Una fuerte polémica se provocó luego de que, a inicios de julio, los diputados dictaminaran afirmativamente un proyecto de ley que autorizaría a las cooperativas la administración de acueductos y alcantarillados comunales.
El proyecto introduciría un nuevo tipo de operador en la gestión del recurso hídrico en Costa Rica.
Originalmente la iniciativa fue asignada a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, pero posteriormente pasó a la Comisión Especial de Economía Social Solidaria.
La diputada liberacionista Aracelli Segura, proponente del proyecto, explicó que cambió de comisión porque esa segunda Comisión es la que “está viendo los proyectos de casi todo lo que son cooperativas” y que la iniciativa surgió porque en San Carlos existen 15 cooperativas de agua, las cuales según informó “hace años” manejan acueductos en la ilegalidad.
“En este momento no les permite la ley manejar proyectos de acueductos, ellos mismos me hablaron a mí y yo presenté el proyecto para legalizarlas”.
Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) -ente rector en la materia- destacó a UNIVERSIDAD que con el proyecto de ley “estamos distorsionando el modelo que ha sido exitoso” de gestión del agua, y destacó que el país tiene más del 95% de cobertura intradomiciliar de abastecimiento.
EL BIEN DE TODOS
El proyecto de ley se tramita con el número 19.441 y abre la posibilidad para crear cooperativas “administradoras de servicios de acueductos y alcantarillados comunales”.
Entre los deberes de estas apunta “procurar la participación activa de la comunidad en la construcción, administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas, así como en la protección, preservación y conservación del recurso hídrico”.
Añade que los recursos económicos que generen deberán ser reinvertidos “en su totalidad” en la gestión y mejoramiento del servicio y que el AyA mantiene su rectoría y fiscalización.
También establece que “en situaciones de emergencia, necesidad o interés público” el AyA “podrá asumir la gestión directa” de los sistemas manejados por alguna de estas cooperativas “de manera provisional o temporal”. Disposición muy criticada por Astorga, en vista de la disposición de recursos que implicaría para la institución resolver problemas dados bajo gestión ajena.
El artículo 21 del proyecto abre la posibilidad de que las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas) -hasta el día de hoy muy importantes en la gestión del agua en zonas rurales- se conviertan en cooperativas administradoras de acueductos.
La legisladora Segura defendió la idea de la gestión de servicios por parte de cooperativas con el ejemplo de Coopelesca R.L., que “tiene el 98% de San Carlos electrificado”.
“Las cooperativas son fuente de trabajo, son sociales; nosotros, los mismos socios, nos sentimos bien porque colaboramos, por ejemplo a través del comité de educación, o el fondo social para capacitación, se van a capacitar las mismas cooperativas, en este momento el AyA no tiene capacidad ni para ver las Asadas que tiene, no tienen gente para darles capacitación”, sentenció.
Añadió con convicción que “a las cooperativas no les interesa tener plata, sino que esté bien todo el mundo”.
El jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Javier Cambronero, también integra la Comisión Especial de Economía Social Solidaria. Expresó que ha sido cooperativista “de por vida” y que inicialmente vio “con recelo” el proyecto, “pero cuando veo el texto y conociendo la experiencia de la cooperativa de agua que se ubica en San José de la Tigra, me doy cuenta que esta figura que es diferente a la de usuarios de agua o al concepto de Asada tiene razón y cabida de ser”.
Cambronero trató de disipar los temores de que la iniciativa de ley abra las puertas a la privatización del agua, al ponderar que las cooperativas “son de carácter privado, pero con una orientación no capitalista o mercantilista, sino dando un servicio al costo como corresponde, regulado por la Autoridad Reguladora del Servicio Púbico (Aresep) en fijación de tarifas, determinación de cánones y demás”.
Al diputado se le planteó la realidad de que en los sectores agrícola y eléctrico existen cooperativas que funcionan como empresas de considerable tamaño y si esa posibilidad quedaría abierta en el caso del agua en zonas rurales.
Cambronero apuntó que “solamente podría ver esa posibilidad en el tanto y cuanto haya muchas Asadas que estén deseando modificar su figura jurídica hacia cooperativa de agua”.
Reconoció al respecto que el marco legal del cooperativismo es “mucho más robusto y da muchas más posibilidades” que el de las Asadas, por lo que el proyecto de ley “es una buena posibilidad para que las Asadas migren hacia esa condición, pero es una decisión que cada asamblea determinará en cada comunidad respectiva”.
Sobre el futuro del proyecto, Cambronero observó que “es claro que no habría un interés inmediato por parte del Poder Ejecutivo, en consecuencia, el proyecto estará dictaminado, entra al orden del día y veremos cómo avanza”.
“PRIVATIZACIÓN”
Yamileth Astorga apuntó que “cuando muchas instituciones tienen competencias lo que se hace es un sistema ingobernable” y en ese sentido subrayó que el AyA ha dado una serie de pasos para fortalecer a las Asadas, como lo fue la construcción de una política pública de organización y fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua. Expresó que si se introducen las cooperativas, “todavía se nos viene otro tipo de figura, la situación se nos hace muy difícil”, apuntó.
Astorga observó que si bien las cooperativas no escaparían al control del AyA, “resulta que esta figura tendría dos amos, es decir dos rectores: el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y el AyA”.
“Cuando un modelo es exitoso, ¿por qué cambiarlo? Hay que mejorarlo, hay que fortalecerlo, pero al cambiarlo nos podríamos llevar al traste lo que hasta hoy en día hemos logrado”, expresó Astorga.
Así, la funcionaria hizo un llamado a que más bien las Asadas sean fortalecidas, sentenció que el proyecto es “la puerta de entrada a la privatización de los servicios, esto por supuesto nos alerta a todos”.
De hecho, durante su comparecencia ante la Comisión hace dos años, el ministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez, expresó que en el proyecto “las cooperativas obtienen un estatus de prestatarias de un servicio similar al del propio AyA y no como en el caso de las Asadas, que ejercen un claro rol auxiliar, tal como está estipulado en la norma, lo que podría devenirnos en una privatización del servicio, en contraposición a la seguridad hídrica nacional”.
Desde el ambientalismo, Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon), criticó que se abra la posibilidad de que las Asdas se puedan convertir en cooperativas, pues dijo que esas asociaciones no solamente son claves para ese servicio específico de administración del agua, sino que dentro de sus comunidades cumplen una función social que las cooperativas no.
Ejemplificó ello con los casos de El Cairo o Milano de Siquirres, donde según dijo las Asadas “han jugado función social de defensa del agua frente a actividades como la piña, han posibilitado la organización social de la defensa del agua”.
Añadió que la figura de la cooperativa es “muy permeable” a intereses corporativos o privados.
Álvarez además observó que en las Asadas, cada persona abonada al servicio tiene un voto en la asamblea, mientras que en las cooperativas se debe pagar una cuota para ser miembro, lo cual según dijo “se presta más a formas ya existentes de privatización”.
“Por eso decimos que la cooperativa se aleja más del espíritu de lo público, para convertirse más en un servicio mercantilizado”, añadió.
