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Contraloría valora dos denuncias relacionadas con contratación de la CCSS a cooperativas para administrar 10 áreas de salud

UNIVERSIDAD publicó este miércoles que el cartel de licitación 2023LY-000002-0001101142 relacionado con las 10 áreas de salud fue debilitado por miembros de la Junta Directiva de la CCSS, según denunció un área técnica de la Gerencia Médica

La Contraloría General de la República (CGR) valora dos denuncias relacionadas con la contratación de cuatro cooperativas y una asociación por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para administrar 10 áreas de salud.

Así lo indicó este miércoles por la tarde la CGR ante consultas de UNIVERSIDAD.

“El área de Investigación para la Denuncia Ciudadana nos indica: en relación a la consulta se recibieron dos denuncias relacionadas con el tema. Actualmente se encuentran en fase de admisibilidad y en atención a la normativa vigente no es posible brindar mayor información por encontrarse en trámite”, externaron.

Estas denuncias se dan en medio de la discusión a lo interno de la Junta Directiva de la CCSS para adjudicar estos contratos a las cooperativas en los próximos días.

El sábado anterior, por ejemplo, la Junta Directiva acordó postergar la decisión por 15 días más. De esta forma, la decisión se tomaría en el mes de julio.

Este acuerdo se tomó “ante dudas razonables” de los directivos que “imposibilitan la toma del acto final en esta sesión y anteponiendo el interés público en aras de una decisión informada”. Esto permitiría una ampliación de los análisis técnicos y financieros que permitan sustentar la decisión final.

La posible adjudicación de las áreas de salud de Barva y San Pablo, en Heredia; Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio-León XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás, en San José, a las cooperativas no ha escapado de la polémica. 

UNIVERSIDAD publicó este miércoles que el cartel de licitación 2023LY-000002-0001101142 relacionado con las 10 áreas de salud fue debilitado por miembros de la Junta Directiva de la CCSS.

Así lo denunció la directora de la Red de Servicios de Salud de la CCSS, Karla Solano, al gerente médico a.i. de la institución, Alexander Sánchez, en el oficio DRSS-AGAST-0311-2024 del 19 de junio del 2024.

De acuerdo con Solano, los cambios en el cartel fueron solicitados de manera informal por parte de directivos de la CCSS (aunque no especifica los nombres). Entre los cambios se encuentran “dejar a la libre los perfiles administrativos, la extensión del plazo de contratación a 10 años, así como eliminar requerimientos institucionales en materia de infraestructura y equipamiento, disminución en el monto de la garantía de cumplimiento y la potestad del oferente de consolidar los procesos en casos de ser adjudicado con más de una partida”.

Este cartel fue elaborado luego de que los directivos aprobaran, el 20 de marzo del año anterior en la sesión 9.320, dejar sin efecto la licitación anterior, la cual había recibido un sinnúmero de objeciones por parte de la Contraloría General de la República (CGR).

Esta recomendación fue hecha en esa sesión por parte de la Comisión de Cooperativas, integrada a inicios del 2023, por los entonces directivos Isabel Camareno (actual representante del Gobierno), Roberto Quirós y Juan Ignacio Monge.

Una eventual adjudicación de estas áreas de salud a las cooperativas se podría traducir en sobreprecios de hasta ₡210 mil millones, según estudios técnicos elaborados por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS.

Este estudio de razonabilidad de precios fue respaldado por un equipo técnico intergerencial —conformado por solicitud de la Junta Directiva de la CCSS— quienes indicaron que el Área de Contabilidad de Costos desarrolló un estudio de razonabilidad bajo los principios lógicos que se deben cumplir para su elaboración.

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