El proyecto de “Ley para la eliminación de la discriminación y la penalización de todas las formas de violencia Étnico- Racial” está bien intencionado, pero la necesaria demostración de que crímenes como agresiones tienen esa motivación particular implica una mayor disposición de recursos para resolver los eventuales juicios.
Por esa razón, la Corte Plena determinó que la propuesta incide en su organización y funcionamiento lo cual, según la costumbre de la Asamblea Legislativa, implica que su aprobación requerirá el apoyo de la mayoría calificada de 38 votos.
La iniciativa se tramita bajo el número de expediente 23.674 y es impulsado principalmente por la diputada liberacionista Katherine Moreira, pero su presentación contó con las firmas de una buena cantidad de diputaciones. Desde el artículo 1 apunta que busca el cumplimiento “de las obligaciones contraídas por el Estado en la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia”.
Correspondió a la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala III), el informe sobre el proyecto de ley ya por cuarta vez, pues según recordó, ya ha sido visto en Corte en octubre del año pasado, en mayo y en setiembre pasado, siempre con idéntico desenlace de que sí incide en el Poder Judicial. En esta oportunidad presenta modificaciones “mínimas”, según dijo.
Solano explicó que “la configuración de los delitos que se propone, en todos los casos queda supeditada a la demostración en juicio de que aquellas acciones realizadas fueron motivadas en el ejercicio de una discriminación de la víctima de carácter étnico racial”.
“Esto es precisamente lo que a nosotros nos ha llevado a concluir que hay una afectación en el Poder Judicial”, dijo la Magistrada, pues para demostrar esa motivación específica “necesariamente se va a requerir de prueba técnica, estudios psicológicos, estudios psiquiátricos y además estudios sociales”, todo lo cual se suma a la carga de trabajo que ya pesa sobre el personal experto forense del Poder Judicial.
Añadió que con la propuesta de acreditar esa motivación se crea “una dificultad seria en este sentido que finalmente, por lo menos desde mi óptica, incluso se podría causar impunidad”.
Solano, además, apuntó entre otras cosas que el proyecto propone penas más largas que el Código Penal. Por ejemplo, el artículo 125 de ese Código dispone que si se causan lesiones que producen una incapacidad por más de cinco días y hasta por un mes, la pena sería de tres meses a un año, pero el proyecto de ley dispone de dos a cuatro años.
Tras su exposición el magistrado Jorge Olaso pidió la palabra y subrayó una posible contradicción que el proyecto tiene con el Código de Trabajo. Según explicó, en materia laboral la carga de la prueba se invierte y es el empleador el que debe demostrar que no incurrió en una conducta discriminatoria.
También observó que “parece que el legislador entiende que la discriminación se da en el despido y en realidad son muchos los antecedentes de la Sala II en donde se ha analizado no en el despido sancionatorio, sino en el cese de la relación laboral, o sea cuando yo al trabajador le pago todos sus derechos y aún así él acude a la sede laboral por el fuero ordinario por discriminación y aduce que hay discriminación a pesar de que le hayan pagado todo”.
Posteriormente intervino la magistrada Roxana Chacón, quien expresó su oposición al informe presentado por Solano.
Tras destacar que la iniciativa “viene a visibilizar acciones discriminatorias que se han dado a lo largo de muchísimos años aquí en Costa Rica y es acorde con las convenciones internacionales de derechos humanos, sobre todo las que prohíben la discriminación racial”; Chacón criticó que se aduzca la limitación en los dictámenes periciales a través del Departamento de Trabajo Social y Psicología.
“Es un punto que efectivamente hay que hacerlo ver a la Asamblea Legislativa, la necesidad de un contenido presupuestario, porque estas leyes aumentan la tramitación y estos informes van a ser requeridos con mayor proporción cuando se denuncien los delitos, pero a mí me parece que sujetarlo a una falta de recursos es hacer nuevamente una invisibilización de derechos que son fundamentales de las personas afrodescendientes y desde mi punto de vista el proyecto como tal es una necesidad”, indicó.
Así, Chacón apuntó que indicar desde el Poder Judicial que “es una falta de recursos que por lo tanto los tipos penales no se pueden implementar, eso no sería lógico porque los juzgados penales existen y hay varios tipos penales que regulan una serie de situaciones efectivamente, también todo lo que tiene que ver con violencia en contra de las mujeres, y este es un tipo penal específico para la discriminación racial y étnica”.
Solano replicó que “quienes hemos trabajado en (materia) penal, por lo menos mi persona desde 1988 estoy juzgando delitos, y conocemos cuál es la teoría del delito y cómo se hace la demostración de la responsabilidad penal, podemos discriminar cuál es esa parte objetiva y subjetiva en el sujeto activo y cómo es la manera de poder demostrar o no un tribunal o una persona Juzgadora, si se dan o no los elementos a efectos de poder determinar la responsabilidad penal de una persona”.
“Entiendo que quienes no son penalistas o nunca han juzgado en (materia) penal puedan no tener ese conocimiento o entender cómo se da la demostración de la culpabilidad y cómo funciona la teoría del delito”, ponderó y citó las observaciones recién hechas por Olaso desde el punto de vista laboral para apuntar que “en esto no me extendí porque no siendo mi materia, es frecuente que no opine de lo que no conozco bien y por ello siempre agradecido que las personas de las otras salas que conocen de la materia, como en este caso, el señor magistrado Olaso, complemente el informe que me he servido rendir”, añadió.
El informe de Solano fue aprobado por 16 votos contra dos.
