La Corte Suprema de Justicia consideró que el expediente N.º 22.760 “Ley de idoneidad y experiencia en la gestión de fondos y operadoras de pensiones”, que modifica la conformación de la Junta Administradora del Fondo de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial no afecta el funcionamiento de la institución.
Así, en la sesión de este lunes 28 de marzo, la Corte Plena dio su aval al proyecto y remitió un dictamen en que afirma que debido a que de acuerdo con jurisprudencia constitucional las afectaciones a los sistemas de pensiones no constituyen afectaciones al Poder Judicial en sí, el proyecto no afecta a la entidad, dando así un aval que permitirá que se apruebe con mayoría simple en el plenario.
Inicialmente el magistrado Luis Guillermo Rivas presentó a la Corte un dictamen en que consideraba que el proyecto sí generaba afectación al Poder Judicial primero porque suma dos nuevos integrantes (elegidos por la misma corte) a la Junta de Pensiones, que tendrían injerencia sobre la administración de los fondos de pensiones, recursos que según dijo, pertenecen a los funcionarios.
A a vez, la intevención del Conassif y de Supen para evaluar idoneidad y experiencia, así como para remover integrantes, representaba sin duda una afectación, en su criterio pues afecta a la junta misma.
Este dictamen, sin embargo, fue rechazado por la corte en una votación de diez en contra y siete a favor, y en cambio se emitió un dictamen que afirma que tal afectación no existe.
El proyecto, planteado por la diputada liberacionista Yorleny León pretende acercar a las juntas de pensiones al cumplimiento de “estándares en materia de idoneidad y experiencia en Costa Rica” .
Para eso, plantea agregar dos asientos adicionales a la mencionada junta y dar facultades al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y a la Superintendencia de Pensiones (Supen) “para evaluar la idoneidad y experiencia de los miembros del órgano de dirección y alta gerencia de los fondos y operadoras de pensiones”.
En consecuencia, estas entidades -que a pesar de ser autónomas tienen fuertes vínculos con el Poder Ejecutivo- no solamente tendrán injerencia en los perfiles de las personas que se integren a estas juntas, sino que les permite objetar los en las juntas directivas y alta gerencia “en caso de que se compruebe falta de idoneidad y experiencia”.
Además, el Consejo podrá remover a las personas de estos cargos, si evidencia “falta de idoneidad y experiencia en el puesto o cuando se demuestre que han incurrido en omisiones o actuaciones contrarias a las leyes y los reglamentos, que atenten contra la seguridad, estabilidad y solvencia del régimen”.
Cabe recordar que el Conassif es un órgano colegiado que supervisa el sistema financiero y ejerce labores directivas sobre varias superintendencias, entre las que se encuentra la Supen.
El mencionado Consejo está integrado por cinco miembros, designados por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, el Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central de Costa Rica. La actual jerarca de la Supen es Rocío Aguilar, ex ministra de Hacienda del actual gobierno.
La magistrada Iris Rocío Rojas de la Sala Primera intervino para señalar que la Sala Constitucional ha establecido previamente que no necesariamente los cambios o afectaciones sobre las pensiones representan siempre una afectación al Poder Judicial, sino solamente cuando se trata de la función jurisdiccional o administrativa, no de materia jubilatoria.
Además, dijo, “no son fondos de los funcionarios”, aunque aporten, pues el el estado como patrono también inyecta recursos al fondo y por ende, deben considerarse fondos públicos y tener mayor escrutinio.
Rojas también dijo que no le preocupa la injerencia de la Supen pues “conoce por el fondo la materia y por ende, el expertise que podría necesitarse” en los puestos mencionados. Según ella, dos integrantes más que no sean funcionarios, “garantiza idoneidad técnica y garantiza el adecuado manejo del fondo”.
