Inconformidades y reclamos desde diferentes flancos tienden a minar legitimidad de la mesa de diálogo convocada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para proponer reformas al sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en el que el ingreso de la cotización dejó de alcanzar para pagar las pensiones, y los intereses del fondo se están usando en vez alimentar la reserva.
Los cuestionamientos van tanto contra la composición como sobre el contenido de la mesa de diálogo, que se instaló hace un par de semanas y debe rendir sus acuerdos en mes y medio.
Los sindicatos mantienen su rechazo, con matices, a la decisión de la junta directiva de la Caja de aumentar un 1% la cotización obrera para el IVM, por encima de la mesa de diálogo en la que se convocó a sectores sociales a discutir reformas al régimen de pensiones, con base en un estudio actuarial sobre el estado de este que entregó la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR).
A contrapelo de los pedidos para dar marcha atrás, y el generalizado descontento que generó la decisión de cargar el aumento a la parte obrera sin esperar las propuestas de solución que salgan del diálogo, la directiva acordó la semana pasada aplicar el incremento del 1% en dos tractos: 0,5% a partir del 1 de julio y 0,5% desde el 1 de enero próximo.
Al conocer la noticia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) – que no participa en el diálogo en protesta por el 1% – pidió la destitución de la presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz, y anunció una “acción de envergadura” para los próximos días.
Albino Vargas, secretario general de la ANEP y coordinador del agrupamiento sindical Patria Justa, llamó a una “amplia unidad de acción de todos los sindicatos”, porque los trabajadores “están indignados” con lo que está haciendo la Caja.
La destitución de Sáenz se debe dar – según Vargas – porque ella desobedeció la orden del Gobierno y del propio Presidente Luis Guillermo Solís de llevar a la mesa de diálogo la discusión del aumento.
A su vez, el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco) y la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), que agrupan a organizaciones del magisterio y empleados de la Caja, condenaron la decisión e indicaron que están analizando si continúan en la mesa de diálogo, y no descartan una huelga nacional.
Por su parte, la bancada del partido Frente Amplio se sumó al pedido de destitución de la presidenta de la Caja.
El diputado Francisco Camacho catalogó de inaceptable que la Junta Directiva de la CCSS aprobara un aumento del 1% en los aportes para el IVM, porque carga exclusivamente los costos de la decisión sobre los hombros de los trabajadores, “cuando se trata de un régimen tripartito donde el Estado y el sector empresarial deberían asumir también una parte del incremento”.
El Presidente Solís –que había solicitado a los directivos de la Caja desistir del aumento – insistió en la necesidad de mantener el diálogo abierto y discutir el tema, como parte de un ejercicio de buena fe que permita que los distintos sectores aporten su opinión, en un esfuerzo constructivo de apoyar cualquier medida que salga.
Tras la instalación de la mesa de diálogo se han escuchado críticas sobre la falta de representación de sectores que serán afectados por los cambios que se acuerden. Por ejemplo los jóvenes, que componen la mayoría de la población cuya futura pensión está en juego.
Tampoco están emprendedores y trabajadores independientes que cotizan para el IVM, ni el sector informal de la economía en el que trabajan 700.000 personas, que por diversas razones están fuera de la seguridad social.
En el diálogo convocado por la Caja participan representantes de la Defensoría de los Habitantes, la Iglesia Católica, el Instituto Nacional de la Mujer y los sectores representados en la directiva de la Caja (Gobierno, empresa privada y trabajadores).
Prácticamente es la misma representación que participó en el diálogo social en el que se aprobaron reformas al IVM en el 2005, entre ellas un aumento escalonado de los aportes cada cinco años, lo que debía asegurar la sostenibilidad del régimen por 40 años.
Sin embargo, en el 2009 los ingresos de las cotizaciones no alcanzaron para pagar las pensiones y empezó a utilizar los intereses de la reserva. Cerca de ¢530.000 millones de los intereses se usaron entre 2009 y 2016, suma que equivale a la cuarta parte del monto de la reserva del IVM (de ¢2 billones).
Estos números rojos los trajo a colación la semana pasada durante una mesa redonda celebrada en la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco), la socióloga Juliana Martínez, experta en seguridad social. Ella integra un grupo de profesionales que por compromiso cívico han dedicado tiempo a estudiar las finanzas del IVM, revisando los presupuestos, estados financieros, actas de la junta directiva y otros documentos de la CCSS.
Martínez señaló que como parte de la transparencia y rendición de cuentas que se debe a la ciudadanía, esta debe saber qué pasó para que una reforma del IVM que se hizo el 2005 para asegurar la estabilidad del régimen por 40 años, entrara en crisis 30 años antes de lo previsto.
Falló el modelo actuarial (aportado por la Organización Internacional del Trabajo) o qué fue lo que pasó.
Eso debe ser parte de la discusión cuando se le pide a la gente nuevos sacrificios con aumentos del aporte para pensiones y cambios paramétricos del régimen (edad de retiro, monto de la pensión, primas), a fin de que los errores cometidos no vuelvan a suceder.
De lo contrario sería como arreglar el carro para volvérselo a dar al chofer que lo chocó, ilustró la expositora.
Según se ve en las cuentas de la CCSS, hasta el año 2007 los ingresos del IVM crecían y alcanzaban para pagar las pensiones y aumentar la reserva, pero a partir de ahí se da una brusca caída del excedente. Desde el 2009 aparece un déficit creciente entre ingresos y gastos, y se empezó a utilizar los rendimientos del fondo para pagar pensiones.
CAUSAS
Ese desajuste en las finanzas del fondo no se debe –contrario a lo que afirman las jerarquías de la Caja – a cambios en la composición demográfica de la población, pues la población no envejece de un día para otro, y es una variable contemplada en las proyecciones actuariales. Tendría que haber ocurrido una guerra o un cataclismo natural que acabara con la población joven cotizante para que se diera un cambio abrupto en el número de cotizantes, pero esa situación no ocurrió, señaló Martínez.
Tampoco se debe al impacto de la crisis económica del 2008, pues los ingresos del IVM no disminuyeron tras la crisis, ni tampoco es por un aumento de la informalidad, pues esta se mantiene en proporciones similares a las que había en el 2005, anotó.
No está diciendo que esos elementos no se deben tener en cuenta, sino que no son la causa del desbalance, acotó.
Apuntó a la injerencia política que se dio en ese período (gobierno de Óscar Arias 2006 – 2010), cuando en el marco de la disputa por la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Estado se puso a favor de la aprobación del Tratado y en la Caja se tomaron medidas que eran populares en ese momento.
Fueron decisiones aprobadas por la Junta Directiva y avaladas por la dirección actuarial y el área financiera de la institución, y que ocasionaron pérdidas al IVM por el orden del billón de colones, equivalentes a la mitad de la reserva, estimó Martínez.
Por ejemplo, y según cálculos conservadores “para que no digan que exageramos”, se congeló la base contributiva para pensión, solo eso costó una pérdida de ¢95.000 millones; se aprobó un cambio en el cálculo de las pensiones (que costó ¢33.224 millones); se aumentó la pensión mínima más que la tasa inflacionaria (¢37.282 millones), la Caja regaló un 8% de renta que pagó por la compra de títulos valores, impuesto que no tenía que pagar, y cuya devolución no reclamó (¢3.000 millones), detalló entre otros ejemplos.
Esto es algo que se debe explicar a la ciudadanía a la que le exige un sacrificio con aumentar las cuotas o disminuirle la pensión, porque de lo contrario sería aprobar ingresos para que los administren los mismos y al cabo de un corto tiempo estar de nuevo con el problema.
Martínez señaló que el régimen de responsabilidad y la explicación del déficit actual debe ser parte de la discusión actual, y objetó que la Gerencia de Pensiones de la Caja y la Superintendencia de Pensiones (Supen) tengan a cargo la secretaría técnica de la mesa de diálogo.
La jerarquía de la Caja está demasiado involucrada en esto para que sea parte de la solución. Gente que ha cometido errores de esa magnitud no deberían estar liderando la mesa de diálogo, consideró.
Presupuestariamente se observa que hay un antes y un después en las cuentas de la Caja a partir del año 2007, coincidió Jorge Herrera Fernández, profesional en administración que ha dado seguimiento a los presupuestos y estados financieros de la institución.
En periodo 2006 – 2010 hubo mucha injerencia política, y en el 2009 ya se usaron los intereses para pagar pensiones en el IVM. La pregunta es qué estaba haciendo la gente que trabaja en la parte actuarial, financiera y presupuestaria, que se daba cuenta que cada año se usaban más intereses que no iban a incrementar las reservas. Fueron ¢529.000 los utilizados del 2009 al 2016, señaló.
Cabe mencionar que con motivo de la crisis financiera que vivió la Caja en el 2010, la entonces presidenta Ileana Balmaceda y el director actuarial Guillermo López aseguraron en la Asamblea Legislativa que era una crisis de liquidez coyuntural y bajo juramento garantizaron la sostenibilidad del IVM hasta el 2037 – 38.
El economista Mario Devandas, representante de los trabajadores en la directiva de la Caja, expresó en una entrevista de televisión, que bajo la presidencia ejecutiva de Eduardo Doryan se planteaba que había una crisis y se utilizó la Caja como instrumento de política económica.
Por ejemplo, se crearon 10.000 plazas en la institución para paliar el tema del desempleo, se permitió la pensión adelantada, se bajaron las tasas de interés en los préstamos hipotecarios y se corrieron clientes, medidas que efectivamente repercuten en el comportamiento del fondo de pensiones (que cobija a millón y medio de afiliados, incluidos 250.000 ya pensionados).
Pero aseguró que el régimen no está en peligro, aunque obviamente necesita ajustes, y tanto los ya pensionados como los que van a recibir pensión deben estar seguros de que la van a tener sin problemas.
El representante no estuvo de acuerdo con el aumento del uno por ciento de la cuota de los trabajadores, porque cree que la medida es insuficiente y porque debió ser analizada en el contexto de una solución integral para el régimen y para toda la institución de seguridad social, que debe abarcar también la situación del seguro de salud, sobre el cual la Junta Directiva acaba de recibir un estudio “muy preocupante”, aseguró.
Respecto del rol de la Supen en este tema, el superintendente Álvaro Ramos dijo que su predecesor (Roberto Robles) advirtió muchas veces que no se estaban tomando buenas decisiones en el IVM, que había decisiones sin fundamento técnico, y llevó casos al Ministerio Público donde no prosperaron.
“Ya él hizo el intento, ahora toca construir”, manifestó Ramos tras indicar que su prioridad no es la denuncia.
El problema es que la gente habla como si no se hubiera hecho nada para tratar de obtener rendición de cuentas de quienes tomaron las decisiones y ya no están en la institución.
Dijo temer que el recurso de rendición de cuentas ahora sea una táctica dilatoria para distraer y posponer la toma de decisiones en el régimen, lo que puede tener un costo mil veces mayor para las generaciones futuras.
Gerente de pensiones:
IVM no está en crisis, está en etapa de ajustes
Durante una mesa redonda celebrada la semana pasada en la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco), Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja, puso énfasis en los cambios de la composición demográfica como ocurre también en otras partes del mundo (menos hijos por familia, envejecimiento de la población y más jubilados, aumento de la expectativa de vida), para explicar por qué se hace necesario hacer ajustes en el IVM.
Negó que el IVM esté en crisis, sino que lo que hay es una etapa de “maduración” del sistema, y hay que hacer ajustes porque las condiciones ya no son las mismas que eran cuando se creó, y hay que ir evolucionado conforme la sociedad va cambiando.
En respuesta a críticas de por qué la Caja ha tardado en tomar medidas para evitar que las reservas del fondo se menoscaben y se haya tenido que empezar a usar los intereses para pagar las pensiones, sostuvo que no es cierto que no haya habido reformas.
Por ejemplo, mencionó que en 1991 se ajustó la edad retiro, en el 2000 el país dio un importante paso al crearse un sistema de pensiones “multipilar” (varios pilares) en el que el de la Caja pasó a ser un pilar que da una pensión básica, y hay operadoras complementarias de donde va a venir otra parte de la pensión para la persona trabajadora.
Luego, en el 2005 se hizo otra reforma del IVM, en la que se acordó un aumento escalonado de la cotización cada cinco años, hasta el 2024.
Actualmente se está en otra etapa de ajustes, y posiblemente, en el futuro, habrá que volver a hacerlos, porque el futuro no lo podemos prever y, por ejemplo, no sabemos cuál será el impacto de la robotización y el cambio climático en el mercado laboral.
En este momento está debidamente instalada la mesa de diálogo sobre las medidas a tomar para la sostenibilidad del régimen. Ahí se está analizando el estudio actuarial sobre el IVM que la Universidad de Costa Rica (UCR) entregó en diciembre pasado, y otros temas; pero la Junta Directiva de la CCSS ya había aprobado una estrategia de sostenibilidad del régimen a corto plazo y una estrategia de sostenibilidad a mediano y largo plazo.
Algunas de las medidas para el corto plazo fue la eliminación de la pensión anticipada con costo, es decir, irse antes con menos pensión, la cual estaba siendo muy demandada y estaba metiendo mucha presión al flujo de efectivo del sistema.
Además, se le pidió al Estado que aumentara la participación en el financiamiento de la pensión mínima, para las personas a las que, de una u otra manera, las cotizaciones que tenían no les alcanzaba para tener la pensión mínima. Esa diferencia está siendo asumida por el fondo, pero la tendencia en los sistemas de seguridad social es que esta parte sea asumida por el Estado.
El año pasado la junta directiva acordó aumentar la cuota de Estado para el IVM (que pasó de 0,68% a 1,25% de la masa salarial).
Luego, vino el tema del aumento de 1% de la cuota obrera (que de 2,84% pasaría a 3,84%), que está generando mucha discusión. Aunque en Costa Rica dicha cuota es baja en relación con la mayoría de sistemas de pensiones en el mundo, y que según el estudio de la UCR, debería ser de un 10% para asegurar el sostenimiento del beneficio.
Por ejemplo, en Chile un trabajador cotiza 10%, en Uruguay 15%, mientras que aquí tenemos una cotización para el I VM de 2,84%.
Este aumento de aporte es una medida de corto plazo que va a fortalecer la reserva del IVM y permite que no se tenga que tomar de los intereses de la reserva del fondo para pagar pensiones. Mientras tanto, se acuerda con tranquilidad cualquier medida de mediano y largo plazo que pueda entrar de una manera gradual y la población tenga todas las condiciones para ajustarse.
El estudio de la UCR dice que si las condiciones existentes hoy no se ajustan, en un momento dado las cotizaciones que se están dando actualmente para el régimen no van a ser suficientes (según el estudio en las condiciones actuales, si no hay reformas la reserva se agotaría en el 2030).
Barrantes dijo no estar de acuerdo con algunos señalamientos sobre el desajuste de las reservas y los ingresos del IVM, y el estudio de la UCR señala las causas.
Aparte de los temas demográficos y financieros que son claros para todos los países, enumera algunas decisiones tomadas, y que por el lado de los ingresos tienen que ver con el impacto causado por la crisis económica del 2008.
También, que la base mínima contributiva se mantuvo sin cambio por cierto tiempo, lo cual fue una decisión que tomó la Junta “por algunas razones”.
Por el lado de los gastos, hubo algunos aumentos de las pensiones superiores a la inflación, pero eso hizo que hoy la pensión mínima sea de ¢130.000, y desde el 2009 las pensiones se ajustan con la tasa de inflación.
Consideró que planteamientos sobre cambios en la gestión administrativa son válidos y la Junta Directiva los puede estudiar. El estudio de la UCR trae recomendaciones al respecto, como una reestructuración de la función actuarial; y por otro lado, las denuncias sobre la actuación de algunas personas en la Caja están en el Ministerio Público, anotó Barrantes.
Cuenta por cobrar
La Caja cuenta que el aumento del 1% en la cuota obrera le aportará al IVM un ingreso anual de ¢100.000, más ¢64.000 que obtendrá por el aumento de 0,66% a la cuota del Gobierno, acordado en julio pasado. Y no sería necesario utilizar los intereses para pagar las pensiones en los próximos cinco años, mientras se aplican con tranquilidad las medidas a mediano y largo plazo que se acuerden en la mesa de diálogo.
Sin embargo, el Gobierno no incluyó ese pago en el presupuesto de este año, y el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, dijo que han estado discutiendo ese tema con la Caja. “Le hicimos ver a la Caja que eso nos iba a originar un hueco adicional de ¢60.000 millones por año, que lo hicieron sin haber considerado ese aspecto desde el punto de vista fiscal y ahora estamos preocupados porque es un leño más en la hoguera de este tema”, indicó.
La Caja lo tiene en cuentas por cobrar y la inclusión de ese pago en el presupuesto es objeto de negociación, según reconoció la semana anterior en una entrevista el gerente de pensiones, Jaime Barrantes.