Datos recolectados por el Programa Estado de la Nación indican que el crecimiento económico de nuestro país no se refleja en nuevas oportunidades de empleo ni en mejoras salariales, principalmente para población con poca educación o para las mujeres.
En un modelo de crecimiento económico sostenible, las oportunidades laborales crecen en conjunto con la demanda de producción, sin embargo, en nuestro país se apostó por un modelo económico en donde la economía crece pero no genera empleos ni mejora los ingresos de los trabajadores costarricenses.
El desempleo ocupa un lugar entre los principales problemas en Costa Rica desde hace ya una década. La tasa actual de desempleo abierto es superior al 9% y el promedio de los últimos cinco años (9,8 %) la más alta en tres décadas.
La molestia es tal que la falta de oportunidades de empleo es ya la tercera mayor razón de descontento ciudadano y, en general, el comportamiento económico se encuentra entre los más altos niveles de descontento.
Según la Encuesta de Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los ocupados en el 2015 crecieron en un 1% con respecto al año anterior; no obstante, el promedio de crecimiento en personas desocupadas sigue siendo mayor. Es decir, la cantidad de personas que demandan un empleo es mayor que la que puede satisfacer el aparato productivo.
El análisis realizado por el Programa Estado de la Nación (PEN) señala que existe una desconexión entre la estructura productiva y la generación de empleo. Los sectores que aportaron mayor crecimiento en los últimos años tienen poco impacto en la generación de empleo y especialmente en la generación de empleo para mano de obra no calificada.
En total, los seis sectores que generaron mayor impacto en el crecimiento económico suman un 84,9%, pero tan solo aportaron en un 36,7% al aumento de empleos. De esos sectores destacan las actividades profesionales, científicas y técnicas que aportaron con su actividad un 20% pero en el mismo periodo solo aportaron 3,2 % en oportunidades laborales.
Además, las nuevas oportunidades que generan estos sectores se limitan a las personas con mayor calificación educativa. Esto da como resultado un modelo económico en el que los trabajadores con mano de obra no calificada no solo tienen la menor cantidad de oportunidades de empleo, sino que también las obtienen en los sectores económicos con menos crecimiento (o incluso que decrecen), con bajas remuneraciones y en descuido de sus garantías sociales.
Por otro lado, el Informe indica que la participación laboral por género sigue sin mayores cambios desde los últimos 6 años. La cantidad de hombres en edad productiva ocupados o en busca de empleo en el 2015 era del 74% en contraste con el 48% en el caso de las mujeres, quienes se ven limitadas no solo por la carga del trabajo doméstico no remunerado sino también a la brecha en salarios que para ese mismo año era del 18% a favor de los hombres.
La importancia en cuanto a la necesidad de políticas públicas que enfrenten las tasas de empleo crece si tomamos en cuenta que Costa Rica tiene una población que inicia su proceso de envejecimiento, lo que significa que necesita una fuerza laboral activa que pueda sostener las demandas en salud y pensiones.
Esto se puede visibilizar en los niveles de descontento reportados en el Informe, en donde se indica que son las poblaciones económicamente activas (entre 25-56 años) las que presentan mayores niveles de descontento. Estos niveles repuntan en los jóvenes recién integrados a la fuerza laboral y en las personas cercanas a pensionarse.
Ocupaciones informales
Como resultado de la falta de oportunidades el empleo informal ha crecido en el país. El reporte indica que solo 6 de cada 10 personas pertenecen al sector formal, y aunque hay personas que escogen emprender y trabajar de forma independiente considerándolo como una oportunidad (10%), la realidad es que el 46% trabaja de esta forma por necesidad, según datos recolectados por el INEC en el 2015.
El perfil de emprendedor por necesidad se caracteriza por tener bajo acceso a tecnología (80%), una alta informalidad y poco apoyo reportado por parte de instituciones estatales.
“Las personas pobres participan menos en el mercado de trabajo, tienen menores tasas de ocupación, mayor proporción de empleos informales y sus tasas de desempleo superan más de cuatro veces las de las personas no pobres. Todos estos problemas se agudizan en los hogares que viven en extrema pobreza”, indica el Informe.
Los investigadores del PEN apuntan como alternativa políticas públicas que entiendan el nuevo entorno comercial, actualmente hay más de 300 mil emprendimientos que generan el 28% del empleo total, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares Productores (Enhopro) del 2015.
Por otro lado, y aunque no contempla los negocios completamente informales, datos recolectados por Omipyme señala una cantidad de más de 150 mil empresas involucradas con los gobiernos locales, a diferencia de los 67 mil establecimientos formales registrados en la CCSS.
El 40% de las empresas que se ven registradas en las patentes municipales se dedican al comercio al por menor, y el 30% de estas son pulperías, abastecedores o supermercados. Otro 26% se dedica a negocios pequeños.
Contemplar de nuevo el tamaño y forma del comercio nacional podría dar un indicio de las reformas necesarias en las políticas públicas para apoyar el crecimiento económico desde los emprendimientos.
Soluciones débiles
Las soluciones que presenta este Informe se ven debilitadas por el mismo modelo económico. Por ejemplo, a pesar de que el apoyo a los sectores tradicionales puede significar recuperar muchas oportunidades de empleo, la apuesta del país es para la exportación de productos de, principalmente, sectores tecnológicos.
Otra propuesta para enfrentar el desempleo es la producción a partir de la innovación; sin embargo, el Informe señala que durante los últimos años la innovación de nuestro país ha sido muy limitada, ya que las empresas se concentran en mejorar productos ya existentes que tienen mercados limitados.
Además, según el reporte, el modelo de Estado ha sacrificado la inversión de infraestructura pública, vital para dar soporte al desarrollo de los diferentes sectores económicos, para poder manejar los desbalances financieros del gobierno. Esto debilitaría cualquier política pública que buscará generar empleos.
