La última auditoría de la Contraloría General de la República coincide y profundiza en los problemas de subjecución y falta de estrategia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Este jueves, los datos fueron expuestos por la contralora Marta Acosta frente a la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
Según la Contraloría, el presupuesto del PANI aumentó desde el 2016, año en el que la institución recibió por primera vez el dinero correspondiente al 7% de la recaudación del impuesto sobre la renta.
En tres años, el presupuesto de la institución aumentó en 119%. En el 2015, el PANI recibió ¢22.365 millones y, para el 2018, el Poder Ejecutivo le giró ¢49.012 millones.
“Han pasado varios años desde que empieza a recibir esta cantidad de fondos y no ha operado bien. Yo diría que es inoperante porque no ha tenido ejecución estratégica, no hay indicadores y no le ha dado seguimiento”, explicó la Contralora sobre los hallazgos de la auditoría.
Lea también: Diputados acusan a Presidenta del PANI de “falta de sensibilidad” y desorden
Hay dinero pero sin ejecución
Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto cuestionaron que los hallazgos de la Contraloría responden a un “problema país”.
“Tenemos un problema país de que los costarricenses estamos metiendo ¢10, 5 billones en el presupuesto nacional y con el que las instituciones no planifican”, aseguró el diputado liberacionista Luis Fernando Chacón.
Según la auditoría especial de la Contraloría, el PANI tiene problemas en los plazos de atención de denuncias.
En tres años, las oficinas locales aumentaron de 41 (2015) a 52 (2018). Sin embargo, el aumento no las hizo más eficientes. Las metas operativas de denuncias fueron incumplidas por 17 oficinas en el 2015 y, en comparación, fueron incumplidas por 32 de ellas durante el 2018.
“Estas debilidades pudieron incidir en que niños, niñas y adolescentes bajo condiciones de abandono y de maltrato familiar no hayan contado con la atención integral que requieren, dada la incapacidad de atender oportunamente las denuncias que se reciben en algunas oficinas locales, la falta de creación de cupos en alternativas de protección y la poca claridad con la que se ejecutaron los proyectos de promoción y prevención que no permite conocer sus efectos reales”, dice el informe de la auditoría.
La auditoría describe desequilibrios entre la cantidad de proyectos que ejecutan las Direcciones regionales (“algunas ejecutaron en total 78 proyectos, mientras que otras elaboraron menos de 10”).
También se cuestionaron los recursos que el PANI gira a organizaciones no gubernamentales (ONGs) porque aumentaron en un 59% durante el 2015 y el 2018; no obstante, los cupos de atención a personas menores edad solamente aumentaron en un 26%.
Cómo resolver la subejecución
Para la Contralora, los recursos “existen” pero las acciones que tomaron para usarlos “no obedecían a marco estratégico apropiado”. El PANI pudo usar mejor sus recursos “si se hubiera tenido una visión más clara y metas más claramente definidas”.
La diputada liberacionista Yorleni León cuestionó si se necesita imponer sanciones a funcionarios del PANI.
“¿Hay que mandar a todo el mundo a la cárcel para que se hagan las cosas bien?”, preguntó León.
La Contralora Marta Acosta opinó que las sanciones no arreglan los problemas culturales y estructurales de los fondos públicos.
“Se nos olvida el sentido de propósito. Puede sonar idealista pero es de la cultura del funcionario público. Es un tema de la sociedad en su conjunto. Este tema del PANi, cuando yo leí este informe pensé: ¿qué es esta inoperancia?”, aseguró la Contralora.
“Lo que duele es que se trata de menores de edad que están en situación de vulnerabilidad. Uno esperaría mayor sensibilidad, mayor conciencia y mayor visión”, dijo Acosta.
El informe de la Contraloría General solicita que la Presidencia Ejecutiva del PANI revise y ajuste el Plan Estratégico 2018-2022 para mejorar la atención de denuncias; los recursos transferidos a ONGs y que mejore los programas promoción y prevención, de forma que se disminuyan las situaciones que violentan los derechos de las personas menores de edad.
