Contraloría dejó en firme inhabilitación para ejercer cargos públicos de Rafael Angel Calderón

Expresidente no podrá ejercer cargos públicos por seis años, tras condena por caso Caja-Fischel.

Fue el pasado 14 de mayo que la Contraloría General de la República (CGR) dejó en firme una resolución, en la que dispuso que el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier tiene prohibido “ejercer cualquier cargo de la Hacienda Pública, por un plazo de seis años”.

Esa decisión data de diciembre del año pasado y se fundamentó en la condena por peculado contra Calderón, en relación con el sonado caso Caja-Fischel. Quedó en firme tras rechazar una apelación presentada en favor del exmandatario.

Calderón fue sentenciado en el 2009 por el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José. Dos años más tarde la Sala III de la Corte Suprema de Justicia mantuvo la sentencia pero recalificó los hechos atribuidos a Calderón como un sólo delito de peculado.

En su resolución (Nº 15898-2017), la CGR recordó que ese delito “consiste en la distracción o sustracción del patrimonio público” y que “la sola acción de sustraer o distraer recursos públicos de la esfera administrativa, consuma el delito en consideración a la infracción de los deberes funcionales de ética, probidad, legalidad, entre otros, independientemente del efectivo perjuicio patrimonial o del reintegro de lo sustraído al patrimonio estatal”.

Apunta que Calderón fue coautor del delito de peculado ya que “era de su pleno conocimiento que con su actuar producía un perjuicio al bien jurídico protegido”.

De particular importancia es el criterio del ente contralor en el sentido de que el delito cometido, aún laborando en lo privado, “permite que efectivamente pueda ser sancionado con un plazo de inhabilitación para desempeñar cualquier puesto de la hacienda pública, plazo que va desde los dos hasta los ocho años”.

Así, la CGR determinó que el expresidente es “responsable administrativamente por los cargos intimados en este procedimiento administrativo” y por ello le impuso “la prohibición de ingreso o reingreso contemplada en el artículo 72 de la Ley no. 7428 para ejercer cualquier cargo de la Hacienda Pública, por un plazo de seis años”.

Escándalo en la Caja

El pasado 14 de mayo la decisión quedó en pie tras rechazar una apelación interpuesta por Hugo Santamaría como “apoderado especial” de Calderón.

Calderón había mantenido un silencio apartado de la vida pública tras la fundación del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) en el 2014, pero volvió a cobrar notoriedad luego de que en enero pasado -en plena campaña electoral- trascendió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió una denuncia que presentó contra el proceso en el que resultó condenado.

Posteriormente, fue incluido en una campaña de la actual administración Alvarado en favor de la aprobación del plan fiscal.

El caso CCSS-Fischel tuvo que ver con un crédito finlandés por $39,5 millones para la compra de equipo médico en la CCSS, tramitado con compadrazgos políticos y pago de comisiones.

La sentencia del 2009 apuntó que Calderón “como líder informal del partido Unidad Social Cristiana, gira directrices a sus fichas en la Caja Costarricense de Seguro Social, para lo que inicialmente cobra un cinco por ciento del valor del Proyecto, pero termina aceptando una comisión del orden del 2% con el fin de que se adjudique la licitación a Instrumentarium Medko Medical”.

Añade que “sus fichas son funcionarios públicos ubicados en puestos estratégicos de la cúpula de la Institución, Eliseo Vargas García, Presidente Ejecutivo de la Institución, Gerardo Bolaños Alpízar Directivo de la Junta Directiva de la CCSS y Juan Carlos Sánchez Arguedas, Gerente de la Gerencia de Modernización y Desarroyo (SIC), siendo afines al mismo partido político, habiendo ocupado dos de ellos (García y Bolaños) la curul de diputado en el período de su Presidencia de la República”.

Calderón gobernó en el periodo 1990-1994.


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