La Contraloría General de la República (CGR) señaló que no es posible pagar, utilizando fondos públicos, pólizas de seguro para jerarcas del Ejecutivo como el presidente, los vicepresidentes, ministros o viceministros.
El órgano contralor se refirió sobre el tema luego de que el Ministerio de Hacienda le consultara sobre la legalidad de adquirir una póliza de seguro de responsabilidad civil a favor de miembros del Gobierno, en los puestos antes citados.
“No existe habilitación legal para utilizar fondos públicos con el fin de contratar pólizas de responsabilidad civil que beneficien directamente a funcionarios”, dice el criterio de la CGR.
La entidad enfatizó en que los seguros pagados con fondos públicos “deben proteger los intereses de la administración y no los beneficios personales de los funcionarios”.
De igual forma, indicó que una contratación como la planteada por Hacienda sería “incompatible” con el principio de legalidad financiera y el régimen de responsabilidad administrativa.
“La contratación de seguros con recursos públicos no puede utilizarse como un mecanismo para otorgar beneficios personales a los funcionarios, pues debe responder exclusivamente a necesidades institucionales legítimas, vinculadas con las funciones y atribuciones legales de la entidad respectiva”, dice el criterio del ente contralor.
Según declaraciones anteriores del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ante diputados de la Asamblea Legislativa, el Gobierno planeaba utilizar ₡248 millones anuales provenientes del Presupuesto Nacional, en este tipo de pólizas, que serían contratadas al Instituto Nacional de Seguros (INS).
En otras comparecencias legislativas, el vicepresidente Stephan Brunner había dicho ser él quien propuso al Consejo de Gobierno buscar formas para adquirir pólizas de seguros en caso de demandas contra jerarcas y junto con la expresidenta ejecutiva del INS, Mónica Araya, había negociado los alcances del seguro.
Vicepresidente Brunner lideró proceso de contratación de póliza de jerarcas, asegura Nogui Acosta
Durante la audiencia, la legisladora liberal Kattia Cambronero recordó a Acosta el criterio de la propia oficina jurídica del ministerio que él lidera, donde se concluye que nada en el ordenamiento jurídico permite el pago del seguro con recursos del Presupuesto Nacional.
