El contrato del préstamo del Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE) al Gobierno para que se pueda construir un tren eléctrico metropolitano consideró “el impacto que tendría este endeudamiento en las finanzas públicas”. No obstante, “estas estimaciones no incorporaron el impacto por la emergencia internacional por COVID-19 y podrían variar en el proceso de revisión de las cifras fiscales y de crecimiento económico”, se aclara en el proyecto de ley en discusión en la Asamblea Legislativa.
Al respecto se indica en el documento que “en la razón Deuda Gobierno Central/PIB, se observa que el impacto es marginal, ya que al considerar los desembolsos del crédito, dicha razón se proyecta para el 2026 en un 65,33% y, si el financiamiento del BCIE no se incorporara, sería de un 64,68%, es decir un incremento adicional de 0.65%”. Este análisis fue previo a la emergencia generada por la pandemia.
El oficial jefe de país del BCIE, Mauricio Chacón Romero, dijo que al aprobar el crédito por $550 millones al Gobierno de Costa Rica, analizaron al país como un socio fundador y como un país recipiente de recursos del banco, al que históricamente han apoyado.
“Confiamos en que Costa Rica va a poder superar los obstáculos que hoy día está enfrentando y que va a poder tener los elementos para hacer el repago de esta operación”, manifestó Chacón durante la audiencia realizada ayer martes en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa.
Dicha comisión analiza el proyecto de Ley para la aprobación del empréstito con el BCIE para el Tren Eléctrico de Pasajeros (Expediente 21.958).
Ante las consultas de los legisladores María Inés Solís (Unidad Socialcristiana) y Luis Fernando Chacón (Liberación Nacional), el funcionario del BCIE aseguró que tienen documentos que respaldan cómo pagará dicho empréstito el Gobierno.
“Sí, nosotros analizamos a Costa Rica como nuestro deudor, siendo un socio fundador del BCIE”, señaló Mauricio Chacón, y agregó: “nosotros valoramos la forma en que Costa Rica plantea la forma del desarrollo del proyecto”.
“Entendemos de que en este momento viene una etapa para definir esos elementos, con las contrapartes potencialmente interesadas en el desarrollo del proyecto”, dijo Chacón.
Condiciones financieras del crédito
La inversión total aproximada del proyecto del tren rápido de pasajeros es de $1.550 millones, que incluye el costo estimado de las obras y equipamiento, diseño e implementación.
El empréstito con el BCIE es por un monto de hasta $550 millones, en donde el Gobierno es el prestatario y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) es el organismo ejecutor. Si la Asamblea aprueba que el Gobierno reciba estos recursos, serían el aporte estatal a la inversión de capital del proyecto.
La tasa de interés anual del préstamo se basa en la Tasa Libor (de la “British Bankers Association”, de Inglaterra) a seis meses, más un margen fijo de hasta un 2,90%. A la fecha, la tasa actual es de un 3,78%. El plazo del crédito es por 25 años; pero tiene un periodo de gracia de cinco años, a partir del primer desembolso. El periodo de amortización es de 20 años, según se detalla en el proyecto de ley del empréstito. La comisión de seguimiento y administración corresponde a 2/5 del 1% sobre el monto del préstamo, pagadera a más tardar al momento del cierre financiero de la concesión adjudicada para la ejecución y operación del proyecto.
El contrato con el BCIE destaca que el banco no cobrará comisión de compromiso, lo cual “suaviza el impacto” sobre el flujo de caja del Gobierno y “coadyuva en el manejo de su liquidez y causa el menor impacto posible en sus finanzas”. Se resalta que esto es un “elemento esencial en esta operación, ya que el Incofer tiene programado iniciar desembolsos hasta la finalización y entrada en operación de cada una de las líneas ferroviarias, lo cual comenzaría a suceder de acuerdo a las estimaciones en el año 2024-2025”.
El contrato también consideró “el impacto que tendría este endeudamiento en las finanzas públicas”. Al respecto se indica que “en la razón Deuda Gobierno Central/PIB, se observa que el impacto es marginal, ya que al considerar los desembolsos del crédito, dicha razón se proyecta para el 2026 en un 65,33% y, si el financiamiento del BCIE no se incorporara, sería de un 64,68%, es decir un incremento adicional de 0.65%”.
No obstante, estas estimaciones no incorporaron el impacto por la emergencia internacional por COVID19 y podrían variar en el proceso de revisión de las cifras fiscales y de crecimiento económico, se aclara en el proyecto de ley en discusión.
