La Contraloría General de la República (CGR) determinó que el Poder Ejecutivo habría otorgado erróneamente entre ¢11 mil y ¢15 mil millones del Bono Proteger, según la información recopilada por la entidad hasta el 31 de julio del 2020.
El análisis determinó que en el grupo de personas con despedidos, suspendidos o con reducción de jornada se entregaron 405.193 bonos, de los cuales un 16,36% (66.298 bonos) tenían algún posible impedimento, lo que representa alrededor de ¢7.490 millones.
En cuanto al grupo de trabajadores independientes, informales y temporales, la CGR realizó un estudio con una muestra de 355 personas, donde se encontró un nivel de riesgo medio o alto de presentar información inconsistente en entre el 10,29% y 20,69% de los encuestados (entre 30.068 y 60.449 personas), lo que da un monto de entre ¢3.759 millones y ¢7.556 millones entregados de mala manera.
Fuente: CGR
Estas cifras fueron dadas a conocer por la contralora Marta Acosta durante una comparecencia en la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Publico de la Asamblea Legislativa, este jueves.
“No hay claridad acerca del procedimiento ejecutado por la Administración para llegar a determinar que sólo a 5.962 personas se les realizó pagos con algún impedimento. En los datos presentados por la Administración no se hace referencia a las posibles filtraciones señaladas en el grupo 2. En su conjunto las posibles filtraciones de grupos 1 y 2 , identificadas por la CGR, representan
entre ¢11.249 y ¢15.046 millones y no ¢1.172 como manifiesta la Administración”, detalló.
Junto con estas cifras, el órgano contralor encontró a 34.216 personas que posiblemente se les asignó un monto superior al que le correspondía (un monto total cercano a los ¢4.478millones), a 30 personas que recibieron cuatro pagos en un mismo mes y a 4.252 personas que posiblemente dejaron de recibir el beneficio sin justificación.
“La eficiencia del programa se podría ver limitada por la concentración de dicho beneficio a nivel de hogares, aún cuando el porcentaje de hogares con dos o más miembros beneficiarios del Bono Proteger es bajo y es del orden del 17,3% sobre el total de hogares al 31 de julio del 2020, pues se destaca la presencia de dos hogares con siete beneficiarios y 17 hogares con seis beneficiarios, lo que denota limitación en la eficiencia relacionada con la distribución”, agregó Acosta.
Contralora acusa “falta de respeto” por parte del Ejecutivo
Acosta también se expresó en contra de las críticas que el Poder Ejecutivo lanzó hacia el informe de Contraloría, asegurando que fueron “una falta de respeto” hacia el trabajo de la entidad.
“Este informe aquí presentado, y el grupo de auditores que lo realizaron, han sido objeto por parte de la administración de calificativos y manifestaciones como ‘informe sesgado, informe tendencioso, causa daño reputacional al programa, falta rigurosidad técnica’ (…) Todo esto lo considero una gran falta de respeto para quienes tenemos la claridad de que estamos cumpliendo con nuestro deber constitucional y considero que no es la forma de tratar a nadie”, afirmó.
La contralora agregó que el estudio respondió a la realidad del Bono Proteger y que incluso mucho de los lineamientos de evaluación fueron determinados previamente con ministerios y entidades del Gobierno.
“Los indicadores fueron discutidos con la Administración, no hubo objeciones y el diseño obedece al modelo del Bono Proteger y de gestión de resultados que definió Mideplan y que acogió la Administración para la emergencia, pero además consultamos con la UNA, UCR, Universidad de Chile, para ajustar la auditoría, entonces no se vale decir que no se ajusta a la emergencia”, dijo.
“29 posibles privados de libertad recibieron el Bono Proteger”, dice CGR
En esta línea de enfrentamientos, el diputado oficialista Luis Ramón Carranza, cuestionó el estudio, asegurando que tenía “datos parciales”, por encontrarse con información hasta el 31 de julio.
Además, criticó que se hablara de filtraciones a privados de libertad, ya que la exministra de Trabajo, y actual jerarca de la Presidencia, Geanina Dinarte, aseguró que no se entregó ningún Bono Proteger a personas en esta condición.
“No podemos acusar hasta que no nos vengan con supuestos y nos digan que sí se le entregaron a 60 privados de libertad. Me gustaría que me dijeran si fue así, porque esto le hace daño al país, no es de menudo, esto desprestigia el trabajo de las instituciones y necesitamos que nos digan si sí o no”, reclamó Carranza.
Ante esto, Humberto Pereda, funcionario de la Contraloría, detalló los hallazgos y señaló que el beneficio llegó a 29 personas que se encontraban en un centro penal.
“La CGR señala 61 bonos otorgados, son 29 posibles personas que estaban privadas de libertad, en un régimen institucionalizado. Por ejemplo, una persona entró a prisión el 1 de marzo del 2020, su fecha de solicitud de bono fue el 30 de mayo de 2020, se le pagó el 2 de junio, el 2 de julio, y la salida proyectada era para el 28 de julio de 2022”, dijo.
