Que se respete la paridad de género las nóminas que la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa ofrece al plenario, cuando se trata de la elección de nuevos integrantes a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, fue la principal recomendación que la Corte Plena aprobó hacer a la Asamblea Legislativa durante su sesión de esta mañana.
El hecho de que la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa no ofrezca fundamentación cuando determina quiénes son elegibles para un nombramiento y ocupar un puesto de magistrado o magistrada llevó a la Corte Plena a evaluar diferentes propuestas para plantear mejoras a ese proceso.
El magistrado presidente de la Corte, Fernando Cruz, subrayó ese problema y argumentó respecto a la necesidad de “fijar criterios que permitan hacer una valoración, que es lo que no hace el parlamento cuando designa a alguien, no hay fundamentación para incluir ni para excluir”; aunque reconoció que la iniciativa de hacer propuestas desde el Poder Judicial al Legislativo es “un tema delicado”.
Por otra parte, algunas de las personas que integran la Corte Plena ven con recelo una posible intromisión en otro Poder de la República, como la magistrada Patricia Solano quien dijo que el sólo hecho de hacer una sugerencia puede ser atribuirnos competencias que no nos son asignados, “no es procedente que entremos a hacer observaciones de tal naturaleza”.
Ante esas consideraciones, propuesta concreta de la creación de un comité de personas expertas que asesore a la mencionada Comisión fue rechazada, así como la de brindar parámetros para realizar la entrevista a las personas candidatas.
Sí se aprobó la mencionada propuesta de que la paridad de género en proceso de selección se respete, en particular la recomendación radica en que ese criterio esté presente en la nómina que esa Comisión remite al plenario legislativo.
El proceso de evaluar y decidir la pertinencia de esas recomendaciones inició el 14 de junio pasado y se fundamenta en el trabajo de una comisión nombrada al efecto, denominada “Procedimiento y requisitos para selección de Magistrados Propietarios y Suplentes, a fin de garantizar su plena independencia e idoneidad técnica y ética”.
Esa iniciativa es liderada por el magistrado Luis Guillermo Rivas e integrada por Julia Varela y el Hector Blanco, con Ana María Rojas, Marlyn Sedó y Haideer Miranda como profesionales de apoyo.
Cabe destacar que los cuestionamientos respecto al procedimiento que se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa para elegir personas a las magistraturas y otros puestos es objeto de críticas desde hace años, pero se vieron recientemente reiteradas ante la decisión del plenario legislativo de elegir como magistrada suplente de la Sala Tercera a Rosa Acón Ng, quien no había sido preseleccionada por la Comisión de Nombramientos.
Para mayor detalle se puede consultar el libro “Costa Rica: La Democracias de las razones débiles (y los pasajes ocultos)”, de Manuel Solís Avendaño.
El proceso de evaluar propuestas continuará en próximas sesiones de la Corte Plena. Posteriormente se vieron propuestas respecto al reglamento de la Carrera Judicial.
Prestigio internacional
Al inicio de la sesión de este lunes, Cruz leyó una carta recibida del Patronato de la Fundación Carlos III, mediante la que se concedió a la “Orden Iberamericana de la Justicia a favor de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica”.
Según la misiva leída por Cruz ante la Corte Plena, el reconocimiento otorgado es un “mérito a prestigio internacional alcanzado por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica a lo largo de toda su trayectoria histórica y a su permanente actuación en favor de la justicia en los países iberoamericanos, por unanimidad la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia”.
Al respecto, Cruz destacó que el prestigio internacional de la Corte es “una construcción lenta y de veja data”, que se debe al trabajo de “tantas personas, las que estuvieron y las que ahora aportan su trabajo y buena voluntad para cumplir las ambiciosas pretensiones de la justicia”.
