Un mes después del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que reafirmó a isla Portillos como territorio costarricense y ordenó a Nicaragua pagar los daños causados y los gastos forzados por su invasión, Costa Rica alista la factura para el vecino del norte.
Por esto, el ministerio de Relaciones Exteriores empezó a sacar sus cuentas y también solicitó a otras instituciones que participaron en el proceso –como las carteras de Ambiente y Energía y de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Emergencias– que les envíen el detalle de sus gastos.
“Hay gastos directos, por ejemplo el cierre del caño que se hizo en Semana Santa del año pasado, pero también hay otras instancias que han ayudado y que han incurrido en gastos”, apuntó el canciller, quien envió una nota a otros jerarcas la semana pasada.
El pasado 16 de diciembre, la CIJ falló que Nicaragua invadió ilegalmente territorio costarricense y que Costa Rica tenía derecho a “recibir compensación por los daños materiales causados por las incursiones nicaragüenses”, según se lee en el comunicado de prensa emitido por la Corte.
En esta misma sentencia, el órgano determinó que ambos países debían encontrar un camino para pactar “estos asuntos”, es decir, el monto por pagar y la manera de hacerlo.
“Sin embargo, si no lo logran en un plazo de doce meses, la Corte, ante la solicitud de alguna de las dos partes, determinará el monto compensatorio con base en argumentos escritos limitados a este asunto”, determinaron los jueces.
Por esto, antes de empezar comunicación con la contraparte nicaragüense, las autoridades de Relaciones Exteriores desean afinar sus propios números.
“El trabajo que Costa Rica quiere hacer es serio, objetivo y detallado de cuáles fueron los gastos en los que incurrió, relacionados con el daño ambiental que reconoce la sentencia y completarse con la evaluación en términos económicos de ese daño ambiental”, detalló González.
El 8 y el 9 de enero, el equipo jurídico que participó en el proceso legal se reunió en Costa Rica con personal de Cancillería para valorar “los pasos a seguir” según indicó el canciller. En el encuentro se analizaron tanto las generalidades de la sentencia como el otro caso pendiente en la corte.
Según el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, Carlos Cascante, la Corte falló una condena “en abstracto” donde se abstuvo de definir un monto específico de compensación y dejó ese trabajo a las partes porque ninguno de los países pidió cifras concretas en sus alegatos.
De hecho, el especialista señala que, de haber solicitado Costa Rica un monto de previo, el proceso como tal hubiera tardado más por la complejidad de documentarlo.
“A Costa Rica le toca iniciar la negociación ahora y a partir de eso avanzar”, apuntó Cascante.
Sin embargo, el académico señala que el proceso no necesariamente será fácil y que los propios supuestos de los jueces sobre el contexto en que dan los fallos en muchas ocasiones son distintos a la realidad.
“La Corte cuando falla, falla sobre el supuesto de que existe voluntad política de las partes, que no siempre es el caso”, concluyó.
El día del fallo, el embajador nicaragüense en Países Bajos, Carlos Argüello, consideró que la compensación que deberá pagar su país por los daños ambientales causados en territorio costarricense serán una “cuestión simbólica” y le restó importancia.
Otro caso en camino
Aunque en diciembre cerraron dos casos que Costa Rica y Nicaragua tenían abiertos ante la CIJ, todavía está pendiente de resolverse un tercer caso para definir los límites marítimos entre ambos países.
“Todavía hay otro proceso abierto ante la Corte, que es inmensamente más importante que estos dos que cerraron”, apuntó Cascante, aduciendo su importancia a los recursos naturales y económicos en las aguas en disputa.
El 25 de febrero del 2014, Costa Rica presentó ante la Corte el caso contra Nicaragua, solicitándoles a los jueces definir los límites en el océano Pacífico y el mar Caribe. En su exposición ante la Corte, el país explicó que las vías diplomáticas entre ambos países habían fallado, por lo que se veían obligados a recurrir al camino judicial internacional.
De hecho, Costa Rica reclamó que Nicaragua adjudicó parte de su territorio marítimo a una petrolera noruega.
El proceso está todavía en una etapa temprana, según el canciller González, y en diciembre el equipo legal nicaragüense presentó su contraalegato a la posición tica.
El 28 de enero, los equipos legales y un equipo de jueces se reunirán para determinar cómo se continúa: si se realiza otra ronda de alegatos escritos o se pasa a la presentación oral.
“Si entramos a la fase de conclusiones, podríamos tener antes de finales de año las orales. Si es otra fase escrita es un poco más de tiempo adicional”, apuntó González.
De cualquier modo, no se espera el fallo final para el 2016.
¿Volveremos a la Corte?
Si Costa Rica y Nicaragua no han encontrado una solución diplomática para el pago de los daños causados en los doce meses posteriores al fallo de la Corte Internacional de Justicia, los jueces dieron la potestad a cualquiera de las partes a regresar a la vía legal.
El canciller Manuel González aseguró sentirse optimista de que el proceso logre cerrarse en ese plazo, pero que no descartan regresar a la Corte si Nicaragua rechaza el informe de gastos que presente el país.
“Si la decisión es que Nicaragua decide no pagar o es darle largas, la Corte fijó un plazo y si en 12 meses han querido dilatar el proceso, ese mismo trabajo que presentamos a Nicaragua se lo presentaremos a la Corte”, apuntó González.
Carlos Cascante, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, duda de la voluntad del país, por el desgaste que esto pueda causar: “Habrá que ver si es que el interés del Gobierno es hacerlo”.
El plazo para el acuerdo vence el 16 de diciembre del 2016.
La historia en La Haya
Desde que la Corte Internacional de Justicia fue fundada en 1945, Costa Rica y Nicaragua se han encontrado en cinco ocasiones en los salones del Palacio de la Justicia, en la ciudad holandesa de La Haya, cuatro de ellos en los últimos diez años y siempre por conflictos de carácter limítrofe.
Este es un recuento de los casos:
En 2014, Costa Rica presentó un caso contra Nicaragua para definir los límites marítimos en el océano Pacífico. Todavía no hay sentencia y no se espera que esté lista para el 2016.
En 2011, Nicaragua demandó a Costa Rica por la construcción de la ruta 1856, conocida como La Trocha. La corte falló que el país debió hacer un estudio ambiental, pero no ordenó pagos.
En 2010, Costa Rica demandó a Nicaragua por la invasión de isla Calero. La Corte falló que es territorio costarricense y que los nicas actuaron ilegalmente. Además, ordenó el pago de costos.
En 2005, Costa Rica demandó a Nicaragua por derechos de navegación en el río San Juan. La corte falló que el país tiene derecho a navegar comercialmente por el río, pero que Nicaragua es quien controla la navegación por el San Juan y define los lineamientos base.
En 1986, Nicaragua demandó a Costa Rica por las actividades de contra en la frontera entre ambos países. Nicaragua solicitó que fuera removido de la lista de casos en 1987.
