Costa Rica no cuenta con una estrategia claramente definida para la formulación de las políticas públicas en el campo de la educación y formación técnica profesional, que permitan gestionar y mitigar los efectos del cambio demográfico, así como los retos que conlleva para esa modalidad educativa, advirtió la Contraloría General de la República (CGR) en un estudio.
Además, falta una prospección de la oferta en esa modalidad educativa a nivel nacional, por lo que de no tomarse acciones en el corto y mediano plazo, sus egresados podrían no contar con las capacidades requeridas y las posibilidades de empleo disminuirán eventualmente por no responder a la demanda laboral.
A tales conclusiones llegó una auditoría de carácter especial que realizó la CGR, con el propósito verificar si las políticas, estrategias y planes de los principales oferentes públicos de educación y formación técnica profesional en Costa Rica incorporan elementos que permitan mitigar los riesgos y efectos del cambio demográfico en la fuerza laboral productiva.
Se conoce como cambio demográfico el proceso de transición de una población que muestra inicialmente altas tasas de natalidad y mortalidad a una que refleja una disminución significativa en ambas, situación que enfrentan países como Costa Rica.
En su informe publicado el pasado 4 de diciembre, la CGR señaló que, pese a la existencia del Sistema Integrado Nacional de Educación Técnica para la Competitividad, en el ámbito de la gobernanza de la educación y formación técnica profesional no existe una estrategia claramente definida que propicie y establezca el marco conceptual para la formulación efectiva de las políticas públicas, que permitan gestionar y mitigar los efectos del cambio demográfico.
Esa situación aplica también para la formulación de los planes institucionales de corto, mediano y largo plazo de los oferentes públicos de educación y formación técnica profesional, para los cuales la incorporación de variables demográficas como la cantidad y ubicación geográfica de estudiantes no ha sido considerada.
Las pocas o escasas acciones llevadas a cabo o incorporadas en los planes para el fortalecimiento de esa modalidad educativa, responden en la mayoría de los casos a gestiones desarticuladas y no a políticas nacionales que procuren homogeneidad en los esfuerzos realizados individualmente, apunta el estudio.
“La ausencia de una estrategia para enfrentar los eventuales efectos de la transición demográfica, la falta de prospección y la carencia de políticas, lineamientos y/o directrices relativas al fortalecimiento de la educación y formación técnica profesional tienen su origen en la ausencia de una visión integrada y coordinada, así como a la falta de operación del Sistema Integrado Nacional de Educación Técnica para la Competitividad, como órgano responsable de la integración de los diferentes niveles de educación técnica”, destaca el órgano contralor en el documento (INFORME N° DFOE-EC-IF-00023-2018).
La CGR giró disposiciones al ministro de Educación Pública (MEP), Edgar Mora, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Educación Técnica del Sistema Integrado Nacional de Educación Técnica para la Competitividad, y a los jerarcas de las instituciones públicas oferentes de educación y formación técnica profesional.
Además, del MEP, las disposiciones abarcan al Instituto Nacional de Aprendizaje, Universidad Técnica Nacional y los Colegios Universitarios de Cartago y Limón, con el propósito de que se promueva la implementación de las funciones del Sistema Integrado Nacional de Educación Técnica para la Competitividad, y se solventen las debilidades encontradas, mediante la realización de análisis prospectivos que consideren la evaluación de los efectos de la transición demográfica sobre los requerimientos institucionales de oferta académica y programas de estudio, entre otros aspectos.
La CGR insiste que los principales retos de la educación y formación técnica profesional en Costa Rica, ante los efectos del cambio demográfico, corresponden a la necesidad de contar con una visión integral que incluya el aprendizaje en el trabajo, la formación permanente y el desarrollo profesional.
Esto, con el propósito de coadyuvar en la dotación de personal que llegue a ocupar dichos empleos, con las capacidades, conocimientos, habilidades y disposiciones requeridas para incrementar la productividad, el crecimiento sostenido y la competitividad del país.
Esos retos son congruentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la cual incorpora metas relacionadas con el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como la promoción de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, sin dejar a nadie atrás.
