La contabilización como gastos de las inversiones no recuperadas en el Banco de Crédito Agrícola de Cartago (BCAC), llevó a la Contraloría General de la República (CGR) a apuntar un déficit fiscal superior al determinado hasta ahora.
El Ministerio de Hacienda estableció el déficit al cierre del 2017 en un 6,2% del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, la CGR sostiene que los ¢100.000 millones que se invirtieron en primera instancia en el BCAC, a los que se sumó otro gasto por $50 millones, se debieron contabilizar como gastos.
Así, la CGR determinó que esos gastos no contabilizados por el Ministerio de Hacienda tuvieron un impacto en el déficit financiero equivalente al 0,4% del PIB, con ello el déficit fiscal alcanzó un 6,6% del PIB en 2017, lo cual, “por transparencia era importante revelar”.
Así lo manifestó Marta Acosta, Contralora General de la República, durante una conferencia de prensa en la que presentó la Memoria Anual 2017, documento que analiza las finanzas públicas.
DESEQUILIBRIOS
Acosta informó que la CGR no avala el dictamen de la liquidación de presupuesto de la República presentado por Hacienda, principalmente por debilidades en el registro presupuestario, como “posibles sumas pagadas de más en el MEP” que cifró en ¢3.535 millones, o unos ¢2.530 millones girados de más en regímenes de pensiones, lo cual incluso puede abarcar el pago a personas ya fallecidas.
Además señaló el incumplimiento de principios presupuestarios como el del equilibrio, el cual se rompe gracias al financiamiento de gastos corrientes con endeudamiento, fenómeno en el que inciden los famosos destinos específicos de gasto determinados por disposiciones legales y constitucionales.
Añadió que los destinos específicos significaron un gasto que representó el 12% del PIB el año pasado. “La CGR ha insistido en que deben ser revisados”, acotó.
“El financiamiento con deuda de los ingresos corrientes cada vez cubre un menor porcentaje de los gastos”, señaló con gravedad. La funcionaria además apuntó que la diferencia entre ingresos y gastos corrientes es de ¢1.372.345 millones en la ejecución, lo cual representa el 4,2% del PIB.
La Contralora se refirió a las causas del déficit fiscal, apuntó en primer lugar la cifra ya conocida que data del 2013, según la cual la evasión fiscal alcanza el 8,22% del PIB, pero también que las exoneraciones actualizadas al 2016 que alcanzan el 5,34% del PIB y el hecho de que el endeudamiento, representa una fuente de ingresos muy vulnerable al contexto macroeconómico, mientras que los gastos son rígidos.
Acosta aplaudió la aprobación de las leyes como las de Fortalecimiento del control presupuestario de Órganos Desconcertados, de Fraude Fiscal, Lucha contra el Contrabando o el Impuesto a Personas Jurídicas; pero citó como tareas pendientes las iniciativas que tienen que ver con empleo público, reforma tributaria, exoneraciones o la revisión de los destinos específicos.
Además, la CGR también presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Púbicos, que entre otros resultados arrojó buenas calificaciones a los servicios de salud, pero también que un 41% de las personas que requieren servicios de otorgamiento de casas o bonos de vivienda, debieron pagar para que les hicieran los trámites, y que un 50% de las personas encuestadas evaluó negativamente los servicios municipales de construcción y mantenimiento de aceras.
Se ofrecerá un análisis más amplio sobre estos temas y la posición del Ministerio de Hacienda en la próxima edición impresa de UNIVERSIDAD.
