Manuel Ventura, sobre invocación del TIAR

“Costa Rica dejó sentada su posición de que no apoyará el uso de la fuerza armada”

Canciller insistió en que existen conductas atribuibles a personas e instituciones ligadas al régimen de Nicolás Maduro que “ponen en peligro la paz de América”.

El pasado 23 de setiembre Costa Rica participó de la reunión del Órgano de Consulta de estados miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que acordó una serie de medidas para aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Mauro en Venezuela.

La anterior edición de UNIVERSIDAD abordó el tema de cómo la invocación de ese Tratado, tal como quedó plasmada en una resolución acordada en esa reunión, puede implicar eventualmente el uso de la fuerza militar contra ese país.

La posición de Costa Rica el 11 de setiembre, cuando se acordó convocar al Órgano de Consulta, fue de cerrar expresamente la posibilidad al uso de fuerza armada, lo cual fue rechazado.

En la edición del pasado 2 de octubre se abordó el tema, pero no se contó con las respuestas del canciller Manuel Ventura a preguntas que se le enviaron al respecto. Posteriormente al cierre de esa edición, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se recibieron las respuestas del funcionario.

Con su apoyo a la iniciativa de convocar el TIAR en el caso de Venezuela, Costa Rica abre la puerta a la intervención armada, sin importar que particularmente haya fracasado en impedirla. Es decir, una vez que se invoca el TIAR, los estados miembros tienen la potestad en la próxima sesión de decidir llevar a cabo la intervención militar. ¿No riñe esto con la Proclama Presidencial sobre la Neutralidad Perpetua, Activa y No Armada de Costa Rica, de noviembre de 1983?

-La posición de Costa Rica ha sido clara y consistente en que, de invocarse el TIAR para el caso de Venezuela, no se apoyarían medidas que impliquen el uso de la fuerza armada y que además cualquier medida que se ordene no debe tener efectos negativos sobre la población venezolana. Por este motivo, en la sesión del Consejo Permanente del 11 de septiembre en la que se iba a votar la invocación del TIAR, Costa Rica propuso con la debida antelación una enmienda para que explícitamente se excluyera el uso de la fuerza armada en la resolución de convocatoria al Órgano de Consulta. Debido a que la propuesta no contó con el apoyo suficiente, y a pesar de que algunos países expresaron su compromiso de no apoyar medidas de naturaleza militar a la hora de votar favorablemente la convocatoria, Costa Rica por consistencia se abstuvo de votar la resolución. Además, Costa Rica dejó sentada su posición, en una nota al pie de la resolución, de que no apoyará el uso de la fuerza armada, y es desde esa posición que se enmarca su participación en el TIAR.

Ahora bien, contrario a la creencia popular, el TIAR no implica únicamente el uso de la fuerza. El artículo 8 plantea distintas medidas, entre las que se incluyen las diplomáticas y las económicas. De hecho, la historia de aplicación del TIAR demuestra que en su abrumadora mayoría, se ha optado por medidas distintas al uso de la fuerza.

La resolución RC.30/RES. 1/19 aprobada el 23 de septiembre pasado, cumple con los dos requisitos necesarios para el apoyo de Costa Rica: no implica el uso de la fuerza, y no afecta negativamente a la población venezolana.

Las medidas van dirigidas a establecer sanciones contra personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación y vinculadas a redes de delincuencia organizada, al igual que personas que ejercen o han ejercido como altos funcionarios de dicho régimen que hayan participado en hechos de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos. En segundo lugar, las medidas ordenadas son de naturaleza estrictamente jurídica, investigativa y económica. Todas estas medidas buscan evitar la impunidad de personas ligadas a delitos serios y ninguna es de naturaleza militar. Por la naturaleza de las medidas en sí mismas, así como por la salvaguarda de que se ejecutarán “de acuerdo con los ordenamientos jurídicos nacionales”, no existe riesgo alguno de que riñan con la Proclama Presidencial sobre la Neutralidad Perpetua, Activa y No Armada de Costa Rica ni con algún aspecto del marco jurídico costarricense. Tampoco se considera que se le haya “abierto la puerta a la intervención armada”, pues la resolución RC.30/RES. 1/19 es clara en cuanto a las sanciones que se establecen, además que otros países también han expresado su rechazo a una intervención armada.

Finalmente, en el párrafo 5 de la resolución RC.30/RES. 1/19 se instruye “a los Representantes Permanentes ante la Organización de los Estados Americanos de los Estados Partes del TIAR que den seguimiento a la situación en la República Bolivariana de Venezuela y su impacto en la región con el objeto de evaluar la formulación de eventuales recomendaciones, en el marco del Artículo 8 del TIAR, para lo cual podrán conformar una o más comisiones ad hoc”. La inclusión de “eventuales recomendaciones” fue defendida vehementemente porque queda a criterio de los Estados hacerlas o no, apoyarlas o no.

Además, dado que la resolución  define el espíritu de las medidas que se llevarán a cabo, que son eminentemente de cooperación judicial, jurídica y policial, se entiende que las recomendaciones que los Representantes Permanentes eventualmente formulen deberán apegarse a ese espíritu. Adicionalmente, debido a que las recomendaciones deberán ser aprobadas de previo por los Representantes Permanentes, y posteriormente ser sometidas a los Ministros de Relaciones Exteriores para ser adoptadas, existen salvaguardas y filtros suficientes como para que sean rechazadas oportunamente recomendaciones que impliquen el uso de la fuerza armada, en el caso poco probable que fueran propuestas por algún país.

De toda suerte, Costa Rica no apoyaría medidas que impliquen el uso de la fuerza o tengan efectos negativos en la población venezolana.

La misma Resolución justifica la aplicación del TIAR a Venezuela en que las “actividades criminales” que allí se dan constituyen una amenaza para el continente. ¿No va esto en contra del espíritu del TIAR, diseñado para prevenir y actuar en caso de agresiones entre Estados?

-El artículo 6 del TIAR, invocado en este ocasión, establece que el Órgano de Consulta se reunirá de inmediato cuando “la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado Americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América”. Al respecto, se debe recordar que durante la sesión del Consejo Permanente del 11 de septiembre, Colombia presentó evidencia convincente del apoyo del régimen de Nicolás Maduro a organizaciones terroristas y grupos armados ilegales.
Existen una serie de conductas atribuibles a personas e instituciones ligadas al régimen de Nicolás Maduro que son suficientemente graves como para poder considerarse que “ponen en peligro la paz de América”, incluyendo el caso concreto de la denuncia de Colombia sobre el apoyo a organizaciones terroristas y grupos armados ilegales, que tienen un impacto desestabilizador directo sobre dicho Estado. Por ello, siendo el TIAR el instrumento dentro del Sistema Interamericano con el mayor potencial para traducir la solidaridad continental en acciones concretas que se espera tengan algún impacto positivo para combatir esta serie de actos y conductas delictivas del régimen de Nicolás Maduro que ponen en peligro la paz de América, su utilización se considera no sólo conveniente sino sobre todo legítima bajo el Derecho Internacional.

¿Cuál es la posición de Costa Rica sobre los contactos demostrados que el 22 y 23 de febrero pasados tuvo Juan Guaidó con paramilitares colombianos en la zona fronteriza entre ambos países?
-La explicación formal que el Gobierno del Presidente Juan Guaidó ha dado sobre la fotografía en la que aparece con supuestos paramilitares colombianos es que cuando él estaba pasando la frontera entre Venezuela y Colombia, al igual que le sucede a otros mandatarios, varias personas se le acercaron para pedirle una fotografía, entre ellos los de la fotografía en cuestión, pero que el Presidente Guaidó desconocía de quiénes se trataba. Por lo tanto dicho Gobierno niega categóricamente que exista algún vínculo o “contacto” con paramilitares colombianos. Esta versión merece credibilidad, pues por un asunto de mera lógica, si un representante de un gobierno tuviese “contacto” con grupos paramilitares no tendría sentido estarse tomando fotografías con ellos.


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