“Resulta fundamental que el CTP (Consejo de Transporte Público) implemente acciones de control eficaces”, apunta la Contraloría General de la República (CGR) sobre un informe de auditoría que encontró, entre otras cosas, “limitadas acciones para fortalecer el control interno” o la “falta de definición de roles y responsabilidades para prevenir incompatibilidades y conflictos de interés”.
Recuérdese que el CTP tiene a su cargo la gestión de el transporte público del país en autobús, taxi, carga y demás, excepto las plataformas digitales. Una de sus funciones más notorias es el otorgamiento de concesiones o permisos, así como la evaluación del servicio de transporte en autobús. Tema que ha sido objeto de múltiples publicaciones y denuncias por parte de UNIVERSIDAD e instancias como la Defensoría de los Habitantes.
Muchas empresas autobuseras funcionan sin contratos, con permisos en lugar de concesiones y con unidades viejas
Informe de la Defensoría revela múltiples debilidades en la gestión del transporte público en autobús, mientras desde el MOPT se defienden medidas para “garantizar la continuidad del servicio”.
Defensoría: “Más de un centenar” de rutas de bus operan sin contrato ni refrendo
Tras dos años de iniciado el periodo actual de concesiones, sólo 22 rutas son operadas bajo contrato refrendad y 266 carecen de refrendo.
El Informe DFOE-CIU-IAD-00002-2025 tiene fecha del 29 de abril y según explicó en un video Marcela Aragón, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Ciudades de la CGR, el objetivo de la auditoría es “determinar si se han diseñado e implementado acciones en su Sistema de Control Interno para la prevención de la corrupción”.
Entre otras cosas, ese documento también señala la “carencia de valoración de riesgos relacionados con temas de corrupción, fraude o conflictos de interés”, la “inexistencia de un canal, procedimientos formales y mecanismos de confidencialidad, para realizar la gestión de denuncias y protección de denunciantes, ante posibles casos de corrupción a nivel institucional”.
Además, señala que esa institución no ha definido lineamientos o políticas internas para prevenir “actos de corrupción, tráfico de influencias o conflictos de interés en procesos sustantivos”; lo cual se suma a que no se cuenta con una definición de los sistemas informáticos críticos para su operación, y la información de la página web no está actualizada ni completa.
Otras observaciones de gravedad tiene que ver con la gestión de denuncias, aspecto en el que se apunta que el CTP “no cuenta con un canal específico ni procedimientos formales para la recepción y tratamiento de denuncias sobre presuntas irregularidades, ni para garantizar la confidencialidad del denunciante o la trazabilidad de la información recopilada durante las investigaciones preliminares”.
En esa misma línea, la CGR también consigna en el Informe que las actividades de control relacionadas con “procesos críticos”, como precisamente el otorgamiento de concesiones o permisos, “no están acompañadas de lineamientos internos o políticas específicas que definan medidas para prevenir posibles actos de corrupción, tráfico de influencias o conflictos de interés”.
