o un movimiento que procure una modernización del Código Penal y el Código Procesal Penal.
En una dirección similar se encuentra Dall´Anese, quien es parte del grupo de expertos que visitó la Asamblea Legislativa, junto con el Colegio de Abogados, para presentar la inquietud de impulsar cambios ante los jefes de las fracciones legislativas, el 17 de enero. En esa actividad, los expertos recomiendan acciones en tres campos: recuperación de recursos para equipar cuerpos policiales, modernizar la legislación (Código Penal data de 1970 y Código Procesal Penal de 1978, cuando la criminalidad del país era muy diferente) y mejorar las acciones de prevención.
Los expertos advierten que se debe generar un diálogo para procurar medidas efectivas. En ese sentido, Tijerino considera que se debería recuperar la idea de los retenes de policía que en su momento la Sala Constitucional adversó. También fortalecer las investigaciones de capitales emergentes y las acciones contra el narcotráfico como ampliar los patrullajes. Por su parte, Dall´Anese coincide en que se debe mejorar la investigación de los capitales emergentes y agrega profundizar la coordinación de los cuerpos policiales y fortalecer las plataformas.
Pero lo más importante, coinciden ambos, es generar la conciencia de que se debe actuar, antes de que la situación sea irreversible. “Si se llega a un punto en el que un homicidio ya no se investiga, porque no hay capacidad de reacción… está todo perdido”, sentenció Dall´Anese.
