La Corte Plena rechazó el proyecto de reforma fiscal y pidió a los diputados corregir cuatro puntos de la iniciativa, que en su criterio, afectan la independencia y el funcionamiento del Poder Judicial.
Así se decidió luego de que 11 de 16 magistrados votaran a favor de esta propuesta.
Como parte de los cambios que piden los magistrados, se solicita excluir la posibilidad de que el Mideplan tenga rectoría de empleo público sobre el Poder Judicial. También, los jueces piden eliminar la vinculación del Servicio Civil en los temas de desempeño de funcionarios judiciales.
El tercer punto es la eliminación de la regla fiscal en transferencias previstas a nivel constitucional, para que no se vean afectados los recursos a programas de protección a víctimas y testigos, así como la lucha contra la delincuencia organizada.
Por último, se pide que los diputados eliminen las modificaciones salariales, y que se tome en consideración “las particularidades” que tiene el Poder Judicial con respecto a la carrera judicial y las distintas funciones, como las de oficiales que deben estar disponibles para ser llamados a trabajar cuando sea necesario.
De darse estos cambios, la Corte daría el visto bueno al proyecto, de lo contrario, se necesitará de 38 votos para aprobarse en segundo debate e ignorar el criterio de los magistrados.
Solidaridad tributaria vs independencia judicial
La sesión de la Corte Plena inició con la exposición del criterio de la Dirección Jurídica, a cargo del abogado Rodrigo Campos, quien expuso las principales afectaciones que tendría el proyecto, en donde se señala la injerencia del Mideplan en la evaluación del desempeño, así como el establecimiento de la regla fiscal para el otorgamiento de recursos, entre otros puntos.
Al respecto, la magistrada de la Sala I, Iris Rocío Rojas, alegó que el proyecto no afecta la independencia del Poder Judicial y que se deben atacar los disparadores del gasto. Además, defendió la imposición de una regla fiscal. “La regla fiscal es un instrumento adecuado para ajustar el gasto corriente al PIB. Nada justifica el crecimiento sin recursos en instituciones que dependen del presupuesto y carecen de recursos propios”, dijo.
“Mientras en este país haya pobreza extrema, yo no tengo ningún problema en que una persona rectora de las finanzas públicas, le dé ese dinero a comedores escolares o a defensores públicos. Las personas elegidas para gobernar tienen la legitimidad para hacerlo”, agregó la magistrada.
Por su parte, el magistrado suplente de Sala III, Jaime Robleto, afirmó que existe una percepción pública de que el Poder Judicial es el culpable de la crisis fiscal. No obstante, alegó que siente una “obligación moral” de respaldar el proyecto fiscal. “Todos tenemos que sacrificarnos, y los que ganamos más, aún más”, sostuvo el juez.
El presidente de la Corte, Fernando Cruz, reafirmó su oposición y anunció que renunciará al rubro de índice gerencial (para su caso, el equivalente a ₡1,4 millones), un incentivo aprobado en 2008 que aplica para 46 funcionarios de puestos altos en el Poder Judicial.
Actualmente, el magistrado Cruz cobra un salario neto, con deducciones de ley, de ₡6,3 millones. A partir del próximo mes, el salario líquido del presidente de la Corte será de ₡4,9 millones, de acuerdo con datos del departamento de Gestión Humana.
“No digan que mi posición sobre la reforma es para defender mis privilegios”, manifestó el juez constitucional, cuya decisión, según dijo, la tomó para tener autoridad moral en su posición.
El magistrado, que se inhibirá en una eventual consulta a la Sala IV, afirmó que “pareciera que el Poder Judicial ahora tiene que resolver la pobreza”. Bueno, quizás sea otra función que nos quieran dar. ¿Nosotros los de clase media vamos a resolver la pobreza del país?”, aseveró Cruz.
En una línea intermedia, la magistrada Carmen María Escoto se pronunció en contra del proyecto. La jueza argumentó que si se modifica el tema de la rectoría del Mideplan en la evaluación de los funcionarios, ella votaría a favor.
El magistrado de Sala I, William Molinari, reiteró su oposición a la reforma fiscal, luego de haber presentado un informe en setiembre, con base en una versión previa del proyecto, en donde alegaba una afectación al Poder Judicial.
“Por el contenido de las formas y en la manera en que han sido redactadas, da para que se afecte de mil formas al Poder Judicial. Esto puede incidir directamente en el nombramiento de jueces, evaluación de fiscales y fiscalas, entre otras cosas”, afirmó Molinari.
Se manifestaron a favor de la reforma fiscal los jueces Luis Guillermo Rivas, Román Solís, Jaime Robleto e Iris Rocío Rojas. Mientras tanto, quienes sostuvieron que sí hay afectación al Poder Judicial son mayoría: Fernando Cruz, William Molinari, Julia Varela, Héctor Blanco, Rafael Segura, Sandra Zúñiga y Carmenmaría Escoto.
Los magistrados de Sala IV, a excepción de Fernando Cruz, no se pronunciaron al respecto, ante una eventual consulta facultativa.
