En medio de la crisis de seguridad más violenta del país en los últimos años, un informe de la Contraloría General de la República identificó debilidades y carencias en la planificación estratégica del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
El informe DFOE-GOB-IAD-00001-2024, Auditoría acerca de la formulación y seguimiento de la planificación estratégica del Ministerio de Seguridad Pública, concluyó que esta institución «no cumple con los criterios que forman parte del marco normativo y buenas prácticas aplicables, en cuanto a la formulación y el seguimiento de la planificación estratégica institucional».
La auditoría evaluó un período entre el 1 de enero del 2022, y el 1 de marzo del 2024, en la que se identificó que el Plan de Estrategia Institucional (PEI) del ministerio, formulado durante el 2023 y emitido en enero del 2024, presenta debilidades en la determinación del valor público institucional.
Ello por cuanto el PEI 2024-2030 no contó con un análisis para procurar que sus acciones se alinean con las necesidades de los ciudadanos; faltó participación de sectores internos y externos, -incluyendo la participación de la ciudadanía- en su construcción; no se vinculó con indicadores de Política Nacional de Seguridad Costa Rica Segura Plus, y tampoco hay un sistema de seguimiento.
«Específicamente se determinó que el PEI vigente, 2024-2030, muestra una declaratoria de valor público que fue tomada del PEI anterior (2019-2023) y en ninguno de los casos se deriva de un análisis que asegure que la atención de los problemas y demandas ciudadanas se van a lograr con las acciones por realizar», manifestó Falón Arias, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanzas.
«Además no refleja una vinculación de los objetivos, las metas y los indicadores con la Política Nacional de Seguridad Pública, Costa Rica Segura Plus 2020-2030, que permita precisamente medir el aporte del MSP», expresó Arias.
El informe se dividió en dos áreas, la revisión de la formulación de la estrategia que realizó el MSP, y el seguimiento de esa estrategia.
En la primera parte, no solo se identificó la ausencia de un proceso para lograr que la declaratoria de valor público del MSP fuera producto de un análisis exhaustivo de los elementos requeridos, ya que se tomó la misma declaración del PEI anterior, que tampoco fue justificada con un análisis de este tipo.
Además, la Contraloría destacó la ausencia de acciones en el MSP para involucrar y lograr la participación en este instrumento de planificación de actores internos, partes externas interesadas y la ciudadanía en la formulación, desarrollo y toma de decisiones de este proceso. Esto a pesar de que la legislación establece el deber de las instituciones públicas de desarrollar acciones para incorporar efectivamente a los sectores sociales y productivos en el planteamiento de las líneas estratégicas, y en este caso en particular, por tratarse de la seguridad ciudadana.
En este punto, el informe advierte que el diseño de una estrategia debilitada para la generación del valor público puede llevar a una asignación ineficiente de servicios, ya que los esfuerzos pueden no estar alineados con las necesidades y prioridades por atender.
Además, el PEI no refleja una vinculación con la Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica Segura Plus, que el mismo gobierno emitió el pasado 22 de noviembre del 2022. Aunque el análisis de la Contraloría encontró similitud en los ejes estratégicos de ambos instrumentos, no se estableció una relación concreta entre ellos, una carencia que impediría medir de manera concreta el aporte del MSP en estos campos.
Adicionalmente, aunque la Política Nacional de Seguridad fue comunicada, la administración señaló que el plan de acción para operacionalizarla se encuentra todavía en desarrollo (prácticamente a la mitad de la actual gestión).
La auditoría también indicó que el MSP no cuenta con un plan de adquisiciones de mediano plazo que permita evaluar las necesidades de bienes y servicios requeridos para cumplir con los objetivos.
En la parte del seguimiento de la estrategia, la Contraloría identificó que no se implementó un proceso de seguimiento del PEI anterior, que permitiera determinar que la información con la que se cuenta es suficiente, para la toma de decisiones en relación con el PEI actual.
En relación con este vacío, tampoco existe un proceso de seguimiento para el actual PEI, lo que provoca limitaciones para la toma de decisiones oportuna, así como una auténtica rendición de cuentas.
El informe ordenó al actual Ministro de Seguridad, Mario Zamora, presentar una certificación para el 30 de octubre de este año sobre el diseño e implementación de un proceso para dar seguimiento a la planificación institucional, y un plazo mayor, al 31 de octubre del 2025, para certificar que se revisó y ajustó el PEI 2023-2030 para concretar su vinculación con la Política Nacional de Seguridad Pública.
