Control político: ¿quiénes desfilaron en las comparecencias de la Asamblea Legislativa?

La lista de personajes que han sido llamados a dar explicaciones ante los diputados en este año legislativo es amplia y arrastran los fantasmas políticos del primer mandato del PAC.

Las salas de reunión de la Asamblea Legislativa han visto comparecer a importantes figuras políticas del país desde que los diputados de la actual administración ocuparon sus curules.

Los micrófonos de las comisiones legislativas se han abierto a las decenas de explicaciones sobre las principales “polémicas” de las últimas dos administraciones y los tropiezos del gobierno anterior, presidido por Luis Guillermo Solís Rivera.

La oposición insiste en llamar este mandato “el quinto año de gobierno del PAC” y se han mantenido críticos del quehacer ejecutivo, mientras que la bancada oficialista trata de desmarcarse de la administración Solís Rivera.

Los políticos que ocupan las 57 curules de la Asamblea Legislativa ejercen la labor de control político a través de las comisiones legislativas especiales, como Ingreso y Gasto Público, que ha solicitado la mayoría de comparecencias.

¿Quiénes y por qué han pasado por la silla caliente de las comisiones?

La lista cada día se ensancha más y hasta el momento incluye a ministros de diversas carteras, exdiputados y hasta a expresidentes de la República. En un breve repaso de temáticas, el llamado “hueco fiscal” encabeza la lista de las que ocuparon la atención de la población y los medios de comunicación.

DESFASE PRESUPUESTARIO

El expresidente Luis Guillermo Solís; su exministro de Hacienda, Helio Fallas; y la actual jerarca de esa misma cartera, Rocío Aguilar, son tres de los nombres más relevantes que figuran en el registro de quienes han sido llamados a comparecer ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, presidida por el diputado disidente de Restauración Nacional, Jonathan Prendas.

El desajuste de ¢900.000 millones en el último presupuesto de la pasada administración es la temática que más ha resonado en los oídos de los costarricenses y por el cual Solís y Fallas fueron solicitados por los legisladores.

Las veces que Solís compareció frente a los legisladores por hasta más de cinco horas seguidas, rechazó que su gobierno hubiera evitado enviar el presupuesto extraordinario por motivos electorales (Carlos Alvarado se encontraba en campaña) y aseguró, más bien, que el ministerio de Hacienda no tuvo a tiempo la información depurada para calcular la cifra requerida.

Tanto Fallas como la Tesorera Nacional Martha Cubillo, coincidieron con esto último e informaron en sus comparecencias que no se contó con los datos a tiempo para presentar el presupuesto extraordinario para amortizar la deuda interna.

Por su parte, Rocío Aguilar, como jerarca del Ministerio de Hacienda de la actual administración, también ha tomado la palabra en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, en la que defendió los presupuestos extraordinarios solicitados por el actual gobierno que, según su criterio, el gabinete anterior debió haber enviado a la Asamblea Legislativo desde inicios del 2018.

En el informe final de los diputados, estos solicitaron investigar penalmente tanto a Solís como a Fallas, así como a la tesorera nacional Martha Cubillo y los subalternos que participaron en la presupuestación.

Además, los integrantes de la Comisión de Ingreso y Gasto Público pidieron a la población y a los partidos políticos, no tomar en cuenta para cargos públicos al expresidente y al exministro.

Y aunque el “boom” del “cementazo” data desde finales de la administración Solís Rivera, los diputados actuales han continuado con el trabajo de investigación.

Recientemente la expresidenta del Banco de Costa Rica (BCR), Mónica Segnini, compareció nuevamente en un foro en el que enfatizó que Solís, estando en la silla presidencial, se interesó por conocer únicamente la información brindada por la directora Paola Mora y el exgerente Mario Barrenechea, quienes defendieron los créditos otorgados a Juan Carlos Bolaños, por lo que mantiene responsabilidades en el caso del “cementazo”.

Helio Fallas, exministro de Hacienda de la administración Solís Rivera, debió dar explicaciones acerca del desajuste
presupuestario dado a conocer a inicios del 2018. (Foto: Archivo).

NOMBRAMIENTOS ILEGALES

Otra figura política que protagonizó uno de los casos más conocidos es la excanciller Epsy Campbell, quien tuvo que asistir al plenario en épocas convulsas para el gobierno, como lo fue la huelga contra el plan fiscal. ¿El motivo? Nombramientos ilegales.

La oficialista fue cuestionada por nombrar a dos directoras en “puestos de confianza”, sin contar con los requisitos para ejercer dichas labores.

Se trató de Adriana Murillo y Carolina Fernández, nombradas como directora general de Política Exterior y directora adjunta de la anterior cartera, respectivamente.

Campbell tuvo que rendir cuentas sobre la forma en que se realizaron los nombramientos, que fueron confirmados como ilegales por la Procuraduría General de la República, y aseguró que en años anteriores estas designaciones se han realizado basados en parámetros de idoneidad y no necesariamente apegados a los que establece el Estatuto del Servicio Exterior.

Tras hacerse pública la polémica, Campbell presentó su renuncia como ministra de Relaciones Exteriores ante la Asamblea Legislativa e informó que continuaría únicamente con su labor de primera vicepresidenta. FEES Además de políticos de altos mandos, los diputados llamaron a los foros de comparecencia a los rectores de las universidades públicas del país.

Los miembros del Consejo Nacional de Rectores (Conare) aclararon los cuestionamientos por parte de los congresistas acerca del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES).

Un supuesto superávit de recursos, la disposición de las universidades a acogerse a ley de Empleo Público y la falta de inversión en las sedes regionales fueron tres ejes en los que se enfocó el grupo de legisladores y que fueron abordados por los jerarcas de las instituciones de enseñanza superior.

Los rectores afirmaron que sus instituciones han trabajado en el control del gasto y que los recortes al FEES podrían generar transformaciones en las sedes y recintos a lo largo del país así como en la oferta académica.

Unos de los mitos que intentaron derribar los rectores es el que los recursos otorgados a las universidades públicas no van en detrimento de otros niveles educativos, ya que poco más del 80% del presupuesto dirigido a educación es utilizado por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Los micrófonos de las comisiones también fueron abiertos a deportistas, como el nadador Jonathan Mauri, quién asistió a comparecer por motivo del premio Claudia Poll, por el que se le entregaron ¢243 millones después de ganar un juicio contra el Estado. Además, al alcalde Marvin Solano, de Paraíso de Cartago, por irregularidades en proyectos urbanísticos.

La actual ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, es una de las fichas del PAC que más ha asistido a la Asamblea
Legislativa a aclarar cuestionamientos de los legisladores. (Foto: Miriet Ábrego).

¿QUÉ NO SE INVESTIGÓ?

Durante el primer año legislativo las críticas y los cuestionamientos no han apuntado únicamente al oficialismo.

El bloque evangélico es uno de los que se han visto salpicados por meollos políticos, esta vez relacionados a la campaña electoral que catapultó al candidato de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, a competir en la segunda ronda.

El partido fue denunciado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por la supuesta existencia de una estructura paralela de financiamiento y por pagos en efectivo con recursos no reportados, un hecho que dejó mal posicionado al partido de las “manos limpias”.

Sin embargo, la mayor polémica se daría cuando a las pocas horas de darse a conocer el suceso los diputados de la fracción afín al excandidato presidencial Fabricio Alvarado pidieron abrir una investigación al TSE por temas tan diversos como el presupuesto, denuncias de acoso sexual, cantidad de funcionarios, así como el cambio de formato de las cédulas de identidad.

Para muchos, el señalamiento al TSE se realizó a manera de “cortina de humo” y represalia contra la autoridad electoral, para desviar la atención de la denuncia sobre su partido.

A inicios de marzo, la petición para investigar a la institución fue retractada; no obstante, el mes anterior se aprobó, nuevamente, una moción para abrir un proceso de investigación sobre las finanzas del órgano electoral, esta vez solicitada por el diputado independiente Erick Rodríguez Steller.

Por su lado, la denuncia realizada por TSE continúa en investigación en la Fiscalía y ninguna figura de Restauración ha sido llamada a comparecer ante los legisladores.

Además de la supuesta estructura paralela que se le achaca al partido, el diputado de la bancada del partido independiente Nueva República (antes integrantes de Restauración Nacional), Jonathan Prendas, protagonizó diversos cuestionamientos dentro del plenario, por recibir más de 1 millón de dedicación exclusiva como asesor legislativo en la pasada administración, a la vez que ofreció sus servicios en la campaña electoral para el partido Restauración Nacional.

No obstante, por falta de apoyo dentro de la Comisión de Ingresos, la intención de llamar a Prendas y otros involucrados en la campaña a comparecer quedó suspendida.

Estos son solo un recuento de los hechos que tocaron las puertas de las comisiones legislativas en este primer año de un Congreso con mayoría opositora al oficialismo.

Quedan aún tres años de labores para la actual Asamblea, ¿quiénes más faltarán por desfilar frente a los legisladores?


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