La Contraloría General de la República (CGR) divulgó el día de hoy los resultados de la Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción 2017, la cual se realizó vía telefónica a 3.208 personas.
Entre los principales resultados destacados por la institución figura el hecho de que el 85% de la ciudadanía consultada considera que en el país hay mucha corrupción, mientras que entre las personas que laboran en la función pública, el 41% desconoce los canales para denunciar y el 46% desconfía de esos canales.
Se trata del tercer año consecutivo que se realiza la encuesta, con la novedad de que se consultó el criterio de tres tipos de población: la ciudadanía, personas que laboran como funcionarios públicos y oferentes al sector público, es decir, quienes participan en procesos de venta o contratación del Estado.
Así, la contralora Marta Acosta destacó que la corrupción es percibida como el segundo problema nacional después de la seguridad, y que el 61% de la ciudadanía encuestada opina que ha aumentado en los últimos dos años. “Debemos seguir trabajando no solo en su detección y sanción sino en su prevención con mayor énfasis, y de ninguna manera se puede permitir que las manifestaciones de la corrupción se asuman con normalidad o indiferencia”.
Acosta insistió en que el beneficio social de evitar un acto de corrupción es “mucho mayor” que el obtenido con su detección y sanción. “Existe entonces un gran beneficio social al dirigir los esfuerzos públicos hacia los enfoques preventivos, los cuales han sido poco desarrollados en todos los países”, observó.
SÍRVASE PAGAR EL 15%
Las más de tres mil personas consultadas fueron divididas en 2.171 ciudadanas y ciudadanos, 605 funcionarios públicos y 432 oferentes de bienes y servicios.
La investigación definió cuatro módulos de trabajo. En primer lugar, la percepción de la corrupción en el sector público; luego la sensibilidad ciudadana ante este problema, la percepción de los empleados públicos y finalmente la percepción entre el grupo de oferentes de bienes y servicios a la administración pública.
Para cada uno de ellos el margen de confianza es del 95%.
La selección de la muestra partió de dos tipos de marcos muestrales en el caso de la consulta a la ciudadanía, uno para los teléfonos residenciales y otro para los teléfonos celulares. Se aplicó otro marco muestral para consultar la opinión de funcionarios públicos, y uno más en el caso de oferentes de la administración pública.
Entre los resultados destacados por la CGR, figura el hecho de que el 30% de los empleados públicos dice conocer de algún acto de corrupción en la institución donde labora.
Por otra parte, muy reveladores son los datos arrojados por las respuestas de los oferentes del Estado, el 55% de los cuales asegura que hay corrupción en las compras públicas y el 86% sostiene que los trámites son “engorrosos”, lo cual puede incidir en que se estime un pago promedio del 15% para lograr un contrato con el Estado.
En la próxima edición de UNIVERSIDAD se abordará este tema con mayor detalle.
