En Chile reaparecieron, la semana pasada, las revueltas sociales debido al desempleo y a la necesidad de alimentos, en el contexto de la pandemia de COVID-19. Ante los hechos, el Gobierno inició, recién el sábado, la distribución de víveres y de un subsidio de $420 por hogar, que se estima ayudará a 4,9 millones de personas.
Argentina entró en cesación de pagos (default) de su deuda pública por segunda vez desde 2001 debido a que su gasto público se acrecienta para atender la emergencia sanitaria y económica en medio de una, de por sí, mala situación fiscal.
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Si algún “logro” se debe a la actual pandemia es el de haber puesto el bienestar de los seres humanos en el centro de la economía y de la política —con excepción de, al menos, Estados Unidos, Brasil y Nicaragua—.
La “sacudida del tablero” —no por una revolución social, sino por una enfermedad— es tal que la Conferencia Económica para América Latina (Cepal), además de saludar las ayudas monetarias innovadoras como el Bono Proteger, de Costa Rica, llama a los países de la región a avanzar en instituir un Ingreso Básico Universal (IBA) por el cual, en un futuro, cada persona que nazca en la región tenga garantizada, de por vida, la satisfacción de sus necesidades de supervivencia.
Sin embargo, como diría el aguafiestas del economista Milton Friedman, “no hay almuerzo gratis”. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este lunes que todas las vulnerabilidades fiscales presentes en los países están empeorando debido al incremento de los gastos públicos para hacer frente a la crisis sanitaria.
Por su parte, el Instituto Centroamericano de Ingresos Fiscales (Icefi) dio a conocer, el pasado 21 de mayo, que las naciones del área perderán cerca de $ 3.850 millones de la recaudación tributaria del año 2020 como consecuencia de la contracción de la actividad económica, la reducción de los flujos de remesas de los trabajadores en el exterior, la disminución severa de los ingresos de la actividad turística, la caída de las exportaciones y la reducción de las ventas de las empresas y de los ingresos de los trabajadores, como resultado de la pandemia de COVID-19.
Para elaborar esta estimación, el Icefi empleó los resultados oficiales disponibles de la recaudación tributaria acumulada más reciente en cada uno de los países de Centroamérica.
En el caso de Costa Rica, la entidad estima que la recaudación de impuestos, en el presente año, se reducirá en un monto equivalente a 0,41% del Producto Interno Bruto (PIB) (ver el gráfico).
Al 31 de marzo de 2020, dice ese centro de investigación, Costa Rica reportó oficialmente una recaudación tributaria acumulada de ¢1.291,7 mil millones, 4,7% por encima del monto reportado en el mismo período de 2019.
Lo anterior fue resultado principalmente del crecimiento de 22,2% en la recaudación del impuesto a los ingresos y utilidades de las personas físicas, de 42,1% en la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) interno y de 13,4% en el resto de los impuestos indirectos al consumo.
“No obstante, las cifras acumuladas a abril muestran un cambio importante, con contracciones del 12,0% en el impuesto a los ingresos y utilidades a personas jurídicas y del 13,9% en los impuestos sobre importaciones, aún sin haber percibido el efecto de la contracción en las ventas que implicará para el resto del período la disminución de la actividad económica y la pérdida de productividad en los impuestos por la falta de capacidades de la administración tributaria”, añadió.
Dado lo anterior, la entidad estima que la recaudación, al final de 2020, alcanzará ¢4.648 mil millones, equivalentes al 12,9% del PIB y que implicará una caída de alrededor de ¢442,4 mil millones (0,41% del PIB) respecto del presupuesto.
El propio Ministerio de Hacienda de nuestro país había dado a conocer, a comienzos de mayo, que la mejora en la recaudación tributaria, antes de la pandemia, quedó interrumpida por la expansión de la COVID-19 “y ahora estimamos la segunda mayor caída del crecimiento económico en Costa Rica en 70 años”.
Debido a los gastos extraordinarios para encarar la emergencia, el déficit primario aumentaría a -4,8% y el déficit financiero a -10% del PIB.
Para poder costear tanto los gastos corrientes del Gobierno como los pagos de la deuda pública y financiar tanto los subsidios como las acciones para contener la pandemia, la administración está recurriendo a créditos blandos con organismos multilaterales, a la presentación de presupuestos extraordinarios y a proyectos de ley contingentes, como el que le permitirá no pagar anualidades a quienes laboran en el sector público y destinar ese dinero a los gastos por la emergencia.
Consultada por UNIVERSIDAD, la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, no descartó que el gasto que se realiza en el subsidio directo por persona del Bono Proteger, programado para tres meses, tuviera que continuarse por más tiempo, pero dijo que “es prematuro plantear la extensión en los mismos términos actuales y con base en la tendencia que hemos observado” (ver la entrevista).
Por su parte, el economista Pablo Sauma, especializado investigador del gasto social del Estado, opinó que “lamentablemente, el día a día va demostrando que podrían ser más meses de los inicialmente previstos” (ver la entrevista).
