Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia evalúan el procedimiento para declarar un “Estado de Emergencia” a lo interno del Poder Judicial por la crisis de seguridad que atraviesa el país, y la posibilidad de obtener recursos para financiar un plan de urgencia, para lo cual consultarán a la Contraloría sobre la posibilidad de utilizar un fideicomiso para atender necesidades urgentes o imprevistas.
Como parte de estas acciones, los magistrados acordaron en la sesión de Corte de esta mañana que las autoridades administrativas realizarán una revisión de sus presupuestos, con el fin de identificar los recursos que no sean necesarios para el cumplimiento de sus servicios y poder reorientarlos a acciones de seguridad, lo que se complementará con una consulta a la Contraloría de la República, en el sentido de si los magistrados pueden acceder al fideicomiso del Poder Judicial para emergencias, con el fin de reforzar la seguridad en los circuitos judiciales de Limón, Pococí y San José.
Además, aprobaron la implementación de un protocolo “Persona atacante activa”, y declararon como obligatoria la capacitación en el tema de autoprotección, por lo que las jefaturas deberán identificar a las personas de sus áreas que no haya sido adiestrados en este tema.
La implementación de esta estrategia se empezó a perfilar desde la sesión de la Corte la semana pasada, en la que los magistrados encargaron a la Presidencia de la Corte elaborar la propuesta para establecer un plan institucional para gestionar la emergencia que se presenta a raíz de la criminalidad que atraviesa el país con la crisis de violencia por los niveles inéditos de homicidios, y la afectación al Poder Judicial, que se evidencia en situaciones como el asesinato del subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, Geiner Zamora, el pasado 1 de febrero.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte, indicó a los magistrados que la declaratoria de este “Estado de Emergencia o Excepción” requeriría de recursos para enfrentar la situación de seguridad, por lo que realizaron una sesión secreta con Argili Gómez, directora jurídica a.i. del Poder Judicial, y funcionarios de la Unidad de Protección de Funcionarios Judiciales (UPRO), a efectos de valorar la situación de infraestructura, los requerimientos para la protección de funcionarios y personas que requieren los servicios judiciales, y la elaboración de un acuerdo jurídico.
Luego de la parte de la sesión declarada confidencial, los magistrados debieron decidir si procedía aprobar un Plan de Urgencia, recurriendo a recursos del fondo de emergencias establecido en el artículo 250 de la ley Orgánica del Poder Judicial (fondo de contingencia, para ser utilizado ante necesidades urgentes o imprevistas, originadas en fenómenos naturales, conmoción interna o calamidad pública y mantener los servicios de justicia), o si se requería de una consulta a la Contraloría, en el sentido de si se requeriría de un decreto ejecutivo. 20 magistrados consideraron que lo pertinente era realizar la consulta, y solo uno se abstuvo.
Posteriormente, la magistrada Julia Varela propuso realizar una “atenta solicitud” al Poder Ejecutivo para que realizara una declaratoria de emergencia en este tema, pero por votación de 17 magistrados contra 2, la Corte resolvió que era una petición prematura, porque debía esperarse el resultado de la gestión ante la Contraloría.
