El vicealcalde de la Municipalidad de San José, Marco Vargas Serrano y otros 17 funcionarios e integrantes del Concejo Municipal fueron señalados por la Contraloría General de la República como responsables de tramitar una licitación irregular para la compra de software por ¢624 millones entre los años 2013 y 2014.
El informe Nº 11829-2021 detalla que en la Municipalidad de San José los funcionarios señalados e integrantes del Concejo Municipal dieron trámite y aprobaron una licitación abreviada en lugar de una licitación regular para la compra de licencias de Microsoft a la empresa costarricense Consulting Group Chami Centroamericana S.A.
La Contraloría encontró “falta grave” en el proceder de los funcionarios Jorge Douglas Quesada Altamirano, Reina Isabel Acevedo Acevedo, Flor María Zamora Álvarez, María Eugenia Rivera Araya, Patricia Marín Gómez, Sonia Zamora Bolaños, Rolando Luis Murillo Cruz, Flora Eugenia Bermúdez Salguero, Olger Lawson Marchena, Daguer Hernández Vásquez, Ulises Alexander Cano Castro, Blanca Suñol Ocampo. Marco Castro Camacho, Gioconda Ureña Leal, Mayela Prado Cubillo, Henry Francisco Contreras, Mario Enrique Vargas Serrano y Rocío Aguilar Guillén.
Para estas personas la Contraloría pidió la suspensión sin goce de salario por periodos que oscilan entre los 15 y 30 días. Además fueron declarados responsables civil y solidariamente la pago de ¢7.988.580,62 y ¢8.625.766,91 por el perjuicio a las finanzas de la Municipalidad, donde también deberá responder solidariamente la empresa adjudicada con estos contratos.
La Contraloría indicó que en la licitación 2013LA-000016-99999 hubo una estimación incorrecta del negocio y del procedimiento para adjudicar la contratación, en la que hubo un único oferente.
La licitación adjudicada a Consulting Group Chami Centroamericana S.A por un año correspondiente a un monto de ¢156.000.000 , prorrogable a tres periodos más, lo que suma el total de ¢624.000.000.
La Contraloría también señala como incorrecto que en 2014 el departamento técnico solicitó el pago por un año más, punto en el que la administración municipal debió revisar las condiciones de esta contratación y caer en cuenta que “la contratación adjudicada ya implicaba la posibilidad de prórrogas, que no habían sido consideradas en la estimación del objeto contractual, provocando con esto una incorrecta selección de del procedimiento correspondiente, con lo cual debía tenerse la contratación por irregular”.
“No obstante, como ha quedado demostrado en el presente procedimiento, el Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios recomendó al Concejo adicionar el acuerdo de adjudicación con una cláusula que ya estaba establecida y autorizar el egreso correspondiente, lo cual fue así validado por la Comisión encargada y por el Concejo Municipal mismo, dando continuidad a esta contratación irregular”, dice el documento.
Las personas señaladas por la Contraloría ahora tienen 10 días hábiles para apelar la resolución.
