A causa de las amenazas que representa el uso intensivo de agroquímicos, las carentes políticas de protección ambiental, falta de control de la pesca y la pérdida de ecosistemas a causa de la agricultura y ganadería intensivas, son algunos de los factores que constribuyeron para que en el curso de una década, Costa Rica pasara de ser el tercer país con mejor desarrollo ambiental en el mundo, al puesto 68.
Así lo evidencia el Índice de Desempeño Ambiental 2022 (EPI por sus siglas en inglés: Environmental Performance Index), un análisis realizado por investigadores de las universidades Yale y Columbia que proporciona un resumen basado en datos sobre el estado de la sostenibilidad en el mundo.
El EPI evalúa a 180 países en 40 indicadores y 11 categorías respecto en temas como manejo de biodiversidad, agua, agro, cambio climático, salud ambiental, vitalidad de ecosistemas, emisiones de carbono y manejo de desechos.
En 2011, una década atrás, nuestro país alcanzó su máxima posición en el mencionado ranking, ocupando la tercera posición con 86,4 puntos de 100 posibles. Este año, la nación llegó a su peor posición en el ránking, pues se ubica en el puesto 68 de la lista, con apenas 46.3 puntos de los 100 disponibles en la evaluación.
Si bien el pais puntúa bien en algunos de los ítemes evaluados, como porcentaje de áreas protegidas, emisiones disminuidas de dióxido de carbono a causa de la cubierta terrestre, microplásticos encontrados en el mar y hasta figura en el primer lugar con menos crecimiento (relativo) de emisiones de dióxido de azufre; otros rubros se traen abajo la puntuación nacional.
PNUD: Costa Rica usa hasta 8 veces más plaguicidas que los demás países OCDE de América
El estudio es parte de un paquete de publicaciones del PNUD que incluyen un informe sobre cuánto dinero deja de percibir el Estado por las exenciones de impuestos a los plaguicidas y otro sobre el costo para el Estado de las afectaciones a la salud derivadas de la exposición a plaguicidas.
Así, Costa Rica puntúa muy por debajo de la media en rubros como desempeño en reciclaje, sobreuso de pesticidas y sostenibilidad de la agricultura, aumento de emisiones de compuestos dañinos para el medio ambiente, pérdida de pastizales, humedales y bosques, así como la pérdida de hábitat para especies en peligro de extinción.
Además, la inclusión de nuevas categorías, como desempeño energéntico, cambio climático, tratamiento de aguas residuales, sobrepesca, estado de las poblaciones de peses, calidad del aire e incidencia de enfermedades causadas por factores ambientales, han evidenciado la falta de políticas ambientales que se ajusten a la realidad de los tiempos y por ende, impactado nuestra posición en el escenario internacional.
UNIVERSIDAD informó semanas atrás que Costa Rica usa entre cuatro y ocho veces más plaguicidas por hectárea que los demás países de América que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que son Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Colombia.
Estos países usan en promedio 2 kilogramos de ingrediente activo por hectárea (kg. ia/ha) de tierra de uso agropecuario (pastos y cultivos juntos), Costa Rica registra cantidades superiores a los 9 kg ia/ha, de acuerdo con el informe Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica, publicado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El estudio también reveló que este uso intensivo de pesticidas y fertilizantes le cuesta cada año al país cerca de ¢40.233.870.000, casi un 0.1% del Producto Interno Bruto, pues se exonera cerca hasta ¢18.412 millones de impuestos a la industria y se gasta anualmente más 6.000 millones en atender intoxicaciones por ingesta de las sustancias, esto sin contemplar los costos por daños a la salud por exposición prolongada y daños ambientales.
Intoxicaciones y exoneraciones en agroquímicos le cuestan al país más de ¢40 mil millones anuales
El país exonera cerca hasta ¢18.412 millones de impuestos a la industria y gasta hasta anualmente más 6.000 millones en atender intoxicaciones por ingesta de estas sustancias, sin contemplar los costos por daños a la salud por exposición prolongada y daños ambientales
El Bloque Verde, organización ecologista nacional, dijo sobre el tema en un comunicado que buena parte del problema se origina en el uso excesivo e intensivo de agroquímicos, especialmente plaguicidas, que generan un alto riesgo de contaminación del agua, como «ha sido más que patente en comunidades de San Carlos, Siquirres y Cartago».
«En Costa Rica se siguen usando 133 agrotóxicos considerados altamente peligrosos por sus implicaciones en la salud y en el medio ambiente, como por ejemplo, el paraquat y el metamidofós, un insecticida que está prohibido en 102 países. El reciente informe del PNUD sobre uso de plaguicidas en el país revela que el 93% de los agrovenenos usados en Costa Rica son Pesticidas Altamente Peligrosos, es decir que Costa Rica es el basurero de los agroquímicos que en otras partes del mundo están prohibidos y que acá todavía se comercializan», indicaron.
Cabe destacar que según los datos del PNUD en el país se usan 80 ingredientes activos (moléculas) de plaguicidas asociados con efectos agudos para los humanos, de los cuales soo 34 están permitidos en la Unión Europea. También se se usan 58 ingredientes activos asociados con el cáncer, de los cuales 42 están prohibidos en la Unión Europea. En el territorio se utilizan 95 ingredientes activos asociados con otros efectos adversos para la salud, 56 de los cuales están prohibidos en la Unión Europea, detalla el estudio.
Y como si esto fuera poco, en el país se usan 119 moléculas “asociadas con afectaciones ambientales, especialmente para organismos acuáticos y abejas”, y solo 49 de ellas están permitidas en la Unión Europea, según el documento.
Los activistas también afirman que el origen de esta mala puntuación es la desregulación, desfinancimiento y desmantelamiento de las instituciones y los controles legales ambientales, así como la «parálisis» del sistema judicial ambiental, la impunidad y legalización de los delitos ambientales. «Habrá que sumarle además la desprotección y el poco apoyo que enfrentan las personas activistas defensoras de los derechos ambientales e indígenas», concluyeron.
