Con 18 votos a favor y 2 en contra, la Corte Plena aprobó este martes el presupuesto para el Poder Judicial del 2021. Este será de ¢468.393 millones, monto máximo definido por el Ministerio de Hacienda, lo cual representa un disminución con respecto al año anterior.
“Ese monto representa, en el presupuesto del Poder Judicial, un decrecimiento de 0.82%. En dinero, significa ¢3.884 millones menos en relación al presupuesto del 2020”, explicó la directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde .
Hacienda también fijo el monto de gasto corriente en un máximo de ¢443.707 millones y el monto de capital en ¢25.086 millones. Esto conllevará que se prescinda de algunos servicios.
“No se ampliarán los servicios por conceptos de seguridad y limpieza. No se pueden realizar nuevos contratos de alquiler, solo los urgentes; el recurso humano no puede crecer, solo las plazas que venían laborando, para que no se afectaran el monto de los gastos corrientes”, dijo Valverde.
Según la directora de Planificación, el financiamiento del gasto corriente debe considerar los ¢987 millones por conceptos de personería jurídica, el monto que por ley se le asigna al OIJ y los recursos de defensa civil de la victima.
Estos recursos eran financiados por leyes especiales, pero, a partir de este año, se incluye dentro del límite presupuestario indicado por el Ministerio de Hacienda.
Impacto del IVA y COVID-19
Valverde también presentó datos de lo que le ha costado al Poder Judicial el pago del Impuesto al Valor Agregado, que se calcula en más de ¢1.000 millones.
“Por alquiler de edificios es el mayor monto, por ¢403 millones, en servicios generales es de ¢151 millones y en servicios públicos, como electricidad, es de ¢64.7 millones. Financiar el IVA nos costaría más de un 2% del presupuesto. Eso, más el rebajo de Hacienda, hace una disminución indirecta de más del 2% en los gastos operativos”, dijo la directora de Planificación.
Ante el COVID-19, el Poder Judicial tuvo que invertir en mejoras, que serán de impacto para el presupuesto 2021.
“Se incluye ¢24 millones para el enlace de fibra óptica y aumentar la capacidad de internet, ¢62 millones para licencias de software, ¢67 millones para un servidor de red de cómputo y ¢31 millones para la apertura de servicios médicos en San Ramón y Pococí”, expuso Valverde.
Críticas a la regla fiscal
El presidente de la Corte Suprema, Fernando Cruz, criticó la aplicación de la regla fiscal en el Poder Judicial, asegurando que se tienen una serie de responsabilidades que deberán tratar de cumplirse mediante el presupuesto extraordinario.
“Lo excepcional de esta situación es que tenemos necesidades impostergables señaladas por ley y circunstancias que tenemos que hacerlas evidentes, pero no podemos, dada la estructura tan rígida del presupuesto, formularlas en el ordinario. Tenemos que ponerlo en el extraordinario a ver qué posibilidades hay, pero las circunstancias son muy adversas para ese propósito”, dijo Cruz durante la sesión de Corte Plena.
El magistrado agregó que, a su parecer, debería existir una regla fiscal que revise las exoneraciones, las cuales no se contemplan en ningún momento.
“De eso no se habla porque de las cosas del poder importantes no se hablan. Las exoneraciones no son tocadas, el tema tiene que ver con gasto, con salarios, funcionarios, el gasto social, pero las exoneraciones son una excepción gigantesca que hace el presupuesto para una gran cantidad de rubros. Hay ciudadanos que pagamos impuestos y otros que no pagan impuestos”, sentenció Cruz.
