La Contraloría General de la República (CGR) calificó con un 4,45 de 10 la prestación del servicio de agua potable de 29 acueductos encargados de 104 comunidades seleccionadas, consideradas vulnerables.
Se trata del informe DFOE-AE-IF-00008-2018, con fecha del pasado 5 de setiembre, que se enfocó en localidades de los cantones de Upala, La Cruz, Nandayure, Quepos, Garabito, Parrita, Golfito, Coto Brus, Talamanca, Pococí, Limón, y Siquirres.
Esa auditoría abarcó el período comprendido entre el 1 enero de 2016 y el 31 de mayo de 2018, incluyó territorios indígenas y se enfocó en el servicio proporcionado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y otros operadores bajo el esquema de delegación, como las Asociaciones administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales (Asadas).
De esos 29 acueductos, solo siete cumplen con todos los análisis físico-químicos y microbiológicos requeridos por la normativa nacional. También se detectó, por ejemplo, en Río Claro de Golfito y Amubri-Cachabri-Suiri de Talamanca, la presencia de coliformes fecales y bacterias con potencial de ocasionar enfermedades. En esa última comunidad, el suministro de agua proviene de un río y no se aplica desinfección.
Uno de los casos más dramáticos es el de Miravalles, en Río Blanco de Limón, donde, por cada cinco días, el servicio de agua potable solo se presta durante seis horas.
La CGR también encontró deficiencias en control de fugas y problemas respecto al almacenamiento, de manera que el 70% de los acueductos en comunidades vulnerables solo cubre en promedio el 47% de los picos de demanda, interrupciones o incidentes como incendios, e impide asegurar los 30 minutos de contacto del agua con el cloro para la desinfección eficaz.
Esas circunstancias obedecen a “la ausencia de un enfoque diferencial e intercultural en el abordaje de comunidades vulnerables por parte del AyA como rector, operador y bajo el esquema delegado, lo cual limita la prestación del servicio de agua en condiciones de igualdad y equidad”, según el informe.
Cecilia Martínez, subgerente de Sistemas Comunales del AyA, afirmó que para la institución el informe de la CGR es “una oportunidad”, porque “generalmente valoramos nuestra gestión en las comunidades a través de la capacidad del ente operador, y este informe de la CGR le da vuelta al asunto y nos pone nuevamente a ver el territorio”.
Enfatizó que el servicio del agua debe ser visto como “una política social de impacto en los territorios”.
Martínez añadió que los casos estudiados por la CGR “se repiten en el país” y que el AyA los aborda “en su conjunto”; sin embargo, “no tenemos la capacidad para llegarle a todos con una solución inmediata, pero sí tenemos un programa de calidad del agua que aborda estos temas y que se implementa y, de hecho, se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo en construcción”.
“Hay muchas comunidades de las que permanentemente estamos recibiendo solicitudes y peticiones, y desarrollamos proyectos, mandamos asesorías. Los ingenieros atienden, pero no tenemos todos los recursos humanos para atender todas las necesidades que existen en el país al respecto”, lamentó.
Además, la funcionaria aseveró que “hay que demostrar internamente en la institución” que la priorización de las inversiones debe ir “en función de un criterio territorial de las comunidades más vulnerables; tenemos que llevarlo a junta directiva para que se refleje en el presupuesto institucional”.
Comunidades indígenas
De acuerdo con Lilliam Marín, gerente del Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR, en el abordaje de las comunidades indígenas es pertinente el mencionado enfoque intercultural, pues poseen códigos culturales diferentes a los de la sociedad dominante; por ejemplo, idioma, medios de vida y patrones de asentamiento.
“Como premisa, todos los pueblos indígenas en el país se encuentran en situación de vulnerabilidad estructural debido a la pobreza y exclusión social, lo cual se acentúa con un deficiente servicio de agua”, señaló.
Detalló que la ausencia de un enfoque intercultural propicia una visión generalizada de los territorios indígenas, sin reconocer que cada uno requiere una gestión distinta del agua y que, bajo estas circunstancias, “las inversiones o acciones del AyA pueden no ser aceptadas y, por tanto, no cumplir su objetivo de asegurar un buen servicio que mejore las condiciones de vida en estos territorios y contribuya a superar su vulnerabilidad”.
Es decir, la implementación de tal enfoque intercultural permitiría abordar los territorios indígenas tomando en cuenta normas culturales para el manejo del agua propias de su sistema de gobernanza territorial. Tales normas tienen que ver con que esas comunidades consideran al agua como un ser viviente y una manifestación de lo sagrado. Incluso, se relacionan con el gusto, pues “las poblaciones habituadas a consumir agua proveniente directamente de fuentes naturales difícilmente aceptan, sin disgusto, consumirla cuando el proceso de desinfección le ha modificado el sabor”.
A propósito de ese ejemplo, según explicó Marín, existen alternativas para resolver ese rechazo, como filtros que eviten el sabor y el olor a cloro.
Carlos Camacho Nassar es antropólogo, tiene formación en geografía y desarrollo internacional, y participó del informe de la CGR como asesor. Explicó que la población considerada vulnerable o en situación de pobreza y exclusión social no es homogénea.
Además, subrayó que esa vulnerabilidad tiene causas estructurales que son distintas para cada grupo así considerado. “La política pública debe liberarse del peso ideológico de la ‘sociedad homogénea costarricense’ y dirigirse hacia una sociedad diversa”, aseveró.
Así, el impacto de las políticas públicas dependerá “de la manera en que las instituciones sepan leer sus especificidades y, a partir de allí, poner en marcha acciones adaptadas a cada población”.
Camacho Nassar afirmó que el enfoque diferenciado se refiere a estrategias específicas para cada grupo de población según su vulnerabilidad específica –por ejemplo, campesinos pobres o marginales urbanos–, mientras que el enfoque intercultural se aplica a culturas distintas a las de la “sociedad envolvente”.
“En Costa Rica se trata de los indígenas y los afrodescendientes en situación de vulnerabilidad. Por eso, un enfoque diferencial difiere de diseñar políticas públicas con una óptica intercultural, aunque el concepto es el mismo: diseñar y poner en marcha políticas públicas para una sociedad plural”.
Ante la pregunta de cuáles son las principales deficiencias del AyA u otras instancias a la hora de llevar el agua a las comunidades indígenas, Camacho Nassar consideró que se trata principalmente de lo que llamó “obstáculos ideológicos”.
En ese sentido, detalló que, en el caso de los pueblos indígenas, se trata de “discriminación pura y simple, de la no aceptación de las formas ancestrales de gobierno y organización social, de la imposición de sistemas de organización ajenos a sus culturas, de la falta de políticas públicas étnica y culturalmente sensibles, de resistencias ideológicas al diálogo intercultural y la consulta”. Por ello, destacó que, “por primera vez en décadas”, desde el 2014 el AyA cuenta con un plan de intervención en territorios indígenas.
Cecilia Martínez apuntó que la Subgerencia a su cargo se enfoca en el tema de las Asadas y que también le ha correspondido el tema indígena, “aunque no está como competencia claramente definida; más bien, impulsamos un programa a nivel institucional con ese fin”.
Reconoció que “tenemos problemas de calidad de agua en territorios indígenas; hay territorios donde no existe aún sistemas de acueductos y, más bien, desarrollamos un programa para eso”. Tras recordar que en la administración Solís se desarrollaron nueve proyectos e información que en la actual se espera que se desarrollen unos siete, insistió en que el desarrollo de proyectos en estos territorios es “de una gran complejidad”.
“Precisamente, como lo dice el informe de la CGR, debe hacerse con un abordaje intercultural y todo eso es un aprendizaje que debemos desarrollar en la institución” afirmó.
Añadió que “implica un acercamiento y un levantamiento de información, negociaciones en el territorio y el proceso de consulta como tal”, de manera que “no es así no más como llegar y echarle cloro al agua”.
