La discusión sobre los alcances de la determinación de que un proyecto de ley afecta organización y funcionamiento del Poder Judicial ocupó a las magistraturas de Corte Plena al abordar este lunes el proyecto denominado “Ley de Prevención , Detección Temprana y Respuesta de la Violencia contra la Niñez y Adolescencia”.
Esa iniciativa, que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el número de expediente 23.695, explicó la magistrada Julia Varela, quien preparó el informe correspondiente, pretende establecer una regulación “más robusta”, para “generar acciones de prevención y detección temprana de todas las formas de violencia en contra de la niñez y adolescencia, a través de procesos de concientización en la sociedad costarricense, la acción coordinada entre las instituciones del Estado y la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia”, según el artículo 1.
La iniciativa presentada por varias diputadas y diputados de Liberación Nacional (PLN) establece que se debe establecer un “Protocolo de coordinación Interinstitucional para la protección de la niñez y adolescencia”, el cual tendrá como fin la unificación de criterios de acción en la detección y atención de casos de violencia contra la niñez y adolescencia y que deberá ser revisado y actualizado cada cinco años.
Ese protocolo debe ser creado por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Paz, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y el Instituto Mixto de Ayuda Social, en coordinación con el Poder Judicial y sus órganos adscritos, según el artículo 6 de la propuesta.
Varela se fundamentó en un criterio de la Dirección Jurídica del Poder Judicial para afirmar que el proyecto “sí incide en el funcionamiento del Poder Judicial”, pues el mencionado protocolo debe ser revisado cada cinco años, “lo que implica un abordaje constante en que debe participar el Poder Judicial”.
Señaló que, además, la institución “deberá tomar previsiones presupuestarias para implementar la ley de acuerdo a las exigencias que implica contar con personal especializado, capacitación, equipo profesional entrenado en la identificación de señales de abuso y atención sicológica y legal y coordinación entre otras instituciones”.
Discusión
El artículo 167 de la Constitución Política establece que “Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea”.
Luego de la exposición de Varela, intervinieron las magistradas Iris Rocío Rojas y Roxana Chacón, ambas con la preocupación de que el señalamiento de que el proyecto de ley incide en organización y funcionamiento del Poder Judicial implica su aprobación con 38 votos, es decir, mayoría calificada, en la Asamblea Legislativa.
Chacón dijo que se trata de un proyecto de “muchísima importancia”, pues “articula todos los sectores, eso es fundamental. No podemos actuar de forma aislada institución por institución” y añadió que es oportuno a raíz del caso de la bebé aún desaparecida Keibril García.
Así, anunció su intención de “separarme del criterio de la magistrada Varela, creo que esto no involucra organización y funcionamiento del Poder Judicial” porque “tenemos articulación con todas las dependencias en diferentes temas y tenemos protocolos de intervención en casi todas las materias, más allá de mandato legal”.
El magistrado presidente Orlando Aguirre señaló que “hemos entendido que la consulta es sólo para que digamos si afecta o no la organización y funcionamiento del Poder Judicial, eso basta para que se requiera los 38 votos de aprobación”.
Aguirre planteó que “podemos decir que afecta, pero que no nos oponemos porque es positivo”.
De seguido, el magistrado Fernando Lara dijo que el artículo 167 de la Constitución “es bastante claro, dice que cuando afecte a la Corte podemos emitir un criterio y si la Asamblea Legislativa se aparta de ese criterio, ahí si necesita los 38 votos; es decir, si la Asamblea no se aparta del criterio, con la mayoría simple es suficiente”.
Ese magistrado señaló que la Asamblea Legislativa hace la consulta de proyectos “cuando ni siquiera han pasado a Comisión, debería ser el texto que va para primer debate. Dar visto bueno de previo es un cheque en blanco”.
Al final, el informe preparado por Varela fue aprobado por 16 votos “en tanto no se oponen al proyecto” y 4 en contra.
