La contralora general de la República, Marta Acosta, afirmó la mañana de este jueves que aprobar el plan fiscal es una medida que podría calificarse como insuficiente pero “prioritaria”, como parte de su visita a la comisión dictaminadora del expediente 20.580 (Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas).
“La Contraloría estima que la aprobación de este proyecto es prioritaria, pues aún cuando su impacto fiscal podría no ser suficiente para garantizar la sostenibilidad financiera del Gobierno, sí representa un avance en la ruta de superación del contexto”, advirtió la funcionaria ante los congresistas, a los que quedan dos semanas para realizar las últimas correcciones que puedan al texto y enviarlo al Plenario.
Según la contralora, son pocos los cambios que quedan por recomendarse desde la institución que dirige y que —en términos generales— el texto representa una propuesta necesaria para aplacar el déficit financiero nacional, que ya apunta a un 7,1% del PIB al finalizar este año.
Acosta explicó que “esta iniciativa constituye un paso importante a una solución duradera de los desequilibrios fiscales del Gobierno Central”, un campo en el que destacó especialmente las propuestas para establecer controles en materia de reglas fiscales.
“La Contraloría ha hecho ver la necesidad de dar cumplimiento a las reglas fiscales vigentes en el ordenamiento e incorporar otras que sean pertinentes para garantizar la sostenibilidad fiscal, así como la adopción de medidas para el control del gasto tributario y evitar la creación de nuevas obligaciones sin financiamiento”, comentó.
Las propuestas de modificaciones hechas por la Contraloría General de la República (CGR) fueron principalmente técnicas, de modo que su aplicación sea la más correcta posible si el documento logra ser aprobado.
Entre otras medidas, el documento establece la transformación del actual Impuesto General de Ventas (IGV) en uno de Valor Agregado (IVA), lo que implicaría el aumento del espectro de contribuyentes a sectores que hoy están desgravados, como es el caso de los servicios (uno de los más dinámicos del momento).
A ello sólo se exceptuarían 300 productos de una canasta básica, mientras que habría una serie de tasas reducidas en campos como la salud y la educación privadas.
El Gobierno primero planteó que este tributo no solo se transformara, sino también aumentara su tarifa a un 15%; sin embargo, finalmente cedió a las propuestas de la mayoría de las bancadas, que nunca aceptaron el crecimiento.
En cuanto al impuesto sobre la renta, el proyecto plantea extender su carga del 15% a las rentas de capital; con novedades como un aumento de dos tractos al tributo que pagan los salarios más altos, correspondientes a un 20% y un 25%.
Por su parte, en materia de empleo, el proyecto adhiere una reforma a la Ley de Salarios Públicos con planteamientos como el salario único para jerarcas, regulaciones para los regímenes de prohibición y el de dedicación exclusiva; así como la conversión de las anualidades en un mecanismo de evaluación del servicio prestado.
Por último, también establece una regla fiscal que limitaría el crecimiento del presupuesto en cuatro intervalos, en relación con el crecimiento del PIB y el nivel de la deuda pública adquirida.
Actualmente, los diputados de la comisión dictaminadora se encuentran confeccionando los informes que llevarán al Congreso, discusión que se regirá con las normas del procedimiento abreviado.
El objetivo final de la actual Asamblea es al menos dar primer debate al documento, de modo que la siguiente legislatura pueda confirmarlo y cerrar el déficit financiero primario (sin intereses) en un mínimo de 1,9 de los 3,1 puntos del PIB que ya representa el desequilibrio.
Ese 3,1% del PIB es la principal causa del endeudamiento público, que no sólo se encarece, sino que ya representa un 50% de la producción.
