Un contundente rechazó encontró en la última sesión de Corte Plena el proyecto de reforma a la Constitución Política que establece causas para que las personas integrantes de los supremos poderes pierdan su inmunidad y sean procesados ante acusaciones de violación a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y varias normas del Código Penal.
Los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia no sólo acogieron por unanimidad el informe de su Dirección Jurídica que determinó que el proyecto afecta la independencia y organización del Poder Judicial, sino que adicionaron el criterio de que la propuesta “desequilibra los pesos y contrapesos propios de la institucionalidad democrática”, sugerido por la magistrada Iris Rocío Rojas.
Se trata de un proyecto planteado durante el periodo anterior en la Asamblea Legislativa y que pretende reformar el artículo 110 de la Constitución, que establece la inmunidad que tienen las personas diputadas para expresar sus opiniones y de que sean privadas de libertad “por motivo penal”, a menos de que renuncien a esa inmunidad, que la propia Asamblea Legislativa la suspenda o se trate de un “flagrante delito”.
La iniciativa modifica ese artículo para establecer que “Esta inmunidad no surte efecto en el caso de delitos tipificados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y los delitos contra los deberes de la función pública, tipificados en las secciones II, III, V y VI del título XV del Código Penal”.
Además la propuesta añade un párrafo adicional: “Las limitaciones a la inmunidad establecidas en este artículo también se aplicarán a los demás miembros de los Supremos Poderes”.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte, expresó que la propuesta “afecta la independencia no solo del Poder Judicial, sino de los tres poderes” por lo que aseveró que “parece que estamos ante un tema de ataque a las estructuras del Estado”, porque “el tema de independencia es precisamente estructural”.
Por ello juzgó el proyecto como “sumamente peligroso”.
Oposición unánime
En su exposición ante Corte Plena, Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial, en primer lugar observó que la adhisión de ese último párrafo implica que la reforma alcanza al Presidente de la República, Vicepresiedencias, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Además les recordó una resolución de la Sala Constitucional de 2016, en que estableció que ““… la improcesabilidad penal afianza el concepto de protección ideado para dotar a los miembros de los Supremos Poderes de independencia en el ejercicio de una función de gobierno (en protección de los derechos e intereses de los electores) o jurisdiccional”.
Ese funcionario añadió que la inmunidad “evita la materialización de acciones disuasivas de partes con determinados intereses que buscan minar o dirección la independencia de los Miembros Poderes”.
Añadió que “debe entenderse la inmunidad no como una atribución o beneficio personalizado sino, dentro del análisis de la Sala Constitucional, de manera instrumental, sea como un medio para garantizar la continuidad, objetividad e independencia del ejercicio de la función administrativa y jurisdiccional”.
Luego de la exposición de Campos, varios magistrados y magistradas usaron la palabra para referirse al tema. Fernando Lara expresó preocupación por los alcances del proyecto que “no sólo afecta al Poder Judicial, sino al Estado de Derecho”.
Añadió que “aunque suene que es un privilegio para los miembros de los supremos poderes, realmente no lo es” y lamentó que en el país “se está confundiendo lo que es inmunidad con impunidad, la inmunidad nunca ha sido un medio para la impunidad, es una garantía del Estado de derecho, son cosas diferentes”.
En una línea similar Luis Guillermo Rivas, presidente de la Sala I, expresó que el Estado de derecho mantiene esas garantías “con el objeto de que la continuidad del servicio y que la eficacia y la eficiencia en el ejercicio de la función pública sea real”.
Añadió que “los jueces constantemente somos objeto de acusaciones infundadas que carecen de sustento, sin embargo se hacen con el objeto de separar o de disuadir”.
“Esta liviandad para quedar sujetos solamente a un rumor, a un chisme a una emotividad que ahora se reúnen y canalizan por redes sociales me parece completamente inconveniente”, expresó.
De manera similar, la magistrada Rojas relató que “son muchos los casos de Sala I que conozco y que he vivido en lo personal donde luego de una resolución hemos tenido que enfrentar causas penales, acusaciones penales al menos, la Sala Constitucional también, ha sido precisamente por desempeñar nuestra función jurisdiccional”.
Posteriormente el magistrado presidente Aguirre sometió el informe de la Dirección aJurídica a votación y, como se dijo, fue acogido por unanimidad.
