Proyecto de ley en el Congreso

Costa Rica avanza hacia el Estado laico

Reforma constitucional que eliminaría oficialidad confesional del Estado costarricense será discutida en la Asamblea Legislativa.

Una sencilla reforma a dos artículos de la Constitución Política lograría que finalmente Costa Rica deje de ser un Estado confesional que privilegia una doctrina y estructura religiosa sobre todas las demás, confiriéndole rango de oficial.

La reforma se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el número de expediente 18.496. Fue presentada desde junio del 2012 y mediante un decreto el pasado 28 de marzo el Poder Ejecutivo la convocó a ser votada en el actual periodo de sesiones extraordinarias.

Se trata de modificar los artículos 75 y 194 de la Constitución Política. El primero de ellos es el que actualmente establece que “la Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento”.

Con la reforma, ese artículo quedaría así: “El Estado será neutral en materia religiosa, y

garantizará la libertad de conciencia y la de profesar cualquier religión

dentro del marco de la ley”.

La reforma al artículo 194 establece el juramento que deben prestar las personas designadas a cargos públicos de la siguiente manera:

“- ¿Jura por Dios, o por sus convicciones personales y promete a la

Patria observar y defender la Constitución, las leyes de la República,

y cumplir fielmente los deberes de su cargo?’ ‘- Sí, juro.’ ‘- Si así lo

hiciere, que la Patria se lo reconozca; y si no, que ella se lo

demande”.

DEL SIGLO XIX AL XXI

Gabriela Arguedas, del Movimiento por un Estado Laico, apuntó que la reforma tal como está planteada responde a lo que esa organización ha propuesto “por años”, e informó que ese Movimiento colaboró en el proceso de redacción de este proyecto. “Si se aprueba en estos términos estaríamos absolutamente satisfechos”.

Arguedas se cuestionó “¿por qué ha costado tanto que pasemos del siglo XIX al XXI? Esta es una discusión largamente superada en el marco de cualquier república democrática”.

Subrayó al respecto que incluso las posiciones oficiales del Vaticano desde el Concilio Vaticano II han sido a favor de la laicidad del Estado y en contra de que haya un estatuto jurídico que le dé a la religión católica rango de superioridad por encima de otras religiones.

Añadió que en ciertos temas la jerarquía católica del país se desapega de los dictámenes del Vaticano, pues en este tema aprecia “claramente” una contradicción.

Arguedas también se refirió al hecho de que con la reforma ya el Estado no tiene la obligación de contribuir al mantenimiento de la iglesia Católica y ponderó que la jerarquía eclesiástica deberá desarrollar su propia estrategia de financiamiento.

A lo largo de los años, el Estado ha girado cuantiosas sumas de dinero a esa instancia. Según han reportado diversos medios de prensa, en los últimos años ese aporte fue de ¢710 millones en el 2014, ¢693 millones en el 2013, ¢421 millones en el 2012, ¢507 millones en el 2011 y ¢744 millones en el 2010.

La administración Solís Rivera tomó la decisión de eliminar los aportes que desde la Cancillería se hacían a las arcas de la iglesia católica. Sin embargo, según informó La Nación en setiembre del año pasado, el Ministerio de Educación Pública (MEP) destina este 2016 ¢428 millones a la diócesis de Tilarán.

Por otra parte, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) también aporta ¢17,5 millones al mantenimiento del archivo histórico de la Arquidiócesis de San José.

Arguedas recordó que la discusión sobre la laicidad del Estado se ha utilizado para “hablar de otros temas que no tienen que ver, se ha demonizado la neutralidad religiosa del Estado y quienes han contribuido a ese discurso claramente falaz, claramente manipulador, son voceros de la iglesia católica”.

Anacronismo

Desde la Asamblea Legislativa el diputado Ottón Solís, del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), consideró como un “anacronismo antidemocrático” el hecho de que en Costa Rica se establezcan “preferencias por una religión y darle ventajas constitucionales”.

Añadió que no darle el mismo estatus a todas las religiones es “violatorio de derechos humanos universales”.

Solís junto con su compañera de fracción Epsy Campbell solicitó al Poder Ejecutivo que convocara el proyecto porque se acababa el plazo cuatrienal para hacerlo, con lo cual hubiera quedado enterrado.

“Tenemos que dar el paso hacia la libertad religiosa”, apuntó y añadió que en la Asamblea Legislativa “bastante gente” apoya el proyecto, “pero como es un tema impopular  deben haber diputados que no lo dicen y quizás hasta no lo voten, pero no hay argumentos para oponerse”.

Durante la administración Chinchilla este proyecto de reforma no contó con ambiente, incluso el entonces ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, declaró a la prensa que la prioridad por entonces era la negociación de un concordato con el Vaticano.

Cuestionado sobre la maniobra política de ligar ambos temas, Solís respondió que ello no se debe hacer. “Un concordato es un acto de relaciones diplomáticas. Si quieren hacer un concordato o un tratado de libre comercio con el Vaticano ahí veremos su contenido, o un concordato con China o Rusia, pero no mezclar los dos temas”.

Desde el Frente Amplio, Patricia Mora apuntó que el proyecto “no debería ser sometido a ningún tipo de debate”, pues “en el siglo XXI ya no se entiende qué significa un estado confesional y creo que de eso tiene conciencia la mayoría de parlamentarias y parlamentarios”.

Mora consideró que la propuesta “transcurrirá con éxito por el plenario”; sin embargo,  reconoció que “no sé si habrá voluntad política, pues a partir del 1 de mayo será iniciativa del parlamento ponerlo en lugar preponderante o si desgraciadamente haya fuerzas que negocien otras cosas y consigan que quede en un lugar en el que jamás llegue a ser conocido”.

Subrayó que desde su partido se considera “de imperiosa necesidad” que se independice al Estado de los credos religiosos en general.

La diputada Maureen Clarke, del Partido Liberación Nacional (PLN), lamentó que la propuesta “no se pusiera en agenda desde el principio”, al tiempo que destacó la importancia de la propuesta y de “ver cómo allegamos votos para tener pronto un estado laico y no confesional”.

“Hace siglos se separó la iglesia del Estado, además somos las personas físicas las que tenemos religión, un estado no puede tener religión porque ahí ya se sesga respecto a muchas políticas”, ponderó.

 

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Por correo electrónico, José Rafael Quirós, arzobispo de San José, respondió varias preguntas de UNIVERSIDAD y en primera instancia citó consideraciones hechas por la Conferencia Episcopal al proyecto de reforma desde el 2009.

Esas consideraciones tienen que ver con que el Estado “nunca puede ser neutral”, pues, si hay una religión que contrasta con el orden moral y es peligrosa para el orden público, no podría equipararse a las demás religiones en cuanto al derecho de libertad religiosa”.

Añade que la Constitución ya garantiza la libertad religiosa y ha permitido “históricamente,  una sana, respetuosa y equilibrada colaboración entre el Estado y la Iglesia en aras del desarrollo integral de nuestro país”.

A pesar de que la reforma planteada al artículo 194 no elimina la palabra “Dios”, Quirós volvió a citar a la Conferencia Episcopal en el sentido de que “la supresión del nombre de Dios del juramento constitucional, evidencia un doloroso secularismo”.

Agregó que no ve “cambios negativos” en la relación “a las circunstancias que estamos teniendo actualmente”, en la medida en que se observe “una sana laicidad”.

“En el mundo materialista que vivimos, hay quienes impulsan estos cambios pensando únicamente en los supuestos privilegios económicos que la Iglesia tiene”, añadió.

Ante la pregunta de si la iglesia cuenta con un plan de contingencia ante el volumen de recursos que dejará de percibir del Estado, a través del Ministerio de Educación, Quirós apuntó que los colegios subvencionados “no son solo los centros académicos de la Iglesia, los hay fuera de ella”.

Destacó que ese Ministerio contribuye al pago de profesores y que la Iglesia ha construido y da mantenimiento a escuelas y ofrece becas a estudiantes pobres.

Quirós señaló que el aporte de la Iglesia a la educación es invaluable y cuestionó: “¿Tiene el Ministerio de Educación un plan de contingencia si las instituciones  de Iglesia cerraran todos sus colegios?”.


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