Con 11 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, la Corte Plena estableció que el proyecto “Ley de resguardo a la imparcialidad en las decisiones de altos funcionarios y funcionarias públicas”, afecta las funciones del Poder Judicial.
Según el magistrado de la Sala I, Román Solís, quien revisó el proyecto, explicó que el proyecto busca evitar la presencia de conflictos de intereses y que, si se dan, se establezcan multas económicas. En su opinión, la ley no afectaría la organización ni funcionamiento del Poder Judicial.
“Omití los análisis de constitucionalidad porque siempre los tiene que hacer la Sala Constitucional y omití el análisis de oportunidad sobre la procedibilidad porque es un tema de discrecionalidad del legislador . Yo llegué a la consideración de que no afecta porque no hay incidencia juridiccional en la labor del Poder Judicial”, expresó Solís en Corte Plena.
Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Cruz, cuestionó que sea la Contraloría General de la República la que aplicaría esta ley.
“Hay una inhabilitación para los funcionarios, es una sanción muy fuerte, de orden punitivo, y ahí veo una competencia de la Contraloría. Me parece que debería estar en la Procuraduría de la Ética y no en la Contraloría, que es un órgano adscrito al Parlamento”, afirmó Cruz.
Esta misma tesis fue apoyada por el magistrado de la Sala II, Luis Porfirio Sánchez, quien consideró que aprobar la ley tendría choques con la Constitución Política.
“La Corte ya había advertido que este tipo de proyectos podía rozar la Constitución Política porque, tratándose de los magistrados y magistradas de la Corte, el régimen disciplinario, en el artículo 165 de la Constitución, está ya destinado a que es esta Corte la que lo puede aplicar. Me parece que otorgarle una competencia sancionatoria a la Contraloría podría implicar un roce constitucional”, dijo.
La Corte enviará esta decisión a la Asamblea Legislativa, para su conocimiento y valoración.
