País

Costa Rica en deuda con derecho humano a la planificación familiar

Prejuicios del conservadurismo religioso inciden en que no haya una mayor oferta de métodos anticonceptivos.

De acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), durante el 2017 en Costa Rica dieron a luz 301 niñas menores de 15 años.

En total, poco más de 10 mil mujeres menores de 19 años dieron a luz el año pasado, casi un 15% del los 68.816 nacimientos contabilizados.

Detrás de esa cifra puede encontrarse una realidad sobrecogedora. De acuerdo con los datos que desde el 2015 arrojó la II Encuesta Nacional en Salud Sexual y Reproductiva, la mitad de las mujeres no deseó su último embarazo, mientras que un 32% de los hombres no deseó el último embarazo de su pareja.

Si bien ese estudio determinó que el 78% de la población utiliza algún método anticonceptivo, reveló que la esterilización femenina ocupó el primer lugar con un 25,5%. En segundo lugar figuraron los anticonceptivos orales, con el 22,7%; seguido de los inyectables y el condón masculino, ambos con un 9,2%; mientras que los métodos tradicionales, como el retiro o Billings, son los menos utilizados y representan un 2,7%.

Esos números demuestran la deuda que mantiene Costa Rica con el cumplimiento del derecho humano a la planificación familiar, consagrado desde 1968 en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la consecuente Proclamación de Teherán.

Oferta anticonceptiva

Consultada al respecto, Evelyn Durán, analista en salud reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se refirió al hecho de que la esterilización sea el método más utilizado y consideró que ello refleja que los métodos de larga duración no son utilizados en este país, como la T de cobre, el implante subdérmico “que hasta recientemente se introduce en los servicios de salud del país”, o dispositivos intrauterinos, como el llamado Mirena.

Llamó la atención sobre el bajo porcentaje de vasectomías: “Teniendo la gran oportunidad de que sean los hombres quienes se sometan al proceso de esterilización”, que según dijo es mucho más sencillo pues es un procedimiento ambulatorio con menores costos, y que podría “comprometer y convocar a que los hombres tengan su atención puesta en el proceso de anticoncepción, que no solamente es responsabilidad de las mujeres”.

Durán sentenció que la ampliación de la oferta anticonceptiva es “sin duda alguna, una gran preocupación”, pues según dijo los servicios de salud aún promueven el uso de las pastillas anticonceptivas, “que en realidad podrían ser muy útiles para muchas mujeres, pero no es posible que sigamos promoviéndolas como si fueran el único método que existe”.

“La preocupación del UNFPA es que logremos brindar servicios de anticoncepción, de planificación familiar desde un enfoque de derechos humanos”, sentenció.

Angélica Vargas, del Programa de Normalización de Atención de la Mujer, de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), observó que el dato de que el 50% de los embarazos no son planificados no es una tendencia de Costa Rica, sino que es generalizada, y acotó que después de África Latinoamérica es la región con el mayor porcentaje de embarazos no planificados.

La funcionaria defendió la “oferta amplia” de métodos anticonceptivos de la CCSS, como los orales, el inyectable trimestral y la T de cobre, además de que desde el 2016 se incorporó el implante subdérmico como método de larga duración.

“La CCSS siempre ha tenido una oferta disponible, ahorita se amplió y se trabaja en el aumento en el uso del condón, tanto masculino como femenino, a punto de ser introducido a la institución”, aseveró.

La especialista lamentó que entre la población sobreviven muchos mitos sobre los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos, y señaló que “el beneficio de evitar un embarazo no planeado, no deseado o un embarazo de riesgo, supera en mucho el posible riesgo que pueda tener una pastilla”.

También en el marco del Día Mundial de la Población, la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial a través de sus redes sociales se refirió al tema y recordó que “se reconoce el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de hijos e hijas y los intervalos entre los nacimientos”.

Desde esa instancia, Melissa Benavides explicó que la Unidad conmemora los días internacionales, declarados así por las Naciones Unidas, “relacionados con las poblaciones en condición de vulnerabilidad y que son objeto de nuestra atención”. Detalló que se considera en condición de vulnerabilidad a quienes debido a condiciones como edad, género, orientación sexual o identidad de género, entre otras, encuentran “especiales dificultades para ejercitar con plenitud sus derechos ante el sistema de justicia”.

Un campo de batalla

Evelyn Durán reconoció que existe una serie de planteamientos culturales que limitan el acceso de las mujeres a los métodos.

Por ejemplo, sobre la anticoncepción de emergencia, “hay una gran cantidad de mitos, el principal es que es abortiva, cuando está más que claro que incluso si la mujer está embarazada, por el mismo componente hormonal que tiene la píldora más bien podría beneficiar al proceso de embarazo”.

La especialista lamentó también que esos mitos y desinformación, “basados en muchos casos en planteamientos más conservadores”, limitan que las mujeres tengan mayor acceso al cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, y que puedan tomar sus propias decisiones, lo cual “se agrava en el caso de las personas adolescentes”.

Desde la CCSS, Vargas también apuntó que respecto de la anticoncepción de emergencia “hay una resistencia muy grande por un concepto errado, por algo se llama anticoncepción, es un método anticonceptivo que inhibe la ovulación, entonces si la paciente cuando lo toma está embarazada, no le va a provocar un aborto”.

Informó que la institución trabaja en un lineamiento para el uso en pacientes tras una violación con el protocolo de 72 horas. “Todavía hay que romper ese mito, si uno lo saca para todo el mundo nos van a caer los grupos conservadores. El primer paso es que por lo menos las pacientes que padezcan una agresión sexual puedan disponer de este medicamento, sin que los médicos tengan temor, porque ahora no lo prescriben por no estar normado y tienen temor a que los penalicen. Hay que esperar una directriz del Ministerio de Salud que aún tiene resistencia a aprobarlo”.

“La anticoncepción siempre ha sido un campo de batalla y creo que lo seguirá siendo, porque toca temas muy sensibles, sobre todo fundamentos religiosos”, expresó María Ester Serrano Madrigal, directora del Área de Construcción de Identidades y Proyectos de Vida, del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

Como ejemplo de ello citó el problema de que en la tradición judeocristiana el método del ritmo es el único aceptado. Según dijo, eso hace que el conocimiento, acceso y uso de los métodos anticonceptivos “choca con un asunto cultural”.

Serrano enfatizó el respeto que se debe tener por las diversas creencias religiosas, pero subrayó que “la gente puede elegir” y que el Estado “como garante de la igualdad” tiene que velar por que no haya discriminación en el acceso a los diferentes métodos.

“Respaldamos la libre elección, en un país democrático usted puede tener la oferta de anticonceptivos seguros, costeables y de calidad y calidez a la hora ofrecerlos, es un principio básico de la democracia. En eso estamos desde el Inamu”, sentenció.

La directora de la Asociación Ciudadana Acceder, Larissa Arroyo, a través de redes sociales hizo un llamado a que el derecho humano de acceso a métodos anticonceptivos modernos, incluyendo la anticoncepción de emergencia, sea “prioridad para los estados y gobiernos, incluyendo el de Carlos Alvarado Quesada”.

La abogada reflexionó que “no podemos hablar de desarrollo sostenible y reducción de pobreza si no consideramos el impacto diferenciado en las mujeres cuando no pueden tomar decisiones sobre cuándo quieren procrear, cómo y con quién. Cuántos hijos e hijas podamos decidir tener determina nuestro proyecto de vida pero también del país”.

Añadió, además, que no se trata de “cerrar las piernas”, ni de “seguir usando estereotipos sexistas sobre cómo nos comportamos las mujeres”, sino de que “nos garanticen educación sexual integral, acceso anticonceptivos modernos y aborto para salvar nuestra salud y vida”.

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