La contralora general Marta Acosta aseguró que rechazaría el presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) si incluye los recursos de los que dependen 13 mil niños, niñas y adolescentes en riesgo social atendidos por ONGs por incumplir con la regla fiscal.
Así lo declaró ante la Comisión de Hacendarios donde expuso argumentos en contra del decreto anunciando por el presidente Rodrigo Chaves y que pretende flexibilizar la regla fiscal para atender la alerta del PANI y el cierre de embajadas por parte de la Cancillería.
Sin embargo, aunque hay presupuesto que maneja el Poder Ejecutivo, el presupuesto de instituciones descentralizadas como el PANI pueden ser rechazados total o parcialmente por la Contraloría.
“Al día de hoy si este decreto pasara y a mí me presentan el presupuesto del PANI que tanto se ha hablado no se podría aprobar porque estaría incumpliendo con la regla fiscal” dijo Acosta.
Además, al ser consultada en la sesión por la posibilidad de trasladar recursos al Banco Hipotecario de Vivienda (Banhvi) para otorgar más bonos de vivienda advirtió a las personas legisladoras que hoy podría ser esa institución y mañana otra: ‘Nadie quiere que le toquen los recursos’.
Las 200 ONGs a cargo del cuido, alimentación e incluso vivienda de los menores (cuando son separados de sus familias por situaciones de violencia) advirtieron su inminente cierre por el faltante presupuestario desde el año pasado, pero la pasada Asamblea rechazó la moción que les concedía los recursos también aduciendo a que incumplía con la reforma fiscal.
La regla fiscal limita el crecimiento público cuando los niveles de endeudamiento sean superiores al 60% del Producto interno Bruto, como actualmente lo vive el país. Acosta asegura que la aprobación del decreto que la flexibiliza tendría ‘riesgos y efectos muy serios’ en el gasto público.
El decreto cambiaría la forma en que se aplica la regla fiscal de manera que se calcule sobre los montos presupuestados por las instituciones y no sobre los montos ejecutados (que suelen ser menores por la usual subejecución).
“Estamos viviendo el ayayay, el crujir de dientes por la regla y porque lo recursos son escasos, pero entonces aquí entra la definición de las prioridades en la política pública ¿Dónde voy a colocar los recursos públicos que hoy escasean?” sugirió a los y las legisladoras.
La Contralora estima que, con la firma del decreto, para al cierre del año el aparato estatal podría incumplir con la regla fiscal y que se postergaría la sostenibilidad o balance de las finanzas públicas.
