La Contraloría General de la República se pronunció sobre el criterio del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, quien manifestó este lunes que "un departamento de la Contraloría nos da un mandato casi policial y a mí me manda a la casa si no obedezco". Cruz se refería a la orden de ajustar los salarios del Poder Judicial de acuerdo con la reforma fiscal, aprobada en octubre de 2018.
Mediante un comunicado de prensa, la Contraloría aclaró que ese departamento cuenta con el respaldo de la contralora Marta Acosta, pese a que el director jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Campos, dijera que los funcionarios de la Contraloría que emitieron la orden no tienen las competencias para realizar esta acción.
"La orden girada por la Contraloría General de la República al Poder Judicial se da dentro del marco de una auditoría en curso en el Área de Fiscalización de Públicos Generales, actualmente a cargo de la gerente Doctora Falon Arias Calero, según las competencias internamente asignadas y, como toda actuación institucional de esta naturaleza, cuenta con el respaldo del Despacho de la Contralora General", dijo Acosta.
La Corte Plena decidió instruir a Fernando Cruz para formular una apelación ante la orden de la Contraloría y pedir la suspensión del acto administrativo. Para esta decisión, 16 magistrados votaron a favor y una en contra (Roxana Chacón).
"El Poder Judicial, como cualquier otra administración pública, cuenta con las vías legales pertinentes para procurar su revisión, incluida la posibilidad de plantear recursos administrativos. La eventual interposición de recursos ante esta sede (CGR) impediría referirse a aspectos propios del fondo en este momento", manifestó la Contraloría.
Los magistrados de la Sala Constitucional, Paul Rueda, Nancy Hernández, Fernando Castillo, Jorge Araya y la suplente Marta Esquivel se inhibieron de la discusión, ya que tienen una acción de inconstitucionalidad al respecto pendiente de votación, la cual fue interpuesta por el diputado Pedro Muñoz.
¿Qué ordena la Contraloría?
El pasado 20 de diciembre la Contraloría ordenó al Poder Judicial ajustarse a los cambios aprobados en la Asamblea Legislativa, tras la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Uno de esos ajustes es el pago de incentivos salariales en montos nominales, en lugar de porcentajes del salario, como se acostumbra. En marzo del año anterior, la Corte acordó mantener los montos porcentuales.
