El modelo de infraestructura del Ministerio de Educación Pública (MEP) incumple con la normativa y presenta bajos niveles de ejecución por falta de articulación entre los actores, diseño de estrategia e información que diagnostique cuáles son las necesidades de los centros educativos, según un informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR
Esto se traduce en que entre el 2020 y el 2021 el MEP incumplió, en promedio, con el 95% de los centros educativos incorporados en el Plan Anual de Inversión y solo transfirió el 8,5% de los montos establecidos.
También, la Contraría señala que 905 juntas de educación no ejecutan recursos de infraestructura desde el 2017 con saldos que pueden ascender hasta los ¢1997 millones.
Entre el 2017 y el 2021 se han transferido ₡179.723 millones a las Juntas de Educación y Administrativas para infraestructura y a junio de 2022 el Ministerio de Educación Pública ha ejecutado transferencias por ₡2.034 millones.
Además, la falta de estrategia lleva a la institución a -cada vez más- dedicarse primordialmente a apagar incendios: en el 2020 alrededor del 68% del presupuesto se transfirió a centros con órdenes sanitarias, el porcentaje ascendió a 83% en el 2021 y este año es de un 74%.
También, el 58% (692) de los proyectos en inventario parcial corresponden a solicitudes por emergencias, órdenes sanitarias y recursos de amparo.
“La baja inversión incide negativamente en el mantenimiento preventivo y la ausencia de este afecta de forma significativa el estado de la infraestructura a mediano y largo plazo, incrementando los costos futuros de recuperación o reemplazo de la misma” indica el informe.
No hay diagnóstico
La Contraloría aclaró que la información con la que cuenta la institución presentó inconsistencias, por lo que los porcentajes no pueden considerarse exactos y finalmente se desconoce con certeza el estado de la infraestructura de la totalidad de los centros.
Sobre la diferencia entre los datos del MEP y otras instituciones, la Contraloría detalla que “según el control de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), existen 614 centros educativos con órdenes sanitarias pendientes de cumplimiento, por su parte, el Ministerio de Salud registra 662 centros con órdenes por “Deficiencia físico sanitaria” en estado de incumplimiento y 58 en tiempo”
Además, la CGR no encontró información en el MEP de 292 centros educativos con orden sanitaria.
Esta falta de información fiable y oportuna dificulta la toma de decisiones a la hora de ejecutar el presupuesto. Además, la institución carece de un diagnóstico integral de las necesidades de infraestructura del sistema educativo.
La falta de un información, diagnóstico y estrategia detectados por la Contraloría implicaría que el MEP incumple con los artículos 42, 137 y 138 del Decreto Ejecutivo N° 38170-MEP.
Procesos complicados y mala comunicación
La falta de comunicación y lo complicado del proceso para ejecutar proyectos podría estar afectando en mayor medida en juntas de educación con poca capacidad de gestión y entendimiento de los planes o cambio en normativa.
El informe señala que, aunque la coordinación y comunicación es esencial para una correcta gobernanza de la infraestructura educativa, el MEP no dispone de mecanismos integrados para este fin o bien son limitados.
A nivel territorial se presentan disparidades en cuanto al presupuesto recibido, el cual debe ser solicitado por las juntas: entre el 2017 y el 2021, 23 cantones recibieron menos de ¢1.000 millones, 9 con una inversión menor a ¢100 millones y el cantón de Moravia no recibió recursos durante todo el periodo.
Las propias Direcciones Regionales (DRE) reportan dificultades de coordinación y seguimiento: la de 23 consultadas por la CGR, 7 desconoce qué cambios implica una reestructuración anunciada por el MEP en enero del 2022 y 15 ignora qué implicaciones tiene a nivel regional.
También, de las 23, 12 indican que “el procedimiento para atender las necesidades de infraestructura en los centros educativos es muy complejo, 8 señalaron ser complejo y 3 regular. Asimismo, del total de respuestas, 12 consideran que este procedimiento es poco efectivo, 10 que es muy inefectivo y 1 regular”
El informe menciona algunas iniciativas que podrían ser positivas, pero que aún no se ejecutan, como la definición de Macroprocesos en la gestión de solicitudes y el desarrollo de unan sistematización de las bases de datos mediante las herramientas Microsoft SharePoint y Power BI, para analizar y visualizar de mejor manera la información.
La CGR concluye que “el MEP no tiene la capacidad para atender todas las necesidades de infraestructura del sistema educativo, o bien estas se atienden de forma inoportuna, particularmente en lo que respecta a la atención de órdenes sanitarias”.
