Especial desde la Zona Sur I Costa Rica I
El sol de la mañana obligaba a entrecerrar los ojos, ardían en la piel los 32 grados de temperatura que empujaban a buscar una sombra; mientras tanto, un grupo de ocho personas migrantes, entre ellos un pequeño niño que jugaba con la tierra, relataban lo que habían padecido en los últimos siete meses tratando de llegar a Estados Unidos, y cómo las políticas del presidente Donald Trump los obligó a devolverse.
“Nos bajamos del bus aquí, en el refugio, porque nos dijeron que para poder seguir hacia Panamá teníamos que registrarnos. Ahora solo queremos bañarnos y comer algo, pero ya tenemos horas de estar esperando y no nos dejan entrar, el niño tiene desde ayer que no come nada. No nos queremos quedar, buscamos regresar a nuestro país y tenemos el dinero para irnos en bus”, relataba el pasado 21 de febrero a UNIVERSIDAD un miembro de este grupo de migrantes.
A los quince minutos de conversar con ellos, los portones del Centro de Atención Temporal de Migrantes en la frontera Sur (Catem) se abrieron y les permitieron pasar, casi de inmediato salió un grupo de diez personas migrantes, la mitad eran niños. Media hora después, casi en caravana, otro grupo, de unas doce personas y también con menores de edad, dejó las instalaciones.
Adentro, muchas otras personas esperaban para salir del Catem. ¡Lógico, para continuar con su viaje!, pensará el lector. Pero no: para salir de Costa Rica hacia Panamá en la ruta migratoria de retorno, los migrantes deben tomar un bus que sale del Centro de Atención, ubicado en el cantón de Corredores, cerca de la frontera panameña. El pasaje del bus cuesta $60 por persona y quien no tiene el dinero, pues no se va.
La salida de estos migrantes del Catem, donde al menos tienen dónde dormir, bañarse y cubrir sus necesidades básicas, se debe a que ya tenían cinco días de haber ingresado y los obligaron a abandonar las instalaciones.
Esteban Guadamuz (nombre ficticio para guardar su identidad) relató que él, su esposa, hijo y un primo enfermo ya tenían cinco días de estar en el Catem, ellos no se habían ido en los buses que trasladan a los migrantes hasta la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) de Lajas Blancas, en Panamá, muy cerca del tapón del Darién, porque no tenían el dinero suficiente.
“La Policía de Migración nos dijo que esto no es un hotel para quedarnos, que ya nos habían tenido varios días, nos dieron plazo hasta la una de la tarde, aunque no nos dejan salir porque hay periodistas afuera. Pero para dónde vamos a coger, no tenemos nada y en Panamá no están dejando pasar. Y es que como vinieron personas de otras nacionalidades, como chinos, afganos y otros de Asia que mandaron de Estados Unidos, les dan prioridad a ellos, hasta les dan cajitas con comida y a nosotros no, prácticamente nos están marginando”, aseguró.
Guadamuz se refería al grupo de 135 personas migrantes que arribó ese mismo día en horas de la madrugada al Catem, quienes fueron enviadas por Estados Unidos en un convenio con el Gobierno de Costa Rica para servir de puente a las deportaciones masivas de la Administración de Donald Trump.
Entre las personas que llegaron al país hay 9 afganos, 17 armenios, 6 de Azerbaiyán, 26 chinos, 8 de Georgia, 2 de Ghana, 4 de Jordania, 3 de Kazajistán, 8 rusos, 5 de irán, 7 vietnamitas, 10 de Turquía y 30 personas de Uzbekistán.
Según el presidente Rodrigo Chaves, Estados Unidos le hizo la petición de recibir a estas personas deportadas, procesarlas a través de la Embajada de Estados Unidos (con todo pago) y que, en el período de cinco o seis semanas, los mandarían en vuelos a sus países. Por lo tanto, estos migrantes se mantendrán recluidos en el Catem durante ese período, ya que el Gobierno estadounidense financia todos sus gastos.
Y aunque la tragedia ha tocado la vida de cada una de las personas que están en el tránsito migratorio, hay condiciones de la política internacional que hacen que el regreso de sus hogares sea más digno para unos que para otros, pues mientras la mayoría que no tienen recursos para irse en buses a Panamá y a los cinco días en el Catem se ven obligados a entrar en situación de calle, a otros les garantizan techo y comida mientras llegan a sus destinos.
El riesgo de estar en la calle
Roy Arias Cruz, coordinador de Fronteras del Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica, indicó que la situación cada vez se torna más grave, pues la mayoría de los migrantes en retorno llegan al cuello de botella llamado paso Canoas en la frontera sur con Panamá.
Hay un decreto de Gobierno, publicado el 6 de enero en el diario oficial La Gaceta, que establece que las personas pueden quedarse, por una única vez, en el Catem hasta por cinco días; esto se puede prorrogar si existe una condición extraordinaria de vulnerabilidad por 25 días. Además, quienes estén en flujo migratorio irregular, no pueden trabajar por cuenta propia, ni con un patrono.
“El problema es que las personas que sacan están obligadas a recurrir a las redes de trata de tránsito, a taxistas informales o cualquiera que los pueda pasar a Panamá, pero en algún punto del país hermano los pueden detener y regresarlos. Expertos señalan que esto irá creciendo y que es muy probable que se vayan activando las rutas alternas peligrosas, como Río Sereno en San Vito o que deban pasar por el territorio de la Comarca Ngäbe-Buglé; en el mejor de los casos, gestionar con organizaciones de ayuda humanitaria para que los vuelvan a recibir en el Catem”, indicó Arias.
La proyección, agregó el coordinador de Fronteras del Servicio Jesuita, es que esas redes ilegales se van a fortalecer, un fenómeno que no es exclusivo de Costa Rica y Panamá, sino que se está presentando en todas las Américas y Europa, con conglomerados de personas varadas en fronteras, grupos criminales organizados y respuestas de Gobiernos cuestionables.
Una alternativa que tienen las personas migrantes con mayores niveles de vulnerabilidad, que están sin recursos y no tienen como regresar a sus países, es solicitar refugio en el país; sin embargo, al realizar esta gestión tienen que salir de inmediato del Catem, quedando desprotegidas, tal y como lo hizo, don Sergio Jiménez (nombre ficticio para guardar confidencialidad), un migrante venezolano que llegó a Costa Rica con sus hijas y nieto.
“Salimos de Colombia el 21 de enero, ya habíamos migrado de Venezuela. Esa travesía de cruzar el Darién no se la recomiendo a nadie, mucho menos si tiene hijas, no lo hagan, porque lo que vivimos ahí fue horrible. Yo dejé mi trabajo y me vine acompañando a mi hija que es menor de edad, porque estaba decidida a alcanzar a su pareja, es algo que no debí haber hecho, nosotros tuvimos que salir del Catem”, narró.
El agotamiento es evidente y visible en su rostro, sus manos y cuerpo, pero más desgarradora es la enorme cicatriz que se percibe en su corazón: con la voz entrecortada, don Sergio narró como él, sus hijas y nieto experimentaron en la selva del Darién la peor faceta de los seres humanos, una experiencia que los marcó para toda la vida.
Por suerte, mientras estuvieron en el Catem, manos amigas identificaron su caso y entendieron que no podían dejarlos a la deriva, en situación de calle, con un bebé de siete meses, y comenzó un operativo de líderes comunales y de organizaciones humanitarias para buscarles un refugio, comida y apoyo, de manera que puedan sostenerse mientras hacen la solicitud de refugio. Regresar atrás no tiene sentido, perdieron todo y sin recursos es imposible volver.
“Decidimos no seguir hacia Estados Unidos porque no teníamos apoyo. Cuando llegamos a Los Chiles, en la frontera con Nicaragua, vimos como venía gran cantidad de gente deportada o regresando voluntariamente y me dijeron que si llegaba a México sería afortunado, pero que si lograba cruzarlo sería más, porque allí hay carteles de secuestros, trata de niñas y mi temor fue por mis hijas y sobre todo por mi nieto, fueron tantas cosas que dije ‘hasta aquí’”, agregó.
Roy Arias añadió que desde las organizaciones lo que ven es improvisación de parte de los gobiernos, pese a que hay decretos oficiales en Costa Rica y Panamá, en la práctica las cosas no están tan resueltas, sumados a la presión de las políticas migratorias estadounidenses.
“Nos preocupa mucho que no hay acceso a la información, el CATEM no puede estar a puertas cerradas, debe existir información sobre cómo opera y que las organizaciones puedan ingresar, evaluar y supervisar el trabajo que se está realizando”, indicó Arias.
“Tenemos varios flujos migratorios, se atiende cada uno de forma particular”
Omer Badilla, viceministro de Gobernación, Policía y director general de Migración y Extranjería.
María José Núñez Chacón
Ante la consulta de UNIVERSIDAD, el viceministro de Gobernación, Policía y director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla, aseguró que, en la actualidad, el país tiene varios flujos migratorios: el ordinario que viene de sur a norte, pues pese a las políticas antimigratorias de Estados Unidos todavía hay gente que añora llegar al suelo norteamericano.
“El segundo está compuesto por el flujo inverso, aquellos que llegaron a México o Estados Unidos y, por las restricciones del presidente Donald Trump, han tenido que retornar a sus países de origen, caminando por Centroamérica. Ahí tenemos, sobre todo, venezolanos, ecuatorianos y colombianos”, explicó el vocero.
Además, agregó Badilla, está el grupo de 135 retornados que ingresaron en avión desde Estados Unidos (el martes 25 de febrero arribaron 65 más en un nuevo vuelo), los cuales “son totalmente independientes, separados y que se atienden cada uno de forma particular”.
¿Cuántas personas hay en estos momentos en el CATEM?
—Ahora tenemos a las 200 personas que llegaron de Estados Unidos, así como el flujo variable que buscan llegar a territorio estadounidense y los que tratan de regresar a Sudamérica.
Ese flujo es de alrededor de 50 a 70 personas todos los días, pero es un flujo ordinario, porque en algún momento en el Catem hemos llegado a atender hasta 3.000 personas por día, cuando se dio la crisis de los flujos migratorios hace un par de años.
¿Cuántos buses salen del CATEM hacia Panamá?
—Todos los días sale un autobús de norte a sur, y en este grupo no se contempla el grupo que vino desde Estados Unidos en el vuelo, pues tienen una connotación distinta: están buscando un retorno a sus países, para lo cual el Gobierno estadounidense liberó recursos a través de las agencias de Naciones Unidas para atenderlos y costear todos sus requerimientos, incluyendo alimentación, servicios médicos, insumos y hasta la compra de sus tiquetes aéreos.
¿Por qué Costa Rica está trabajando en la devolución de estas 135 personas? ¿A cambio de qué?
—Fue una colaboración que solicitó el Gobierno de los Estados Unidos y que vio en Costa Rica un país cuyas alianzas y relación es muy estrecha. Estamos decidiendo colaborar en todo el proceso, lo financia Estados Unidos, mientras Costa Rica brinda alojamiento y custodia en el Catem que es una actividad regular que realiza la Policía profesional de Migración.
Una travesía de regreso obligada
Mientras 135 personas deportadas desde Estados Unidos deben amoldarse a las condiciones que le ofrece Costa Rica en el Catem, autoridades juegan un pulso con la Defensoría de los Habitantes, la cual aseguró que se violentaron sus derechos a su llegada al país.
María José Núñez Chacón
Era pasada la medianoche del viernes 21 de febrero, en las afueras del Centro de Atención Temporal de Migrantes (Catem), ubicado en Corredores de Puntarenas, cuando llegaron tres buses que traían a 135 personas migrantes deportadas desde Estados Unidos.
Habían arribado al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en la provincia de Alajuela, a eso de las cinco de la tarde del día anterior, luego de un vuelo de cinco horas. Inmediatamente fueron trasladados en los buses, en otro viaje que duró cerca de siete horas más, hasta la frontera sur del país.
Venían escoltados por la policía y otros tantos los esperan dentro de las instalaciones del Caten. Comenzaron a bajar de los buses, hombres y mujeres, familias, quienes llevaban a sus hijos en brazos o de la mano, incluso una persona en silla de ruedas, la mayoría con mascarilla en sus rostros. En la entrada los esperaba el ministro de Seguridad, Mario Zamora.
Los medios de comunicación que dieron cobertura al evento se mantenían registrando desde el otro lado de la malla, podíamos observar, con el paso de los minutos, cómo descargaban las maletas y los niños pequeños comenzaban a corretear a lo interno de las instalaciones. Según el registro oficial de videos y fotografías suministrados por el Gobierno, las personas migrantes fueron atendidas, se les dio zapatos y ropa.
Lo que sí podía apreciarse era a los niños caminando por los pasillos, en sus manos llevaban globos y eran llevados, junto a los adultos responsables, a los cuartos dispuestos para cada uno, era hora de dormir. A la espera de una nueva travesía obligada hasta sus países de origen.
El Gobierno celebró el operativo como exitoso; sin embargo, en horas de la mañana, la Defensoría de los Habitantes aseguró que, en realidad, los derechos humanos de las decenas de personas que recibió el país fueron violentados.
“No se dispuso de un lugar adecuado para su llegada y permanencia hasta el traslado al Catem-Sur, pasaron del avión a los buses para continuar su destino. La traducción fue limitada, las personas deportadas dijeron haber sido despojadas de sus documentos de identidad; niños y niñas tenían horas sin poder descansar o alimentarse apropiadamente”, condenó la Defensoría.
Por su parte, el ministro Zamora, en un comunicado, dijo no coincidir con la posición de la Defensoría, que según manifestó, solo se limitó a llegar al aeropuerto y que era contraria a lo que Naciones Unidas reportaron.
“El viaje no concluía en el aeropuerto, sino en el Catem-Sur, donde había personal traductor para explicarle a las personas la situación desde el punto de vista del derecho migratorio internacional y, al día siguiente, continuar las entrevistas personalizadas”, aseguró el jerarca.
