El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, presentó el pasado jueves, ante Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Chaves, presidente de la República y Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, la Ley de Creación de una tasa para el Mejoramiento de una Justicia Cobratoria (expediente 22 802).
Este proyecto le permitiría a la Corte financiar los procedimientos de cobro judicial con el mismo dinero de los prestamistas que saturan la vía penal con miles de estos cobros por medio de una tasa, que se les impediría trasladar a la persona deudora.
La Dirección de Planificación del Poder Judicial reportó que los juzgados de cobro iniciaron el mes de abril con 823 mil casos y a lo largo del mes ingresaron 14 mil y salieron 10 mil. En diciembre del año pasado los expedientes circulantes llegaron a superar los 854 mil casos.
El proyecto propone que la tasa a cobrar se calcule por medio de un porcentaje entre 1,5% y 2,5%, que variaría dependiendo del valor de la demanda, y el dinero recaudado se destinaría a reducir los tiempos de respuesta en este tipo de casos, al mejoramiento del soporte logístico y tecnológico de estos juzgados y a equipamiento e infraestructura que sea necesaria para cumplir con esto.
“Hay empresas que se dedican a endeudar a gente a tasas de interés altísimas, presentan cientos y hasta miles de casos por cobro judicial y el Estado, por medio de los juzgados, se dedica a cobrar por ellos de forma gratuita y lo que el proyecto quiere es que paguen por ese servicio, por manejarles la cartera” explicó el economista Welmer Ramos.
Tres veces archivado
Desde el 2019 se han presentado ante la Asamblea Legislativa tres iniciativas apoyadas por la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de establecer una tasa sobre los procesos de cobro de las empresas y personas que se dedican a ser prestamistas, todas han sido archivadas. La última vez, a inicios de abril en la Comisión de Hacendarios.
UNIVERSIDAD reportó en el 2019 que, según estudios internos del Poder Judicial, la atención de estos cobros judiciales representó un costo de ¢12.130 millones en el 2018. Entre los principales acreedores que recurrían a los juzgados estaba Instacredit, Gestionadora de Créditos SJ, BAC San José y la subsidiaria de Grupo Monge, GMG Servicios Costa Rica.
Según Ramos, el cobro permitiría brindar un mejor servicio porque la saturación actual le impide a los jueces atender de forma detenida y especializada cada caso, lo que en muchas ocasiones también puede favorecer a las empresas.
Los ya saturados juzgados también le impeden a la Corte asumir las nuevas funciones y demanda si se aprobara la Ley de protección contra el abuso usurero, presentada desde el despacho de Ramos.
La ley de protección contra el abuso usurero crearía un proceso sumario para que una persona deudora demande a su acreedor para que se determine si la tasa de interés que se está cobrando es abusiva que, según lo expuesto por la magistrada Ana Isabel Vargas ante la Corte, “requerirá de mayores recursos para aumentar personal, tanto jueces técnicos como auxiliares judiciales, o readecuar la distribución de funciones, o crear nuevos juzgados”.
Otros proyectos
Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expuso otros dos proyectos en la reunión de supremos poderes: la Ley de Carrera Fiscal (expediente 20 978) y la Reforma Ley Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica y Ley de Fortalecimiento a la Jurisdicción Especializada (expediente 23 090).
El primer expediente propone, entre otras cosas, que todos los puestos del Ministerio Público sean concursados como una forma de garantizar ‘transparencia y objetividad’ en la elección de las personas trabajadoras.
Mientras que la propuesta de reforma expuesta en el expediente 23 090 le daría contenido contenido presupuestario a las leyes mencionadas para su ejecución ya que requiere la creación de dos tribunales especializados y la contratación de jueces, defensores públicos y agentes de protección.
