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Corte Plena recomendará a la Asamblea dar “amplia publicidad” a concursos para magistraturas

Rechazaron sugerir que se primen los requisitos académicos, pues exigir posgrados, seminarios y cursos extra, excluiría a miembros experimentados de la judicatura y especialmente a las mujeres.

Este lunes 14 de junio la Corte Plena acordó recomendar a la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa que cuando realice convocatorias para llenar vacantes de magistrados propietarios lo haga con “una amplia publicidad en medios de comunicación y en redes sociales”.

Esta es la primera recomendación aprobada, de una serie de propuestas preparadas por la Comisión de “Procedimiento y requisitos para selección de Magistrados Propietarios y Suplentes, a fin de garantizar su plena independencia e idoneidad técnica y ética”.

Dicha comisión es liderada por el Magistrado Luis Guillermo Rivas e integrada por Julia Varela y el Hector Blanco, también integrantes de la magistratura, así como los profesionales de apoyo Ana María Rojas, Marlyn Sedó y Haideer Miranda.

En la sesión anterior la Corte rechazó el primer punto de las modificaciones propuestas, que preetendía modificar la forma de elección luego de una serie de escándalos de corrupción relacionados con el caso del “cementazo” y la destitución de Celso Gamboa como magistrado de la Sala Tercera.

En la más reciente sesión la Corte continuó el debate sobre las propuestas, centrándose en los puntos 2 y 3. Una vez que se concluya la discusión de todos los puntos del documento, las medidas que se aprueben se remitirán a la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, con el fin de que sean consideradas para incorporarlas en los procedimientos de elección de magistrados y magistradas.

La segunda recomendación, que planteaba la necesidad de la “amplia publicidad” fue aprobada parcialmente pues se rechazó el segundo párrafo que proponía “informar de la apertura del concurso al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a las diferentes Facultades de Derecho, asociaciones de la judicatura y de la sociedad civil a fin de que puedan proponer candidatos idóneos para ejercer el cargo dentro del plazo estipulado en el concurso”.

Varias magistradas y magistrados argumentaron a favor del primer párrafo de esta propuesta, pero en contra del segundo pues consideraron que sería contrario a la voluntariedad y que presentaba riesgos de equidad e independencia. Por su parte, Fernando Castillo indicó que votaría “todas las propuestas” de forma negativa “pues implican hacer sugerencias a una competencia exclusiva y excluyente de la asamblea legislativa”.

La tercera propuesta de la comisión, que refiere a la idoneidad de las personas candidatas a magistraturas fue rechazada por 16 de 21 votos. La redacción planteada que quienes concursaran por un puesto deberían, entre otras especificaciones, tener una sobresaliente formación académica incluyendo posgrados, cursos de actualización, congresos y seminarios, exposiciones y publicaciones.

El magistrado Luis Porfirio Sánchez, de la Sala Segunda, objetó que se primaran los atestados académicos por encima de la experiencia, “especialmente si la corte no está dando becas para posgrados lo que deja en desventaja a la judicatura”.

Además indicó que la medida excluiría a las mujeres del Poder Judicial, pues “además de ser juezas, madres y esposas que tienen que escribir, sacar posgrados, ir a seminarios, exponer en simposios y cumplir con las cuotas en el ejercicio de la judicatura”.

Roxana Chacón, también de la Sala Segunda coincidió en que la propuesta resultaría en un perfil “que sólo podrían cumplir los hombres” pues “una persona jueza en el poder Judicial difícilmente pueda llevar labores domésticas, trabajar y cumplir todo esto”.

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