La Corte Plena decidió abrir una investigación disciplinaria para determinar si cuatro magistrados de la Sala Tercera cometieron un error grave e injustificado al cerrar una causa penal contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara -a solicitud de la Fiscalía General- a pesar de que existía prueba que los relacionaba con el llamado caso del “cementazo”.
La decisión se tomó por unanimidad de todos los magistrados en la sesión que realizaron este miércoles hasta horas de la noche, informó la oficina de prensa del Poder Judicial.
Los investigados son Carlos Chinchilla Sandí (actual presidente del Poder Judicial), Jesús Ramírez Quirós, Doris Arias Madrigal y la suplente María Elena Gómez Cortés. El juez Celso Gamboa también está involucrado en el caso pero se le investiga en un procedimiento aparte pues se conoció que tiene una relación de amistad con el empresario Juan Carlos Bolaños.
Para esta nueva investigación, se designó como magistrado instructor a Román Solís, de la Sala Primera.
De acuerdo con la oficina de prensa del Poder Judicial, la investigación se lleva a cabo para determinar si los magistrados de la Sala Penal incurrieron en una violación del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dicha norma establece que se deben rechazar las quejas contra los jueces que se refieran exclusivamente a “interpretación de normas jurídicas”, pero que sí se debe investigar cuando hay casos de “retardo o errores graves a injustificados en la administración de justicia”.
Según esa misma disposición legal, una vez hecha la investigación, la Corte Plena deberá decidir si corresponde aplicar una medida disciplinaria como la suspensión o separación del cargo.
La queja disciplinaria contra los magistrados fue interpuesta el pasado 30 de octubre por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (Anic), la cual cuestionó que los magistrados ignoraran una prueba recabada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que revelaba cientos de contactos telefónicos de los legisladores con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, a quienes se les investigaba por tráfico de influencias.
La Fiscalía General había dicho que ese informe de llamadas no reflejaba contactos entre los denunciados y la Sala Tercera afirmó lo mismo en la resolución de desestimación, aparentemente, sin verificar el contenido real del elemento probatorio.
El 23 de noviembre pasado, los magistrados implicados remitieron a la Corte Plena un informe preliminar sobre lo sucedido –del cual UNIVERSIDAD tiene copia-, en el cual solicitaron “el archivo de la queja disciplinaria”.
En ese documento, alegaban que no podían ser investigados por asuntos de interpretación jurídica. No obstante, omiten revelar si revisaron o no la prueba de las llamadas y por qué afirmaron que no había contactos telefónicos entre los diputados y Bolaños, sin hacer ver a la Fiscalía que esa evidencia estaba falseada en la solicitud de desestimación del caso
Ese informe fue conocido este miércoles en Corte Plena y con base en él se decidió abrir el procedimiento disciplinario.
Luego de que se descubriera que la Fiscalía había ocultado el verdadero resultado de la prueba de las llamadas telefónicas, las causas contra los legisladores Morales y Guevara fueron reabiertas.
Además, desde el 13 de octubre, cuando Emilia Navas fue nombrada fiscala general interina –porque Jorge Chavarría había sido suspendido- se han realizado diversas labores de investigación como los allanamientos que se llevaron a cabo el pasado 29 de noviembre en las oficinas y casas de los legisladores, en la Asamblea Legislativa.
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