Asdrúbal tiene 36 años y trabaja como administrador aduanero en una empresa médica ubicada en una zona franca. Es soltero, no tiene hijos y sí, un salario que crece año con año.
Proveniente de una familia de clase media de Guadalupe, sacó una licenciatura en la Universidad de Costa Rica, una maestría en la Universidad Nacional, y aprendió dos idiomas antes de empezar su vida profesional. En 2011 empezó a trabajar en una empresa médica y desde entonces su carrera junto con su colilla de pago, despegaron.
Gracias a la llegada de nuevas empresas del sector al país y de la competencia por profesionales experimentados, en los últimos seis años ha cambiado varias veces de empleo, siempre con mejoras en sus condiciones. Incluso durante la pandemia, cambió de trabajo por uno mejor, mientras buena parte del país raspaba los ahorros.
Mientras tanto, Gerardo tiene la misma edad y viene también de una familia de clase media, pero de Desamparados. Comenzó a trabajar recién saliendo del colegio para poder pagarse la universidad, pues no entró a ninguna universidad pública.
Se ha desempeñado en distintos puestos, desde mesero en restaurantes, hasta administrando bares, en agencias de turismo y empresas de diseño gráfico. Le tomó más de una década, pero ya está en los últimos cursos de la licenciatura y espera que eso le abra puertas, sin embargo, en los últimos años, su situación económica no ha hecho más que empeorar.
En 2019, tenía trabajo tiempo completo y le salían algunos “camaroncillos” que le ayudaban a “redondear”. En julio de ese año, cuando entró a regir el impuesto de valor agregado creado por la reforma fiscal y en vista de que ninguno de sus clientes aumentó el presupuesto de lo que pagaba para cubrir ese 13%, sus ingresos se recortaron y esos trabajos extra se volvieron poco rentables.
Con la llegada de la pandemia y las restricciones sanitarias en 2020, perdió el trabajo que tenía en un restaurante y a mediados de año le tocó regresar a la casa materna, pues no podía costear el alquiler. Desde ese momento, no ha vuelto a tener ingreso fijo.
Unos meses se dedicó a hacer Uber Eats con una motocicleta prestada, pero tuvo un fallo mecánico y no pudo costear el arreglo: tuvo que dejarlo. Sus ingresos actuales dependen de lograr colocar trabajos de diseño gráfico y que el cliente acceda a pagarle “por debajo de la mesa”, es decir, sin factura porque no puede costear ni los impuestos, menos el pago a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Gerardo es un número más en el 20% de las familias más pobres del país (I quintil), cuyos ingresos promedios rondan los ¢200.000 mensuales, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Estas familias, cada año que pasa, ven sus circunstancias empeorar.
En contraposición, Asdrúbal es buen ejemplo de quienes se ubican en el 20% de la población con más ingresos, quienes, además, en años recientes, han visto mejoras en sus ya afortunadas circunstancias y que al 2021 tenían un ingreso promedio que supera los ¢2.500.000 por familia.
De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la desigualdad en nuestro país es mayor que la del promedio de los países que integran ese grupo, y solo va en aumento.
En picada y sin frenos
Según información del Banco Interamericano de Desarrollo —referida por un proyecto especializado de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos—, el país se encuentra dentro de los 10 países más desiguales de América Latina, y ese indicador continúa creciendo.
“En términos porcentuales, Colombia, Perú, Bolivia y Chile experimentan los mayores aumentos, con cambios entre 8 y 5% en el índice de Gini entre 2019 y 2020. Le siguen Ecuador, Brasil y Costa Rica con un incremento entre 2.6 y 1%”, reza el texto La pandemia aumenta la desigualdad en América Latina del BID.
En años recientes, empezando con el Plan Fiscal en 2018 y luego, por efecto de la pandemia, la situación se ha agudizado y Costa Rica pasó de un 22% histórico de personas viviendo en pobreza a un 30,5%, de acuerdo con el Informe del INEC de 2020. Para ese año, sumando pobreza general y pobreza extrema, casi 1 de 3 costarricenses eran pobres y más de un millón cien mil personas vivían en promedio al día con menos de ¢2.000.
Expertos consultados afirman que esta profundización de las brechas se debe a la falta de políticas públicas que redistribuyan la riqueza, así como a los regímenes de exoneraciones y a la evasión fiscal.
En octubre de 2021, cuando el país alcanzó su récord de desigualdad, el coordinador de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC, Eddy Madrigal dijo a UNIVERSIDAD que, aunque la variación con respecto 2020 (0,519) no era significativa, “sí confirma que en los últimos once años no tenemos ninguna tendencia a mejorar”.
El economista Fernando Rodríguez, dijo en entrevistas previas con este semanario que “los partidos han despreciado la capacidad que tiene la política fiscal para redistribuir la riqueza” y que eso es evidente si se analiza el coeficiente de Gini antes y después de la aplicación de la política fiscal.
“Muchos países europeos, por ejemplo, tienen niveles altos de desigualdad, pero una vez que se aplica una política fiscal progresiva, unos pagan más y otros menos, y esos niveles se reducen significativamente. En el caso de Costa Rica, los niveles son prácticamente iguales, porque la política fiscal no está sirviendo para redistribuir la riqueza”, asegura.
Por ejemplo, la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aumentó un 5% a cada tramo de renta e introdujo el impuesto al valor agregado, un tributo calificado como regresivo por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, ya que amplía la gama de bienes y servicios que pagan todos los consumidores.
También introdujo nuevas trabas a PYMES y trabajadores independientes como la facturación electrónica y las declaraciones mensuales, que muchos, como Gerardo, no pudieron asumir. Mientras tanto, los regímenes de excepción, como las zonas francas, se mantuvieron incólumes, permitiendo entre otras cosas redirigir sus recursos a compensar mejor a sus trabajadores, entre los cuales está Asdrúbal.
Además, de acuerdo con el estudio de Jaime Ordoñez denominado Desigualdad Económica en América Latina la clase media se ha enfrentado a un proceso de estrechamiento, entre el año 2002 y el año 2017, pues “la proporción de los ingresos disponibles para la población de los estratos medios, disminuyó de un 70.9% hasta un 55.9%, aun cuando la participación de dichos estratos aumentó del 26.9% al 41.1%”, lo que implica que aún cuando participan más de la actividad económica, eso no resulta en una mejora de sus condiciones de vida”.
La medida de la desigualdad
El coeficiente de Gini analiza los ingresos de distintos grupos o personas, y la distancia entre ellos, asignando un valor entre 0 y 1, de modo que a mayor coeficiente implica más desigualdad en la distribución de ingresos. Así, un Gini de 0 implica que todas las personas tienen los mismos ingresos y 1 que solo una persona recibe todos los ingresos del grupo analizado.
En el caso costarricense, el valor alcanzó un récord de 0,524 puntos por persona en octubre de 2021 y de 0.517 si se mide por hogar. Mientras más ese número se aleje de 0 y se acerque a 1, como ha sucedido desde hace décadas, más desigual es el país.
