La contralora general de la República, Marta Acosta, repitió su mensaje de los últimos meses a los diputados que tramitan el plan fiscal: el proyecto de ley es insuficiente, pero también la única vía “sensata” para aliviar las finanzas públicas en un periodo cercano y evitar una crisis “como la de los años ochenta”.
Acosta estuvo la mañana de este miércoles en la comisión que tramita el expediente 20.580, una nómina de diputados que aún no la recibía, como lo hizo en la legislatura anterior.
En términos generales, ambas comparecencias fueron muy similares. Incluso, la contralora reconoció en distintas ocasiones que repetía sus discurso. “Reiteradamente hemos dicho que la aprobación del proyecto es prioritaria y entendemos la urgencia que tenemos como país, aún cuando su impacto fiscal podría no ser suficiente para garantizar la sostenibilidad financiera”.
“Entre más posterguemos las decisiones que se requieren, serán más drásticas las medidas y más drásticas las consecuencias. Todos tenemos un aporte que darle al país y no tenemos tiempo para perderlo”, les subrayó.
El tiempo, precisamente, fue la principal variante entre ambas ponencias. Hace tres meses los diputados apenas corrían para intentar llevar a buen puerto la vía rápida por la que se tramita el proyecto, un proceso que finalmente dejaron a medias y que esta nueva nómina legislativa debió retomar, casi empezando de nuevo.
La premura, ahora más que en marzo pasado, fue reiterada por Acosta. “No sé exactamente cuándo debe aprobarse, pero lo que sí puedo decir es que todos los días nos estamos endeudando. A mí me preocupa que pasen meses, no sé específicamente cuándo debería ser, pero esto es urgente”, señaló poco después de afirmar que el plan fiscal carece de soluciones estructurales, pero es un paso en la dirección correcta.
“Hay temas que son coyunturales y hay temas que son estructurales, y para resolver el tema del déficit integralmente hay que entrarle a los segundos. Nosotros con la reforma damos un alivio al estrés fiscal, pero eso no soluciona integralmente el problema. Cuando nosotros venimos y les expresamos nuestra preocupación es porque vemos venir una afectación mayor… las tasas de interés, la inflación…. nadie quiere aquí una crisis como la de los años ochenta”, apuntó.
En esta línea, manifestó su beneplácito por los anuncios hechos por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar —excontralora de la República—, sobre su compromiso de trabajar en una reforma al empleo público en 2019 una institucional en 2020, medidas que considera necesarias, junto con la revisión las exoneraciones y otros trabajos más profundos que considera fundamentales.
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Sobre propuestas como disminuir la evasión y la corrupción como alternativas fiscales, reconoció que son campos en los que se deben mejorar, pero puntualizó en que siempre será imposible llevarlos “a cero” y que serían medidas “graduales” que no tendrían impactos importantes —o seguridad financiera— en un periodo cercano.
“Disminuir la evasión a cero es igual que con la corrupción, no se va a lograr; sin embargo, sí se puede disminuir, se pueden hacer esfuerzos para hacerlo, pero eso es un tema gradual, yo no podría decir que para el año entrante algún país podría llegar a cero evasión, por más que sea un tema”, concluyó.
El balance
La contralora fue enfática en decir que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es “un impuesto necesario e impostergable”. También, destacó la importancia del documento para “modernizar” el sistema tributario, aunque sí aceptó que le habría gustado expandir el concepto de “renta global” más allá del sector financiero, como lo plantea el Ministerio de Hacienda.
Así mismo, subrayó los primeros avances del Gobierno en materia de flexibilidad de los destinos específicos, campo en el que considera que el Ejecutivo debería tener una mayor “discrecionalidad” bajo el entendido de que ya tiene “la madurez suficiente” para entender cuáles inversiones son esenciales. Al respecto, indicó que poner orden en esa materia es importante porque sólo este año se incumplieron normativas en ¢260.000 millones que simplemente no pudieron pagarse.
De cualquier manera, insistió sobre la importancia de que se empiecen a tratar los problemas estructurales por separado, tomando en cuenta “incorporar reformas estructurales atrasaría el proyecto y el país necesita un alivio”.
Con un déficit fiscal que apunta a cerrar por encima del 7% del PIB este año y una deuda pública que crece y ya supera el 50% de la producción, la Contraloría reconoce el texto de ley como la alternativa impostergable para frenar ese crecimiento. La culpa, irresponsabilidad financiera por años que ahora exigen una salida.
Para Acosta, no obstante, las reformas integrales deben irse trabajando sin frenar el expediente que hasta ahora se discute, una intención que destacaron diputados opositores, incluida la presidenta de la comisión de Hacendarios e integrante del grupo dictaminador, Silvia Hernández.
También destacó la posición de Acosta el presidente de la comisión fiscal, Welmer Ramos, quien calificó la “conexidad” del texto que actualmente analiza como “una camisa de fuerza” que ya de por sí complica hacer variaciones sustanciales sobre los temas inicialmente planteados del documento.
Sobre empleo público, estructuralmente hablando, Acosta enfatizó en que es necesario establecer “un régimen de remuneraciones más uniforme”; mientras que en materia de reglas fiscales, recomendó agregar una al reglamento de la Asamblea Legislativa y señaló la inoperancia que ha tenido el país para cumplir las que siguen vigentes.
Así mismo, en cuanto a las medidas propuestas por el Gobierno para contener el gasto público, la ocntralora fue cauta y dijo que son “un deber moral que no soluciona por sí mismo el problema fiscal”. “Son medidas necesarias e importantes, pero no son sustitutas de modernizar los esquemas remunerativos del sector público, como la Contraloría lo ha dicho”, concluyó.
