La contralora Marta Acosta se pronunció en favor de procurar más controles para la atención de emergencias en el país, pero advirtió la necesidad de profundizar en su manejo y su transparencia.
Específicamente, Acosta fue recibida en la Comisión de Hacendarios para pronunciarse sobre el proyecto de ley 24.264, la aprobación de un préstamo por $160 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que solo se utilizaría en caso de una emergencia. El proyecto fue defendido este martes 13 por el ministro de Hacienda Nogui Acosta en ese mismo espacio.
La contralora indicó que según el tipo de cambio actual, el préstamo representaría un 48,2% los recursos que dispone el país para atender eventos catastróficos, a la vez que advirtió sobre la importancia de contar con recursos en esta materia. Ejemplificó que la Contraloría realizó un estudio sobre la emergencia que representó la pandemia del COIVD-19 en el país, y estimó que el costo de la atención estuvo entre 4,54% y 5,94% del Producto Interno Bruto (PIB). «Los ₡69 mil millones que tiene el Fondo Nacional de Emergencias actualmente podrían no ser insuficientes para algunos eventos», dijo.
Sin embargo, advirtió que tanto en este proyecto en específico, como en los procesos de atención de emergencias, debe profundizarse en la transparencia, ya que el erario público se encuentra en una situación comprometida, por lo que «se impone la necesidad de aplicar controles que garanticen el uso eficiente y oportuno de los recursos destinados a emergencias», dijo.
Aprovechó su audiencia para señalar que el país «no cuenta con una ruta clara de endeudamiento», lo que a su vez aumenta la exposición a riesgos como el cambiario, e insistió en que se debería definir un marco de endeudamiento integral, para mejorar el enfoque de estos temas.
Con respecto al proyecto en particular, solicitó a los diputados incluir en el articulado el requisito de que los recursos del crédito se canalicen mediante el presupuesto, y no únicamente con la figura de un decreto ejecutivo, y abogó por que se solicite un plan de atención de la emergencia para el desembolso.
Su intervención generó la participación de la presidenta de la comisión, la diputada Paulina Ramírez, quien también externó preocupación por el uso de los fondos para emergencias. «Ese es el tema, como evitar que haya abusos, porque hay controles en las declaraciones de emergencias, pero hemos visto casos en los que se han pasado por alto, entonces ¿cómo podemos asegurar en proyectos como éstos que se cumpla con el uso eficiente de recursos?», indicó.
La contralora reiteró que en esta materia se debe exigir que haya un plan para la emergencia, que permita controlar que los recursos se destinan para obras vinculadas con el evento. También recordó que la propia Comisión Nacional de Emergencias (CNE) tiene sus propios controles, particularmente en la situación fiscal que enfrenta el país.
