En una cerrada votación, la Corte Suprema de Justicia decidió la tarde de este lunes desistir -por el momento- de plantear ante la Sala Constitucional un conflicto constitucional sobre las competencias de interpretación del poder de gobierno y administración del personal judicial.
La votación mediante la cual se tomó la decisión fue de 10 votos a favor, contra 11 en contra. La magistrada Aracelly Pacheco, sin embargo, estuvo ausente por razones de salud y no fue sustituida, lo que sirvió para que se interpusiera un recurso de revisión. Así, en una próxima sesión se volverá a deliberar sobre esta posibilidad.
La posibilidad de plantear dicho conflicto se derivan de que el órgano considera que la Contraloría General de la República excedió su autoridad al ordenarle aplicar las medidas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública desoyendo una interpretación de la corte sobre el tema y un voto de la Sala Constitucional.
Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial compareció ante la corte en pleno para explicar la propuesta. Según informó, el planteamiento de un conflicto constituía la mejor opción pues el caso se trata de un “desborde” de competencias por parte de la Contraloría, que “invade” las del órgano director del Poder Judicial.
Cabe recordar que tras la aprobación de la reforma fiscal, la corte plena interpretó que la normativa no aplicaba al Poder Judicial porque fue aprobada por procedimiento abreviado y la constitución explicita que si una norma afecta el funcionamiento del Poder Judicial requiere mayoría calificada. Así mismo lo interpretó la Sala Constitucional.
No obstante y a pesar de esos razonamientos, en diciembre del 2019, la Contraloría ordenó a la presidencia de la Corte aplicar las medidas, amenazando con su destitución de no acatar, por lo que el órgano ordenó tomar medidas, pero sin anular su primer acuerdo.
Fernando Cruz, presidente de la Corte, indicó que la decisión primera se basó en las competencias constitucionales y en el fallo de la Sala IV, pero “luego la Contraloría me ordenó personalmente que obligara a la Corte a cambiar un tema que ya habíamos resuelto”, lo que abre un claro conflicto de competencias y que “se ha flexibilizado tanto que ya requiere un ejercio como este”, el de consultar sus alcances a la propia sala constitucional.
A continuación el Director Jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Campos, explicó el conflicto y los alegatoss que se presentarían, alegando un “desborde” de funciones por parte de la Contraloría, que se inmiscuyó en ordenarle a la corte cómo interpretar una norma y un fallo de la sala constitucional que atañe al funcionamiento y administración del Poder Judicial, “sin siquiera acudir a los canales de control”, pues el proceso debido era uno ante el Tribunal de lo Contencioso Adminsitrativo.
Tras la exposición Álvaro Burgos apoyó el planteamiento indicando que “no es la primera vez que un órgano invade las competencias de otro” y es importante que se aclare. Hubert Fernández, por su parte, objetó no el fondo, si no el mecanismo, indicando que el conflicto ya no correspondía pues loa actos ya están ejecutados y él se cuestionaba “si este camino así es el camino correcto”.
Fernando Cruz insistió alegando que el proceso mismo es uo de posible innovación o exploración “pero no perdemos nada con plantearlo y si la Sala nos lo rechaza, ya en una próxima sabríamos qué hacer”.
A continuación se sometió a votación y el resultado fue de 10 a favor, con 11 en contra. Apoyaron platear el conflicto Ileana Sánchez, Roberto Garita, Rafael Segura, Sandra Zúñiga, Gerardo Alfaro, Álvaro Burgos, Fernando Cruz, Jesús Ramírez, Julia Varela y Luis Guillermo Rivas. En contra se manifestaron Alexandra Alvarado, Alejandro Delgado, Hubert Fernández, Roxana Chacón, Jorge Lazo, Luis Porfirio Sánchez, Orlando Aguirre, Jéssica Jiménez, Ana Isabel Vargas, Damaris Vargas y Rocío Rojas.
Álvaro Burgos pidió al presidente de la entidad revisar esta votación en una futura sesión, pues además de que el resultado fue sumamente ajustado, la ausencia de Pacheco reconformó la Corte Plena de 22 (lo usual) a 21 asientos. Cruz aceptó e indicó que se revisaría, estando además más magistrados titulares presentes.
